La Airef eleva el coste de las medidas anticrisis de este año a 14.014 millones, lo que empeora en 9 décimas el déficit

El Estado cerrará con un déficit del 3,5% de PIB, las comunidades autónomas con el 0,3%, la Seguridad Social con números rojos del 0,6% del PIB, mientras que las Corporaciones Locales un superávit del 0,2%

Carlos Cortinas Cano

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) ha presentado este miércoles su informe sobre los presupuestos iniciales de las administraciones públicas y lo cierto es que volvió a generar polémica, tras la despertada hace unos días por las cifras de desempleo, así como por la sostenibilidad que genera la recientemente aprobada reforma de las pensiones.

En esta ocasión, la entidad dirigida por Cristina Herrero, sorprendió al empeorar las previsiones de déficit público, al tiempo que puso números a las medidas puestas en marcha por el Gobierno para combatir la crisis energética.

La Airef calcula que la rebaja del IVA de los alimentos básicos de la cesta de la compra aprobada por el Gobierno y que comenzó a aplicarse el pasado 1 de enero tendrá un coste recaudatorio de 782 millones de euros. De esta cifra, 643 corresponden a la reducción del 4% al 0 de los alimentos de primera necesidad, mientras que los 139 millones restantes responden a la bajada del 10% al 5% en los aceites y pastas alimenticias, “según una microsimulación realizada con la inflación individual de cada bien a noviembre de 2022″.

Si a este coste recaudatorio se suman el resto de medidas emprendidas por el Ejecutivo (ver gráfico adjunto), el conjunto de las medidas anticrisis del Ejecutivo tendrá un impacto sobre las cuentas públicas de 14.014 millones de euros en 2023, lo que equivale al 1% del PIB nacional.

Esta es la principal razón por la que la Airef empeoró su previsión de déficit público para este año hasta el 4,2% del PIB, lo que supone nueve décimas más que en sus anteriores estimaciones y tres décimas más que la propia estimación del Ejecutivo (3,9%). Este empeoramiento se reparte entre la administración central (5 décimas), las comunidades autónomas (2 décimas) y corporaciones locales (3 décimas), mientras que se mejora 1 décima el déficit de los fondos de la Seguridad Social.

De esta forma, la administración central del Estado cerrará este ejercicio con un déficit del 3,5% de PIB, las comunidades autónomas con un déficit del 0,3% del PIB, los fondos de la Seguridad Social con un saldo negativo del 0,6% del PIB, mientras que, por el contrario, las corporaciones locales serán la única administración que registres un superávit del 0,2% del PIB, frente a la anterior estimación del 0,5%.

Castilla-La Mancha, Murcia, Comunidad Valenciana y Cataluña, serán las únicas comunidades que finalizarán 2023 con un déficit superior al 0,3% fijado para el conjunto de las autonomías.

El grueso del impacto de las medidas anticrisis sobre la recaudación se refleja en los impuestos relacionados con la energía. Hacienda dejará de ingresar 2.342 millones de euros por extender la rebaja del IVA de la electricidad hasta el 31 de diciembre, a los que habría que sumar otros 2.153 millones por hacer lo mismo con la reducción al 0,5% del impuesto especial sobre la electricidad y unos 806 millones por prorrogar también la bajada del IVA del gas natural, briquetas y pellets.

El coste de las medidas aprobadas por el Ejecutivo para otros ámbitos tendrán un coste de 7.931 millones en 2023, según el trabajo presentado por la Airef. Las ayudas sectoriales tendrán un impacto de 2.688 millones, la bonificación al carburante ascenderá a 1.347 millones y las ayudas directas a las familias vulnerables, donde hay que contemplar el cheque de 200 euros, supondrán 1.200 millones. A todo ello hay que añadir 2.396 millones del resto de ayudas a particulares, así como unos 300 millones de las ayudas a refugiados.

Cuadro macro

El informe presentado este miércoles por la AIReF, revisa asimismo el escenario macroeconómico y mantiene el crecimiento previsto para este año en el 1,6 % (frente al 5,5 % alcanzado en 2022), en un contexto de mejores expectativas de crecimiento global y de moderación de precio de las materias primas. No obstante, la directora de Análisis Económico de la Airef, Esther Gordo, ha señalado que este mejor contexto se verá contrarrestado por el encarecimiento de los costes de financiación que se trasladarán a la economía en mayor medida en el segundo semestre del año.

La Airef calcula que el crecimiento del primer trimestre estará entre el 0,5% y el 0,7%, por el dinamismo del mercado de trabajo, aunque para el conjunto del año ha elevado una décima la tasa de paro prevista (12,7%) por el aumento estimado de la población activa.

La inflación media se desacelerará al 4% en 2023, por el efecto base de comparar con los elevados precios de 2022 y por la moderación de los precios de la energía, mientras que la inflación subyacente será más elevada, hasta alcanzar el 5,4%.

La deuda pública bajará 2,6 puntos porcentuales de PIB, lo que situaría la ratio a final de año en el 110,6 % de PIB, un recorte que se sustentará fundamentalmente en el crecimiento nominal del PIB. Cerró el ejercicio 2022 en 1,502 billones de euros, lo que supone un incremento de 75.305 millones respecto al año anterior, aunque redujo su peso sobre el PIB hasta el 113,2%, situándose por debajo del objetivo del Gobierno, de acuerdo con los datos publicados por el Banco de España.

Polémica sobre las pensiones

Si hace unos días la propia Airef advertía que la reforma de las pensiones era insuficiente para asegurar la sostenibilidad del sistema y amenaza con disparar el gasto público. La Airef, en esencia, lo que aseguraba es que los gastos adicionales en los que incurrirá el sistema prácticamente duplicarán el incremento de ingresos previsto, lo que elevará el déficit público en 1,1 puntos del PIB en 2050 y en otro punto allá por 2070, disparando la deuda hasta el 186% del PIB.

Este miércoles, el propio ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, y ex presidente a su vez de la propia Airef, lanzó un mensaje claro al afirmar que ve “poco margen de ajuste” en la mejora de la sostenibilidad del sistema de pensiones, puesto que se pactó con la Comisión Europea. No obstante, se ha mostrado abierto a “valorar” elementos que tengan que ver con “la equidad del sistema” y con “ajustes paramétricos” durante su tramitación como proyecto de ley. En una entrevista en el Canal 24 Horas, ha vuelto a defender la segunda pata de la reforma, convalidada la semana pasada en el Congreso y que ahora se tramitará como proyecto de ley.

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