La Ley de Familias abre la puerta a que los trabajadores puedan solicitar hasta 12 años de teletrabajo tras ser padres
El Gobierno impulsa la medida para hacer efectivo el derecho a la conciliación; se podrá pedir siempre que las necesidades organizativas o productivas de la empresa lo permita
El anteproyecto de la Ley de Familias aprobado el pasado martes por el Consejo de Ministros pone sobre mesa la posibilidad de solicitar hasta 12 años de teletrabajo tras tener un hijo o una hija. Mediante una modificación de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, el anteproyecto, que todavía está en fase de trámite parlamentario y puede sufrir modificaciones, incluye este nuevo derecho en nombre de una mayor conciliación laboral.
“Las personas trabajadoras tienen derecho a solicitar las adaptaciones de la duración y distribución de la jornada de trabajo, en la ordenación del tiempo de trabajo y en la forma de prestación, incluida la prestación de su trabajo a distancia, para hacer efectivo su derecho a la conciliación de la vida familiar y laboral. Dichas adaptaciones deberán ser razonables y proporcionadas en relación con las necesidades de la persona trabajadora y con las necesidades organizativas o productivas de la empresa. En el caso de que tengan hijos o hijas, las personas trabajadoras tienen derecho a efectuar dicha solicitud hasta que los hijos o hijas cumplan doce años”, dice literalmente el anteproyecto de Ley.
Con la confección actual de la ley, la solicitud de teletrabajo o de adaptación de jornada no se limitaría al momento del nacimiento. Es decir, si unos padres tienen una hija o hijo de siete años de edad, en el momento en el que la ley se aprobara definitivamente, podrían pedirlo igualmente para tener en ese caso cinco años de teletrabajo o del resto de adaptaciones.
Además de en este supuesto de tener hijos menores de doce años, estos derechos los tendrán también aquellas personas que tengan necesidades de cuidado respecto de los hijos e hijas mayores de doce años, el cónyuge o pareja de hecho, familiares por consanguinidad hasta el segundo grado de la persona trabajadora, así como de otras personas dependientes cuando, en este último caso, convivan en el mismo domicilio, debiendo justificar las circunstancias en las que fundamenta su petición.
Con el fin de evitar que las peticiones de adaptación de jornada caigan en saco roto siendo ignoradas por parte de las empresas, la futura ley establece que las compañías tendrán como máximo quince días para estudiar una solicitud de este tipo, “presumiéndose su concesión si no concurre oposición motivada expresa en este plazo”.
Finalizado el proceso de negociación, las empresas, por escrito, deberán comunicar la aceptación de la petición. “En caso contrario, planteará una propuesta alternativa que posibilite las necesidades de conciliación de la persona trabajadora o bien manifestará la negativa a su ejercicio. Cuando se plantee una propuesta alternativa o se deniegue la petición, se motivarán las razones objetivas en las que se sustenta la decisión”.
Asimismo, el anteproyecto fija que la persona trabajadora tendrá derecho a regresar a la situación anterior a la adaptación una vez concluido el período acordado o previsto o cuando decaigan las causas que motivaron la solicitud. “En el resto de los supuestos, de concurrir un cambio de circunstancias que así lo justifique, la empresa sólo podrá denegar el regreso solicitado cuando existan razones objetivas motivadas para ello”, expresa el documento.
La conocida como Ley de Familias ha conseguido el visto bueno del Consejo de Ministros en una segunda vuelta. La redacción que tenía la primera vez que se presentó está disponible en la página web del ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. No obstante, desde el propio Ministerio, señalan que ha habido cambios respecto a esa primera versión, pero este derecho al teletrabajo para facilitar la conciliación sigue incluido en el texto en su última actualización. Fuentes del Ministerio apuntan a que en los próximos días se publicará la versión actualizada, tal y como fue aprobada en el Consejo de Ministros.
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