La CEOE se une a cinco asociaciones en el Observatorio de los Costes de Operación de Red Eléctrica
Comercializadoras eléctricas y grandes consumidores piden transparencia sobre la gestión reforzada tras el apagón y que se regule su sobrecoste
La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) se ha incorporado al llamado Observatorio del Coste de los Servicios de Operación del sistema eléctrico, una iniciativa en la que participan otras cinco asociaciones cuyo objetivo es evaluar los sobrecostes del sistema, que opera Red Eléctrica, y su impacto sobre la industria. Estos costes se han disparado desde el apagón eléctrico del 28 de abril de 2025, fecha a partir de la cual esta compañía (que comparte las funciones de operador del sistema y transportista en alta tensión) comenzó a aplicar la llamada operación reforzada que consiste esencialmente en la programación masiva de centrales de ciclo combinado de gas natural (más caras) para dar seguridad y evitar un nuevo apagón.
En este observatorio participan la asociación de las grandes empresas eléctricas (Aelec); comercializadoras independientes de electricidad agrupadas en Acenel y ACIE; la asociación de consumidores electrointensivos (AEGE), y la Alianza por la Competitividad de la Industria Española (Consumes). La última en incorporarse ha sido la patronal CEOE, lo que fuentes internas consideran “un importante respaldo”. El observatorio reúne a toda la cadena de valor afectada por el encarecimiento de la electricidad tras el blackout: energéticas, industrias y consumidores.
Su objetivo, según las mismas fuentes, “es reclamar una factura eléctrica más competitiva, evaluar los sobrecostes del sistema y su impacto industrial”. Más concretamente, en el caso de las comercializadoras, la cuestión es cómo trasladar unos costes (que antes del apagón no eran muy relevantes), a sus clientes, y, en el caso de los grandes consumidores eléctricos, cómo evitar ser perjudicados respecto a los pequeños.
El problema básico para las afectadas es que la llamada operación reforzada (que forma parte de los costes de operación de REE o servicios de ajuste) “es opaca, pues se desconocen los criterios que utiliza Red Eléctrica”, critican fuentes de las mismas. De hecho, frente a los últimos cálculos de distintas consultoras que apuntan a costes muy superiores a los 2.000 millones de euros, para REE la operación reforzada apenas ha supuesto unos 700 millones.
Aunque las asociaciones que integran el Observatorio tratan de poner de manifiesto el sobrecoste por la gestión de extrema prudencia que aplica de Red Eléctrica, cuyos cálculos no coinciden con los de la industria, no han hecho una propuesta concreta: “Hemos definido el problema, pero hay varias opciones para solucionarlo: que los nuevos costes tengan la consideración de regulados o que se cobre una cantidad y se vaya ajustando periódicamente para evitar la volatilidad”, indican fuentes de la iniciativa.
Sin embargo, individualmente, sí se han pronunciado. Las comercializadoras del mercado libre han venido reivindicando desde hace tiempo al Ministerio para la Transición Ecológica que se regule el precio de los servicios de ajuste y se lleve a la parte fija de la tarifa, que incluye los cargos y los peajes (aunque no pueden ser en estos últimos, pues legalmente solo pueden destinarse a financiar las redes eléctricas). Según fuentes empresariales, las comercializadoras han pedido que se les cobre una cantidad cerrada ex ante para poder trasladarla a los clientes en sus contratos, que se ajustaría cada año (al alza o la baja). De esta manera, evitarían que las fluctuaciones “se coman sus márgenes”, indican las mismas fuentes. De lo contrario, estas empresas se verán obligadas a incluir una prima de riesgo en dichos contratos, que los encarecerá. En este caso, las pequeñas tendrían más complicado competir con las grandes en precio. Por el momento, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha rechazado la opción planteada por las comercializadoras de pagar una cantidad fija de antemano.
Por su parte, los consumidores electrointensivos piden un cambio en la estructura de la factura. En el caso de los peajes o los cargos, la gran industria paga proporcionalmente menos que los consumidores domésticos, pero los servicios de ajuste se pagan en MWh, por lo que el impacto en las empresas es muy superior ya que su consumo es sustancialmente mayor que el de los pequeños usuarios. Por esta razón han pedido que no se pague por MWh.
2.680 millones de euros
En términos general, y sea como fuere, las asociaciones defienden la necesidad de buscar soluciones regulatorias que permitan financiar estos servicios mediante costes regulados del sistema, bajo la supervisión de los organismos competentes. El objetivo es garantizar la seguridad de suministro y la adecuada operación de la red sin trasladar íntegramente estos costes a la factura de los consumidores y de la industria electrointensiva.
Desde su creación hace varios meses, el Observatorio del Coste de los Servicios de Operación publica cada 15 días el coste de dicho periodo y el acumulado, aunque no especifica cual corresponde a la operación reforzada, pues REE no los discrimina ni tampoco ha explicado cómo lo calcula. Según el sexto informe de este observatorio, correspondiente al periodo entre el 16 y el 30 de junio, los consumidores eléctricos han soportado un sobrecoste adicional de 15,60 euros/MWh derivado de los servicios de operación. Desde comienzos de año, este coste alcanza una media de 22,59 euros/MWh. En el acumulado del año, la factura asociada a los servicios de operación alcanza ya los 2.680 millones de euros, un 34% más que en el mismo periodo de 2025.
De acuerdo con este análisis, uno de cada seis euros que pagan actualmente los consumidores por la electricidad no corresponde al coste de la energía en el mercado mayorista, sino a servicios para garantizar la operación del sistema. Las asociaciones alertan de que todo ello “distorsiona la señal de precios, encarece la electricidad y resta competitividad a la economía española en un momento clave para la electrificación y la descarbonización”.
Ante esta situación, las organizaciones impulsoras consideran necesario reforzar la transparencia y la supervisión de estos costes. En particular, solicitan que la CNMC intensifique la fiscalización de los mecanismos de operación reforzada y publique información más detallada, periódica y accesible sobre su evolución e impacto económico.