Los jubilados podrán elegir entre 25 o 27 años de cotización para su pensión
La reforma prevé un aumento de las bases máximas, una cuota de solidaridad para los sueldos más altos y duplicar el mecanismo de equidad intergeneracional
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha cerrado un acuerdo con la Comisión Europea y con sus socios de Gobierno, Unidas Podemos, sobre la segunda fase de la reforma de pensiones. Según el acuerdo, que ha sido presentado este viernes a la patronal y a los sindicatos, se ofrecerá a los jubilados dos períodos alternativos para el cómputo de su pensión: se mantendrá el actual sistema de un cálculo basado en los últimos 25 años de la cotización, al tiempo que se ofrecerá como opción que este plazo se amplíe hasta los 29 años, eliminando los dos peores ejercicios de la carrera laboral. En la práctica, esta segunda posibilidad supone que sean 27 años el periodo de cómputo de la pensión. Además, según recoge Efe, la reforma incluye el aumento de las bases máximas, una cuota de solidaridad en las cotizaciones de los sueldos más altos, duplicar el mecanismo de equidad intergeneracional (MEI) y una mejora de las pensiones mínimas, entre otras medidas.
La fórmula dual pactada con Bruselas para fijar el periodo de cálculo de la pensión ha permitido al ministro, José Luis Escrivá, lograr el respaldo de sus socios de Gobierno, Unidas Podemos, para que la reforma pueda salir adelante en el Congreso de los Diputados. Este viernes, el ministerio ha ofrecido a patronal y sindicatos detalles del acuerdo en la reunión de la mesa de diálogo social convocada a las 12.30 y en la que se esperaba avanzar en un pacto, al menos con los sindicatos.
La nueva opción de ampliar y descartar el periodo de cómputo de cálculo de la pensión se desplegará progresivamente durante 12 años, a partir de 2026. La propuesta supone un cambio respecto a la que el Ministerio presentó en el arranque de la negociación con los agentes sociales hace unos meses y que proponía la ampliación del periodo de cálculo de la base reguladora de la pensión, desde los 25 años de la actualidad a los 30, aunque con la posibilidad de eliminar los dos años peores, con lo que se proponía quedaran en 28. Este planteamiento provocó el rechazo frontal de sindicatos y de Unidas Podemos, un respaldo necesario para que la norma salga adelante en el Congreso de los Diputados.
Escrivá ha ido modulando la propuesta inicial hasta llegar a la fórmula intermedia acordada con la Comisión Europea y que ha logrado también consenso político dentro del Gobierno. El nuevo planteamiento, que permitirá elegir entre el sistema actual (últimos 25 años de cotización) o utilizar un periodo de cómputo de 29 años (quitando los dos peores años cotizados) permitirá a los nuevos jubilados mantener en 25 años el periodo de cálculo si le resulta más beneficioso que tomar un total de 27 años (29 años menos los dos peores).
Con esta segunda opción, aquellos jubilados con carreras laborales menos estables o aquellos despedidos al final de su vida laboral, no verán mermada su pensión por haber recibido menores ingresos en sus últimos años en activo.
Del lado de los ingresos, la reforma contempla varias medidas, entre ellas una subida de las cotizaciones de las bases máximas, que se hará entre 2024 y 2050. De esta forma, se sumará a la cuantía anual del IPC una cuantía fija de 1,2 puntos porcentuales.
Las pensiones máximas también se revalorizarán año a año con la cuantía anual del IPC más un incremento adicional de 0,0115 porcentuales acumulativos cada año hasta 2050. A partir de 2050 y hasta 2065 habrá incrementos adicionales.
Junto al aumento progresivo de las cotizaciones máximas, se impondrá una cuota de solidaridad para la parte del salario que ahora no cotiza porque supera el tope máximo de cotización. Esa cuota será del 1% en 2025 e irá aumentando a un ritmo de 0,25 puntos por año hasta llegar al 6% en 2045.
También para mejorar los ingresos se incluye una subida progresiva en el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) que ha entrado en vigor este año y que supone un alza de 0,6 puntos de las cotizaciones, de los que 0,5 puntos son pagados por la empresa y 0,1 por el trabajador, según la propuesta que recoge Efe.
Así, se recoge que pase de esos 0,6 puntos porcentuales actuales a 1,2 puntos porcentuales en 2029, al ritmo de una décima por año, con el objetivo de “reforzar el sistema durante los años en los que puede haber una mayor tensión por la jubilación de la generación del ‘baby boom’”.
Por otro lado, la reforma establece una senda de subida de las pensiones mínimas contributivas para asegurar que converjan con el 60 % de la renta mediana.
Acuerdo político
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguró este viernes que la reforma “garantizará el poder adquisitivo de los pensionistas, va a reforzar la equidad del sistema y la sostenibilidad del mismo para las próximas décadas”, según declaraciones realizadas en una intervención en la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) tras visitar el Barcelona Supercomputing Center.
El acuerdo político entre los socios de Gobierno, alcanzado el jueves por la noche, era fundamental para poder sacar adelante la reforma de las pensiones en el Congreso de los Diputados. Unidas Podemos confió este viernes en que otros socios parlamentarios apoyen la propuesta, si bien su tramitación como proyecto de ley dependerá de cómo se aborde la negociación con los socios de investidura. El portavoz del grupo parlamentario de Unidas Podemos, Pablo Echenique, dijo este viernes en la Cámara que los socios “han sido informados a lo largo de toda la negociación y creo que no lo ven con malos ojos”, y ven claros los apoyos de ERC y EH Bildu, aunque fuentes de la formación morada no descartan que el PNV pudiera desmarcarse.
El PNV señaló el viernes que recibió la víspera las líneas generales de la reforma de parte del Ministerio de Seguridad Social y señalaron que se mantuvo “una conversación informativa en la que no hubo negociación alguna”. El grupo vasco supedita su apoyo al análisis de la letra pequeña del decreto ley.
PSOE y Podemos consiguieron cerrar a última hora del jueves un acuerdo para esta segunda fase de la reforma de pensiones, que seguirá a las tres anteriores ya materializadas y comprometidas en el Plan de Recuperación: la reforma que revaloriza las pensiones con el IPC, la que modifica el Régimen de Trabajadores Autónomos (RETA) para que coticen por sus ingresos reales y la que impulsa los planes de pensiones de empleo.
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, dijo este viernes en Twitter que con el acuerdo en el seno del Gobierno de coalición se logra “proteger las pensiones y reforzar el carácter redistributivo del sistema”. Por su parte, la ministra de Derechos Sociales y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, defendió este viernes la reforma: “Ampliamos derechos a los y las pensionistas garantizando la sostenibilidad del sistema gracias al aumento de ingresos”, ha resaltado Belarra en las redes sociales.
La propuesta ha recibido críticas por parte del principal partido de la oposición. El vicesecretario de Acción Institucional del PP, Esteban González Pons, ha expresado este viernes el temor de su partido a que la reforma propuesta pueda poner en riesgo las pensiones de los próximos años. En una entrevista en RNE, González Pons ha advertido de que solo conoce la propuesta por los medios pero ha señalado el “miedo” a que el plan de Escrivá “sirva para asegurar las pensiones de hoy a costa de los que ahora tenemos entre 40 y 60 años”.
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