Los supervisores europeos dejan sin licencia a más de mil empresas cripto
El informe de la consultora TRM calcula que en la UE operaban 1.343 firmas antes de la normativa, pero solo 323 han obtenido la autorización. El 12% de las entidades no autorizadas son consideradas de elevado riesgo
El fin del periodo transitorio de la primera normativa cripto en Europa (MiCA), el pasado 1 de julio, dejó una fotografía que marcará el futuro del sector: apenas una minoría de las empresas que operaban en la región ha logrado cumplir los requisitos exigidos por los supervisores para seguir prestando servicios con activos digitales en el Viejo Continente. Solo una de cada cinco compañías obtuvo la licencia a tiempo para operar, esto es, unas 281 empresas de 1.343, según un informe de TRM, una de las principales firmas de análisis de datos en la blockchain. Aunque el proceso de autorización sigue abierto y algunas la han conseguido después del plazo (el supervisor europeo, la ESMA, contabiliza a día de hoy 323 autorizaciones), muchas no la han logrado. Cerca de un millar de empresas se ha quedado sin licencia y debe cesar sus operaciones y facilitar el traslado de fondos de sus clientes. Según TRM, una parte de estas entidades presenta además perfiles de riesgo elevados.
Con la adopción de la ley, la industria esperaba una concentración y una limpieza del mercado. Y eso es precisamente lo que ha ocurrido. Aunque no existe un listado oficial a nivel europeo de cuántas empresas prestaban servicios cripto antes de que entrara en vigor la normativa en la región, sí hay estimaciones basadas en los registros nacionales. El informe de TRM identifica 1.343 empresas activas en el Viejo Continente antes de la normativa, en línea con las estimaciones de Kraken, que sitúa el número por encima de las 1.200. Coincub, por su parte, eleva esta cifra incluso a 2.700 proveedores, aunque posiblemente no todos estaban operativos.
El proceso regulatorio no está cerrado y las compañías pueden obtener la licencia en cualquier momento si cumplen con los requisitos exigidos. De hecho, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) informó a finales de julio que había aprobado 20 entidades, pero que tenía todavía 16 solicitudes sobre la mesa. Aun así, el caso español evidencia la dureza del filtro regulatorio: de las 77 solicitudes recibidas por el supervisor, solo 39 llegaron a tramitarse, mientras que el resto fueron inadmitidas o retiradas por las propias empresas.
Los casos de Lituania y Polonia ilustran mayor claridad el impacto de la nueva regulación. Lituania ha autorizado únicamente ocho compañías de las más de 400 inscritas en el registro previo. En Polonia, donde figuraban más de 1.800 empresas registradas (aunque solo 241 desarrollaban una actividad efectiva, según TRM), ninguna ha sido autorizada. “Allí donde los registros habían crecido más bajo regímenes nacionales más laxos, MiCA se convirtió en una oportunidad para depurarlos”, reconocen desde TRM.
Las compañías que no han recibido la licencia, ya sea porque les ha sido denegada o porque su solicitud sigue pendiente de resolución, están obligadas a suspender su actividad en el mercado europeo hasta contar con la autorización correspondiente. Para ello, han tenido que informar a sus clientes, cesar sus operaciones en la región y facilitar el traslado de los fondos de los usuarios a entidades autorizadas.
Entre estas, hay firmas de todo tipo. El informe refleja que la gran mayoría (un 42%) son exchanges cripto, pero también figuran proveedores de servicios de pago, entidades de servicios financieros y de inversión o custodios. Entre quienes no la han logrado destacan pesos pesados de la industria de activos digitales, como Binance, el exchange más grande del mercado, que empezó su trámite en Grecia, pero en vísperas del 1 de julio retiró su solicitud para presentarla ante otro regulador. Tampoco la ha conseguido Upbit, la tercera mayor plataforma según Coinmarketcap, ni Bitget, la sexta más grande. En el otro extremo se encuentran pequeñas empresas que no han sobrevivido al endurecimiento regulatorio y han cesado su actividad, así como entidades que no han logrado cumplir requisitos clave en materia de capital, gobernanza, segregación de fondos o prevención del blanqueo de capitales.
Exposición al riesgo
Obtener la licencia no es garantía de que una empresa esté libre de riesgos. El informe de TRM muestra que la exposición varía también entre las entidades autorizadas: cuatro de 90 firmas analizadas presentan una calificación de riesgo media o elevada. Aun así, la entrada en vigor del reglamento ha reducido de forma significativa la presencia de operadores con perfiles más sensibles. Los principales focos de riesgo siguen concentrándose entre las compañías que quedaron fuera del régimen de autorización, muchas de ellas por incumplir requisitos regulatorios básicos.
Según TRM, alrededor del 12% de las empresas que no obtuvieron la licencia mantiene exposición directa o indirecta a entidades sancionadas, mercados de la darknet (utilizados habitualmente para actividades ilegales), mezcladores de criptomonedas (empleados por organizaciones criminales que quieren ocultar el origen de sus activos y blanquear dinero) u otras tipologías de financiación ilícita. En el caso de las firmas autorizadas, esa proporción se reduce al 2%.
Europa es uno de los mayores mercados mundiales de criptoactivos. Solo en 2025, unos 459.000 millones de dólares en criptomonedas circularon hacia usuarios de la UE. De ese importe, cerca de 152 millones estaban relacionados con actividades ilícitas, canalizados a través de proveedores de servicios cripto, custodios, brókeres y empresas de pagos, según TRM.
Aunque la exposición general a actividades ilícitas es reducida y relativamente similar entre entidades autorizadas y no autorizadas, el informe detecta diferencias significativas en ámbitos concretos. La más relevante está relacionada con las sanciones internacionales: las empresas que no obtuvieron licencia enviaron directamente unos 5.000 millones de dólares a contrapartes sancionadas, una cifra que casi triplica los 1.700 millones registrados entre las firmas autorizadas.
“El riesgo está más concentrado entre las empresas que quedaron fuera del régimen de autorización”, señala el estudio. Aunque la mitad de estas no presenta una exposición ilícita medible, un reducido grupo concentra una buena parte de la actividad de mayor riesgo al canalizar entre el 1% y el 12% de su volumen hacia direcciones vinculadas a operaciones ilícitas. “Como resultado, la exposición al riesgo entre las empresas no autorizadas es aproximadamente cuatro veces superior a la observada entre aquellas que sí recibieron luz verde de los supervisores”, concluye.