De Coinbase a Ripple: la SEC retira sus demandas contra empresas cripto y anticipa cambios regulatorios
El regulador estadounidense ha desestimado o suspendido más de 10 casos desde la vuelta de Trump
Si se hace una búsqueda rápida sobre la industria cripto en Google, es posible encontrar rankings de los más villanos del sector. Un nombre aparece en todas las publicaciones: el de Gary Gensler, el expresidente de la Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos (la SEC), por sus investigaciones sobre el sector. Gensler dejó el cargo el pasado 20 de enero, cuando Donald Trump tomó posesión. Desde esa fecha, la agencia ha vivido un cambio de rumbo en su actitud: de acérrima rival se encamina a convertirse en una aliada de las empresas cripto. Y su nuevo enfoque anticipa cambios regulatorios en Estados Unidos.
En las últimas semanas, el regulador ha sorprendido con una avalancha de desestimaciones o suspensiones de demandas e investigaciones contra empresas cripto, que no se pueden contar con una mano. Una de las primeras treguas fue la de Binance. La agencia y la principal plataforma cripto en el mundo solicitaron el pasado 11 de febrero una suspensión de 60 días de su batalla judicial con una moción conjunta ante el Tribunal del Distrito de Columbia. El acuerdo se justifica en las labores de las autoridades en el desarrollo de un marco regulatorio para los activos digitales. Al final de este período, han propuesto presentar un informe conjunto sobre el estado del caso, incluyendo una extensión de la suspensión, si es preciso.
La plataforma y su cofundador, Changpeng Zhao, tienen una larga lista de disputas legales: la SEC los acusó de violar las leyes contra el blanqueo de dinero y la regulación de los mercados de valores, por mal manejo de fondos y por la oferta de activos no regulados. Zhao fue condenado en 2024 a cuatro meses de prisión por blanqueo de dinero a través de la plataforma, por el que se declaró culpable en 2023.
El 21 de febrero fue el turno de Coinbase. La SEC demandó en junio de 2023 a la mayor firma de criptomonedas de EE UU, alegando que las monedas digitales vendidas en su plataforma eran valores no registrados. Según la agencia, la plataforma habría ganado miles de millones de dólares facilitando ilegalmente la compraventa de criptoactivos. La SEC alegaba que Coinbase entrelaza los servicios tradicionales de una Bolsa, de corredor y de agencia de compensación sin haber registrado ninguna de esas funciones ante la Comisión, como exige la ley, lo que habría privado a los inversores de importantes protecciones, permitiendo a la empresa embolsarse comisiones ilegalmente.
Durante años la SEC dejó actuar a las plataformas de criptomonedas sin tomar medidas. No obstante, con la quiebra de FTX, los reguladores elevaron sus controles y exigencias y decidieron que las plataformas de negociación de criptodivisas tenían que considerarse como mercados de valores. La industria ha criticado en muchas ocasiones el modus operandi de la agencia, que ha aplicado una “regulation by enforcement” (regulación mediante la aplicación), desatando el debate sobre si las criptomonedas pueden considerarse un valor u otro tipo de activo y si por ello deben registrarse ante el regulador. La SEC evaluaba caso por caso si un criptoactivo era un valor bajo el test de Howey, una prueba según la cual un contrato de inversión existe cuando se cumplen tres elementos: una inversión de dinero, en una empresa común y con la expectativa de obtener ganancias derivadas de los esfuerzos de otros.
Por ello, cuando empezó a elevar sus exigencias, otras empresas enfrentaron las mismas acusaciones que Coinbase. Pero ahora da marcha atrás. Es el caso de OpenSea, un mercado web3 para NFT y coleccionables criptográficos, investigado por haber estado operando como un mercado de valores no registrado. El pasado 22 de febrero, se anunció que la agencia cerraba su investigación sin presentar cargos. Dos días después fue el turno de Robinhood: la agencia cerró el caso contra la plataforma acusada de no haber registrado como valores ciertos criptoactivos ofertados. Uniswap, acusada de operar como una bolsa de valores no registrada, dio un suspiro de alivio el 25 de febrero, mientras Gemini, de los hermanos Winklevoss, donantes de la campaña electoral de Trump, anunciaron el día después que el regulador había cerrado su investigación por ofrecer valores no registrados.
Ese mismo día, la SEC y Tron, la plataforma del empresario y criptobro chino Justin Sun —que se ha convertido en el mayor inversor de World Liberty Financial— pidieron a los tribunales una suspensión de la batalla legal durante 60 días. La agencia demandó a Sun y a sus empresas Tron Foundation, BitTorrent Foundation y Rainberry en marzo de 2023 por distribuir ilegalmente los criptoactivos Tronix y BitTorrent, inflar el volumen de negociación y ocultar pagos a celebridades que los promocionaban. Tron se enfrenta también a dudas sobre su reputación, ya que se ha convertido en el instrumento favorito para transferencias de criptomonedas asociadas a grupos terroristas.
La empresa de blockchain Consensys, acusada de actuar como un corredor de valores no registrado a través de su herramienta de billetera MetaMask, anunció el 27 de febrero que la SEC iba a abandonar su investigación. El exchange Kraken se enfrentó a la misma acusación, pero el pasado 3 de marzo emitió un comunicado con un titular muy claro: “Una victoria para la justicia”. Ese día, anunció que la SEC cerraba su batalla legal contra la empresa. Por último, uno de los casos más resonados: el de Ripple, que el 19 de marzo comunicó el cierre de su contienda con la SEC, tras casi cinco años. También fue demandada por ofrecer XRP al considerarlo un valor no registrado.
La desestimación de tantas demandas revela una actitud más favorable de los reguladores y plantea dudas sobre el conflicto de interés por las relaciones directas entre Trump y la industria. Pero también da pistas sobre la regulación en la que están trabajando la administración y los órganos supervisores. Andrés J. Arenas Falótico, profesor investigador de la Universidad Alfonso X el Sabio, explica que el hecho de que muchas demandas desestimadas se centren en la venta de valores no registrados puede interpretarse como un indicador relevante de la dirección que podrían tomar las autoridades regulatorias estadounidenses al clasificar determinados criptoactivos como valores financieros o materias primas. “No es una simple flexibilización, sino un reajuste estratégico del enfoque regulador, que busca distinguir con mayor precisión entre tipos de criptoactivos según su naturaleza económica y funcional. Se está tratando de poner orden”, asevera.
David Tercero Lucas, profesor de Economía en la Universidad Pontificia de Comillas - ICADE, coincide con este lectura y avisa de que los reguladores se encaminan a considerar la mayoría de las criptomonedas como commodities. No obstante, advierte de que estas últimas acciones de la agencia ponen en entredicho su papel de garante de la integridad de los mercados financieros. “Es importante que cualquier decisión que tomen tenga fundamento jurídico, proteja a los inversores y no venga impuesta por los planes de la administración actual, sobre todo en el caso de aquellas empresas que han tenido alguna batalla judicial anterior con resultado desfavorable”.
El caso más obvio es el de Binance, que plantea preguntas sobre el equilibrio entre flexibilidad regulatoria y credibilidad institucional. “El riesgo más importante de tener demasiada flexibilidad —en situaciones donde se ha constatado fraude, evasión de controles de AML y manipulación de mercado— es enviar señales contradictorias al ecosistema financiero y a los inversores. Si el resultado visible de esas prácticas es un castigo financiero con pocas restricciones operativas en el futuro, existe un riesgo de normalización del incumplimiento”, concluye Arenas.
