El Gobierno desbloquea 17.900 millones para invertir en redes eléctricas hasta 2030
Prevé que la inversión se eleve hasta los 35.000 millones de aquí a finales de década
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un Real Decreto por el que desbloquea 17.900 millones de euros adicionales de inversión en redes eléctricas hasta 2030. De esta forma, el Ejecutivo da luz verde a una de las grandes demandas del sector para atajar la saturación que, según denuncia, sufre la red eléctrica en España. En total, el desembolso podrá superar, de acuerdo con las estimaciones del Ministerio, los 35.000 millones de euros hasta el final de la década.
La inversión anual en estas infraestructuras con cargo al sistema eléctrico estaba limitada al 0,065% del PIB en el caso del transporte y al 0,13% en el caso de la distribución. La propia ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha asegurado en un comunicado que ese techo a la inversión “se ha mostrado insuficiente a la hora de atender las necesidades de la transición energética y el gran volumen de peticiones de acceso para nuevas demandas”.
El Real Decreto, que también incluye actuaciones para mejorar la fortaleza del sistema, establece cómo deben elaborarse, tramitarse y justificarse los planes de las empresas distribuidoras. En las redes de distribución se podrán invertir hasta 10.200 millones de euros adicionales, que se repartirán de menos a más hasta 2030. En 2027 se pondrán en circulación 1.020 millones, 2.550 en 2028, 3.060 en 2029 y 3.570 en 2030, completando los 10.200. El decreto señala que el destino prioritario de la inversión será para demandas industriales, residenciales y descarbonización del transporte.
Las empresas distribuidoras podrán destinar hasta un 20% de esa inversión adicional a control de tensión, telemando, telecontrol, observabilidad y ciberseguridad. Otro 20% podrá destinarse a inversiones anticipatorias, aquellas en las que la demanda no está asegurada en los próximos cinco años, con el objetivo de dinamizar la demanda. Un 10% estará enfocado a la adaptación de las líneas a la normativa de protección avifauna. Y otro 10% en resiliencia climática para afrontar fenómenos naturales adversos.
El Gobierno adquiere con la normativa más control sobre las inversiones de las distribuidoras. Estas compañías tendrán que someter sus planes de inversión a consulta previa en las que los agentes o las administraciones podrán remitir propuestas. Además, tendrá que figurar, de forma pública y accesible en internet, la valoración que se haya hecho de esas propuestas.
Las empresas también deberán emitir informes de cumplimiento cada año, con un plazo de un mes desde el cierre del ejercicio, que también serán públicos y estarán accesibles en internet.
A su vez, se ha aprobado un sistema de penalizaciones para las distribuidoras que se desvíen de forma reiterada de la inversión prevista, ya sea por defecto o por exceso.
En cuanto a las redes de transporte, que gestiona Red Eléctrica, se podrán invertir 7.700 millones de euros adicionales. En este caso el reparto será de 700 millones en 2027, 1.850 en 2028, 2.300 en 2029 y 2.850 en 2030. El destino de las inversiones seguirá, a grandes rasgos, el sistema de Planificación vigente aprobado en septiembre.
El Ministerio calcula que el impacto económico será importante. Por cada millón invertido en redes, afirma, habrá un retorno de 1,27 millones en valor añadido bruto, con un efecto multiplicador de veinte sobre el empleo generado. El Gobierno también espera que conectar a más usuarios permita repartir el coste de las redes entre una base más amplia, lo que debería traducirse en peajes menores en las facturas finales.