El PNV pide que se subasten las infraestructuras de Red Eléctrica con retrasos de tres años
El grupo vasco presenta una enmienda para cambiar la ley eléctrica y desbloquear el acceso a la red de transporte. Las inversiones planificadas de REE tienen una demora media de siete años, según PwC
El grupo parlamentario vasco (EAJ-PNV) ha presentado una enmienda al proyecto de ley que regula el Régimen de Comercio de Derechos de Emisión, actualmente en trámite en el Congreso de los Diputados, con la que pretende desbloquear las inversiones planificadas en la red de transporte en alta tensión, que gestiona Red Eléctrica de España (REE) y que sufren retrasos muy prolongados. Para ello plantea subastar aquellas infraestructuras destinadas a ser conectadas a consumidores o que sirvan de apoyo a las redes de distribución, cuya puesta en marcha se demore más de tres años. Estas líneas, en media y baja tensión, están en manos de la grandes empresas del sector: Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP.
En la citada enmienda, registrada el pasado 6 de junio, el grupo vasco pide una modificación de la Ley del Sector Eléctrico, concretamente, del artículo 34, que establece que Red Eléctrica es el transportista único (y operador del sistema, o TSO). La enmienda incluye un nuevo apartado, en el que indica que, “sin perjuicio de lo anterior, (..) cuando hayan transcurrido tres años desde la fecha prevista en el correspondiente plan de desarrollo para la puesta en marcha de instalaciones planificadas de la red de transporte (..) destinadas a la conexión a la demanda o el apoyo a la red de distribución, sin que se haya obtenido la autorización administrativa, se suspenderá su tramitación y se declaran sujetas a concurrencia”. Esto es, a subastas públicas a las que podrían acudir otros agentes del sector.
Según la petición del PNV, el resto de las instalaciones de la red de transporte también serían subastadas cuando acumulen un retraso superior a cinco años. Estas licitaciones serían convocadas por la Secretaría de Estado de Energía.
Con esta propuesta, el grupo político vasco reclama que se incluya en el ordenamiento jurídico español una medida que figura en la directiva 2019/944 de la Comisión Europea, que se traspuso en su día, pero solo parcialmente, pues varios apartados de uno de sus artículos (el que hace mención a estas subastas por retrasos), “no han sido expresamente traspuestos ni desarrollados aún por el legislador español”, señala el texto.
Los gestores de las redes europeos están obligados a presentar a los reguladores sectoriales (en el caso español, la CNMC y el Ministerio para la Transición Ecológica) un plan de desarrollo de las redes de transporte, en función de la oferta y la demanda previstas (el operador del sistema lo elabora con un horizonte de seis años, pero se suele retrasar y modificar). Según la citada directiva, para asegurarse de que las inversiones se realizan, la autoridad reguladora podrá, entre otras medidas, “organizar una licitación abierta a cualquier inversor”, recuerda la enmienda.
Demoras de una década
El PNV apoya sus argumentos en un estudio encargado por la asociación del sector eléctrico, Aelec, a la consultora PwC, en el que concluye que el retraso medio de las ampliaciones o nuevas subestaciones destinadas a la demanda incluidas en la planificación es de 7,1 años (esto es, dos planes atrás). El 61% de la nueva planificación son actuaciones anteriores sin ejecutar: hasta 49 subestaciones acumulan más de 10 años de retraso, indica el estudio.
En cuanto a las llamadas “posiciones” (conjunto de equipos eléctricos agrupados que cumplen una función específica, como conectar o desconectar una línea, un transformador u otro elemento al sistema), 354 presentan un retraso medio de 5,7 años (un 54% de las analizadas) y hasta 63 soportan demoras de más de una década. Todas las comunidades autónomas se encuentran muy cerca de la media de retrasos, tanto de posiciones como de subestaciones, por lo que la situación es homogénea en todo el territorio.
El retraso en el desarrollo de la red de transporte, según el texto de la enmienda, está provocando que numerosas industrias y promociones urbanísticas no puedan conectarse a la red eléctrica, lo que implica “un descrédito del país, un lastre al desarrollo económico y un freno a la mejora de la autonomía energética y seguridad nacional”.
Fuentes empresariales aseguran que, detrás de estos retrasos, “se oculta el interés de REE de que los consumidores se conecten a su propia red de transporte, en lugar de la de distribución, que resulta perjudicada al no poder enlazar con aquella por la falta de inversiones en sus infraestructuras”.
Las mismas fuentes aseguran que una medida como la de las subastas evitaría que la red se convierta en un cuello de botella para la electrificación y el crecimiento económico. El borrador de la planificación vigente prevé integrar 28 GW de nueva demanda eléctrica en los próximos años (2025-2030), vinculados a la reindustrialización, los centros de datos, el hidrógeno verde o la movilidad eléctrica, con la puesta en servicio de 659 posiciones en 254 subestaciones. Para ello, fija una inversión de 1.342 millones de euros, de las cuales, un 21% afecta a distribución y demanda.