El PP y los concesionarios presionan al Gobierno para que apruebe ayudas al coche de combustión
El principal partido de la oposición coló a último momento una enmienda en la ley de movilidad sostenible que habla de un plan renove que debería aprobarse en tres meses. El Ejecutivo está centrado en el Auto+ del año que viene
El Gobierno acaba de aprobar 800 millones de euros en ayudas a la compra de vehículos eléctricos e híbridos enchufables —la mitad de ellos destinados a la lista de espera del Plan Moves, que termina el 31 de dici...
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El Gobierno acaba de aprobar 800 millones de euros en ayudas a la compra de vehículos eléctricos e híbridos enchufables —la mitad de ellos destinados a la lista de espera del Plan Moves, que termina el 31 de diciembre—, pero los concesionarios quieren más. Las dos patronales que representan al sector, Faconauto y Ganvam, han encontrado en el PP a un gran aliado para conseguir ayudas a la compra de coches de combustión nuevos, con el objetivo de rejuvenecer el viejo parque automovilístico nacional, que en el caso de los particulares tiene una media de más de 16 años de antigüedad, según Ganvam.
Las dos patronales se escudan en la ley de movilidad sostenible aprobada por el Congreso en octubre, en la que el PP logró incluir sobre la bocina una enmienda que habla de un plan de renovación del parque. En dicha enmienda, se indica de que “en el plazo máximo de tres meses desde la aprobación de la presente ley, el Gobierno desarrollará reglamentariamente un plan de renovación para incentivar la adquisición de vehículos nuevos de cero o bajas emisiones y la retirada voluntaria de vehículos antiguos del parque móvil español”. En el citado texto se establece además que se tendrá en cuenta a los vehículos con motorizaciones que cumplan con la normativa de emisiones Euro 6d, es decir, coches de hasta cinco años de antigüedad. El presidente de Ganvam, Jaime Barea, reconoció en el encuentro navideño de la patronal con la prensa que para ellos es “una victoria” que se incluya al Euro 6d en la enmienda.
Lo cierto es que esto es una batalla exclusiva de los concesionarios, en alianza con el PP, que ya ha aprobado varios planes renove en territorios en los que gobierna —la ciudad y la comunidad autónoma de Madrid, Cantabria, Galicia, La Rioja o Baleares son algunos ejemplos de administraciones que han sacado sus propios planes. Andalucía será la siguiente—. De hecho, su líder nacional, Alberto Núñez Feijóo, ha dicho abiertamente que, en caso de llegar a La Moncloa, pondrá en marcha ayudas públicas para los vehículos de combustión. “Nos iría mejor con un Gobierno del PP”, admiten en off fuentes de los concesionarios, que en esta pugna no están acompañados de los fabricantes de coches. La patronal que representa a las automovilísticas, Anfac, ha trabajado intensamente y está totalmente centrada en el Plan España Auto 2030, una hoja de ruta estratégica elaborada conjuntamente con el Ministerio de Industria y Turismo, en el que se incluyen ayudas a la compra de eléctricos, en el denominado Auto+.
El vehículo eléctrico, en el que el sector está invirtiendo miles de millones de euros, es la prioridad absoluta de los fabricantes, que necesitan que su cuota de mercado crezca cuanto antes. Por ello, todos los cañones están apuntados hacia el Plan Auto+, del que todavía faltan muchos detalles por conocerse, como por ejemplo a cuánto ascenderán las cuantías de las ayudas. El sector quiere las mismas que el Moves —hasta 7.000 euros para turismos si se incluye el achatarramiento de un vehículo viejo—, pero el Gobierno estudia cambios como quitar el achatarramiento, aunque es una decisión que todavía no está tomada, según indican diversas fuentes conocedoras. Esto se debe a que el Ejecutivo busca fórmulas para que el Auto+ dure lo máximo posible.
Si bien el Gobierno trabaja para tener el plan —inspirado en el programa valenciano Reinicia Auto+ para aquellos que perdieron su vehículo en la catastrófica dana del año pasado— antes de fin de año, es probable que su aprobación se retrase a 2026, aunque de todas formas tendría carácter retroactivo para evitar que nadie quede sin ayudas. Industria está centrado en el Auto+ y nadie en el Gobierno trabaja hoy en algo parecido a un plan de ayudas al coche de combustión. Faconauto asegura que Industria es conocedora de su petición de un plan nacional, pero admiten que no le han hecho llegar la propuesta concreta. “El renove está en un cajón. Hemos hecho acuse de recibo, pero estamos con el Auto+”, zanjan, por su parte, en el Ejecutivo.
Otras fuentes conocedoras de la ley de movilidad sostenible ponen el acento en “la mala redacción” de la enmienda para la creación de un plan de renovación. “Está mal definido, podría quedar en el limbo”, explican a este periódico, en relación a que el texto habla de un desarrollo reglamentario y no de un Real Decreto. “No existe la figura de un reglamento, se publicaría por Real Decreto casi seguro y poco probable que sea por orden ministerial”, admiten en la propia Faconauto.
Novedades que trae la ley de movilidad sostenible
La flamante ley de movilidad sostenible incluye más novedades para el vehículo eléctrico, como la simplificación de la burocracia para la instalación de puntos de recarga. “Para poner un punto de carga en la calle antes había un cuello de botella, ya que para abrir la zanja eran necesarios permisos municipales y de la distribuidora que podían eternizarse. La nueva ley elimina esa burocracia y permite usar la declaración responsable”, explica a este periódico Álvaro Gutiérrez, director regional de Eranovum, empresa especializada en energía renovable, autoconsumo y puntos de carga. La mencionada declaración responsable, que es un documento en el que el interesado se compromete a cumplir la normativa vigente, ya existía para la instalación de puntos de carga en parkings.
Para Gutiérrez, otro aspecto a destacar es que la ley obliga a las distribuidoras de energía a “cumplir plazos estrictos” en los procesos para energizar los puntos de recarga, un aspecto del que los operadores se habían hartado a quejarse en los últimos años. Sin embargo, aún falta más “transparencia”, según esta compañía: “A diferencia de otros países de la UE, aquí no tenemos un mapa digital público para ver dónde hay potencia disponible y dónde no. Sabemos los tiempos, pero nos falta información técnica vital”.
Otras novedades para el automóvil introducidas en la flamante ley es la posibilidad de que los ayuntamientos cobren peajes (al estilo de grandes capitales europeas como Londres) o tasas a los vehículos más contaminantes. Por otra parte, la ley finalmente no obligará al Gobierno a revisar las etiquetas medioambientales de la DGT, ya que el PP suprimió una enmienda que habían introducido Sumar, ERC, Bildu y BNG tras la queja de los ecologistas. Estas se mantendrán sin alteraciones en el corto plazo para no afectar al mercado de coches nuevos, tal y como pedían las patronales del sector.