La justicia de EE UU eleva una condena a España por el recorte renovable al aplicar intereses posteriores a la sentencia
Un juez de Columbia acepta la petición de Blasket Renewable, uno de los fondos que lidera la intensa batalla contra los servicios jurídicos españoles y y que ha pedido embargo de bienes
Nuevo fallo de la justicia estadounidense sobre las condenas a España por el recorte de las primas de las renovables prometidas a inversores. El Tribunal del Distrito de Columbia ha elevado una de las indemnizaciones reconocidas por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), corte de arbitraje del Banco Mundial, al aplicar nuevos intereses a la compensación, que comienzan a contar después de la sentencia que reconoció la validez del laudo. El juez John D. Bates ha aceptado la petición del fondo estadounidense Blasket Renewable, uno de los vehículos que está pleiteando intensamente contra el Estado español para lograr cobrar las indemnizaciones, en el caso Infrared, lo que hace elevar de 28,2 millones de euros a 41,1 millones la cuantía pendiente de abonar por este asunto.
El magistrado confirmó en verano la validez del fallo del tribunal de arbitraje con sede en Washington, que en agosto de 2019 reconoció el derecho de InfraRed Environmental Infrastructure y otras cuatro empresas que invirtieron aproximadamente 30 millones de dólares en diversas plantas solares de Andalucía y Extremadura a recibir una indemnización. El Ciadi consideró acreditado que España vulneró el Tratado de la Carta de la Energía (TCE) al eliminar los incentivos fijados en las inversiones de energías renovables, como consecuencia de la reforma energética impulsada por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2013, que ha provocado la presentación de un total de 51 demandas de arbitraje contra el Estado español.
Al igual que ha ocurrido en otros seis casos similares, el juez Bates indicó que un laudo del Ciadi tiene “misma fe y crédito” que una sentencia firme de un tribunal de los Estados Unidos. Este criterio ha sido adoptado por varios jueces, después de que, en el verano de 2024, el Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia rechazara el principal argumento de España planteado en sus recursos: la inmunidad soberana. Aun así, esta instancia superior dio una pequeña victoria moral a los servicios jurídicos españoles al permitirles que siguieran pleiteando en los tribunales de distrito para evitar afrontar los pagos. Sin embargo, esta segunda vuelta no está teniendo el resultado esperado por parte de España, por lo que, recientemente, ha pedido al Tribunal Supremo que asuma todos estos casos, como último intento de anular los reveses judiciales.
Discrepancia sobre los intereses
Mientras tanto, en el caso Infrared, el juez Bates dio, el pasado 13 de agosto, el visto bueno al laudo y abrió la puerta a que Blasket, que está liderando la batalla legal en este y otros casos, presionando al Gobierno español con la solicitud de numerosos embargos de bienes en el extranjero ―de hecho, en las últimas semanas se ha iniciado el proceso judicial para rastrear los activos en EE UU—. Según la resolución consultada por CincoDías, el juez afirmó que entiende la preocupación de España de verse “entre la espada y la pared” si se dicta una orden judicial de pago de una indemnización, ya que eso le pondría en un compromiso con la Comisión Europea, que debe autorizar dicho abono para que no sea considerada “ayuda ilegal de Estado” y ya ha manifestado sus reticencias al respecto. Pero el togado añadió que, de acuerdo a las leyes estadounidenses, está obligado a reconocer un fallo del Ciadi y no se puede negar a su ejecución “basándose en la cortesía internacional”.
En base a este dictamen judicial, España y Blasket se reunieron para definir el cálculo actualizado de la indemnización, teniendo en cuenta los intereses legales, si bien discreparon sobre la pertinencia de aplicar una tasa adicional posterior al dictado de la sentencia con el propósito de compensar el retraso en el pago. En un nuevo dictamen judicial, con fecha del pasado 24 de noviembre y consultado también por este periódico, el magistrado considera que este interés posterior encaja con lo previsto en las leyes federales, ya que su objetivo “no es castigar o remediar un daño subyacente, sino garantizar un pago puntual y justo”. Fuentes conocedoras del caso aseguran que el monto final se ha elevado hasta los 41,1 millones de euros.
España ha afrontado solo una indemnización
Del medio centenar de demandas planteadas por inversores afectados por el recorte de las primas de las renovables, 27 se han fallado en contra de España, hasta la fecha, acumulando indemnizaciones de alrededor de 1.500 millones de euros, más intereses legales. España solo está dispuesta a afrontar las compensaciones de inversores extracomunitarios, siguiendo el criterio marcado por Bruselas y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que limitó los arbitrajes entre inversores y Estados miembros de la Unión Europea. Esto, según fuentes gubernamentales, reduce la factura más de 1.300 millones, ya que solo se prevé el desembolso de 167 millones de euros a cuatro inversores no sujetos al derecho europeo.
Así, hasta el momento, España solo ha pagado la indemnización de unos 23,5 millones a la japonesa JGC, después de recibir la aprobación de la Comisión Europea, y tras negociar con Blasket (que cuenta con los derechos de este litigio) poner fin a todos los procedimientos abiertos alrededor de este asunto, según indicaron fuentes del Ministerio de Transición Ecológica.
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