¿Quién paga el apagón eléctrico?
Las reclamaciones se dirimen en este momento en las aseguradoras, pero las responsabilidades podrían alcanzar la vía penal, ¿y politica?
Los daños y perjuicios que provocó a los ciudadanos el apagón que dejó sin suministro eléctrico a la Península Ibérica el pasado 28 de abril quedarán, en la inmensa mayoría, impunes. El grueso de los afectados (en España hay 30 millones de puntos de suministro) asumirá el coste individual del siniestro pues no les compensa iniciar una reclamación que resultaría más costosa, en tiempo y dinero, que lo que recibirían por los alimentos que se les descongelaron aquel día o por la rotura del embrague del coche en el que se vieron obligados a permanecer varias horas por los atascos derivados del mismo. En muchos casos, por la dificultad de vincular el efecto con la causa.
Lo que el Gobierno ha llamado eufemísticamente crisis eléctrica, cuya investigación ha corrido a cargo de un comité bautizado con dicho nombre, podría tener un precio o, mejor dicho, varios precios: el económico, el administrativo, el penal y el político. En el primer caso, y por el momento, la cuestión está en manos de las aseguradoras, a las que los usuarios, especialmente las grandes empresas afectadas por el corte de suministro y que tienen cubierto este riesgo, han reclamado o reclamarán las perdidas causadas por el blackout. A partir de ahí se inicia un periplo: la aseguradora irá contra la distribuidora eléctrica y esta lo trasladará a la generadora que, en el caso de las grandes, tienen también asegurado este tipo de contingentes, cuyo coste reclamaría en última instancia al operador del sistema, Red Eléctrica.
El informe del comité dirigido por el Gobierno para investigar el apagón ha responsabilizado de lo ocurrido a la gestión indebida del operador del sistema (que no pudo controlar las sobretensiones a las que se atribuye el apagón, por una inadecuada programación de centrales). Eso sí, sin dejar de apuntar, aunque sin nombres ni apellidos, a las empresas eléctricas o, como diría el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, “a los operadores privados”, por haber desconectados fotovoltaicas prematuramente y no haber absorbido la suficiente energía reactiva (esa que ocupa capacidad en la red pero no genera trabajo).
Sorprendentemente, los datos de las compañías y sus instalaciones se han ocultado apelando a una incomprensible confidencialidad que, según fuentes del sector, fue sugerencia del propio Ministerio para la Transición Ecológica, cuando no hay ninguna consecuencia comercial derivada de ello y la opinión pública llevaba esperando desde hacía dos meses un informe sin tachaduras. La presidenta de Redeia (holding que integra a Red Eléctrica), Beatriz Corredor, ha criticado que las eléctricas decidieron no liberar sus datos, cuando REE sí lo hizo, a lo que aquellas han respondido que el operador disponía de toda su información, esta no fue recíproca, y aunque alguna ha pedido levantar la confidencialidad, el comité de investigación se ha negado alegando que ya ha terminado su trabajo. En cualquier caso, sin los datos de REE el informe se habría convertido en un verdadero frankenstein.
Por el momento, fuentes de las empresas eléctricas aseguran que no les consta aún ninguna demanda contra ellas, precisamente, porque la cuestión se dirime aún entre las aseguradoras y porque las responsabilidades administrativas, que derivarán con total seguridad en sanciones, las debe determinar la Comisión Nacional de los Mercado y la Competencia (CNMC), cuya investigación no ha hecho más que empezar, y cuyo resultado servirá de argumento para iniciar acciones penales en los tribunales. También porque nadie quiere dar el primer paso desvelando su estrategia defensiva.
Aunque la presidenta del organismo regulador, Cani Fernández, declaró hace unos días que también el Gobierno tiene potestad para imponer sanciones, la delimitación de las competencias sancionadoras entre el ministerio que dirige Sara Aagesen y la CNMC (artículo 73 de la Ley del Sector Eléctrico) “es ciertamente difusa”, según fuentes jurídicas. En cualquier caso, las competencias sustantivas (las que determinan también las sancionadoras si se demuestra negligencia) son preferentemente de la CNMC y, sin duda, la instrucción del procedimiento corresponde al supervisor. Las multas podrían llegar a los 60 millones de euros e incluso, como recordó Fernández, se podría llegar a la inhabilitación.
Con un cierto retraso, quizás por la cantidad de investigaciones abiertas (también en Europa), la Comisión mantiene abierto un expediente informativo en el que está recabando los mismos datos que el ministerio ya solicitó a REE y a las compañías del sector, hasta 67 firmas. Se da la circunstancia de que la CNMC es, junto al Gobierno y al operador del sistema, los únicos que disponen del informe del Gobierno sin tachaduras confidenciales (hay quien asegura que también están en manos la Audiencia Nacional y del PSOE). Según fuentes del sector, es difícil de creer que la CNMC se vaya a situar por debajo del umbral de acusaciones del Gobierno, que apunta a la posibilidad de que un buen número de plantas fotovoltaicas de Badajoz, Granada o Sevilla, se desconectaran de “forma temprana” incumpliendo lo permitido. Según la regulación, las plantas están obligadas a soportar hasta una hora sobretensiones superiores al 15% en la red de 220 kV y del 10% en la de 400 kV.
La demostración de este hecho será el quid de la investigación, pues el informe deja claro que operador programó insuficientes grupos síncronos para “la función de control dinámico de tensión”: 10 centrales térmicas (tres nucleares y siete ciclos combinados, de los cuales uno el de San Roque se declaró indispuesto y no fue sustituido), con claro desequilibrio en la zona suroeste.
El papel del operador
La defensa a ultranza que hace Red Eléctrica de su gestión se podría resumir en que todo lo hizo bien (la programación, los cambios en la interconexión con Francia para controlar la tensión..) y que fueron las eléctricas, incluidas las propietarias de plantas solares, las que se confabularon al incumplir los procedimientos de operación, que por cierto, acaba de modificar la CNMC tras años de reclamación. De nuevo, según los más críticos, se vuelve a confundir culpabilidad con responsabilidad. Y en este punto, añaden, “hasta una mala praxis del peatón es responsabilidad de quien dirige el tráfico”, esto es, el operador del sistema.
Respecto a las de tipo político que pudieran asumir los responsables de Red Eléctrica, por el momento, el Gobierno no ha movido ficha, porque sería, según cierto consenso, reconocer la suya propia. En puridad correspondería a la dirección general de operaciones de la empresa, cargo que ocupa Concha Sánchez, al que se presupone autonomía y que es ratificado por el Gobierno. Sin embargo, dado el papel relevante que desempeña de puertas para afuera la presidenta no ejecutiva, Beatriz Corredor, por encima del consejero delegado, Roberto García Merino, ante una petición de cuentas ella figuraría en primer lugar, señalan fuentes próximas al Gobierno.
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