Sepes descarta subrogarse los grandes contratos de gestión de Sareb con KKR y Blackstone
El ‘banco malo’, a su vez, negocia una nueva fórmula para compensar a sus proveedores cuando se traspase su cartera
Sepes no cuenta con los actuales gestoras de la megacartera de Sareb, valorada en alrededor de 23.000 millones de euros. La nueva sociedad pública de vivienda, que se conformará con el germen de Sepes (entidad pública estatal de suelo), buscará sus propios administradores de todas las viviendas que le traspasará el conocido como banco malo. Eso supondrá que Hipogés (controlada mayoritariamente por el fondo KKR) y Aliseda/Anticipa (Blacksktone) perderán sus contratos.
En enero, Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, anunció una batería de medidas sobre vivienda asequible, en el que se encontraba el traspaso de viviendas de Sareb (Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria) a Sepes, una transacción que todavía no se ha realizado. Actualmente, el banco malo cuenta con alrededor de 37.000 viviendas, de las que una parte, las que cumplan con los criterios del Ministerio de Vivienda para este política de alquiler asequible, pasarán a Sepes.
La directora general de Sepes, Leire Iglesias, reconoció este miércoles en la comisión de vivienda del Congreso de los Diputados que en los próximos días se conocerá ese perímetro, que no quiso avanzar a los grupos parlamentarios. Tampoco se sabe la cuantía que la entidad pública de suelo pagará por esos inmuebles.
Lo que sí aclaró Iglesias es que no tienen intención de subrogarse los contratos de Sareb con Hipogés y Aliseda/Anticipa. Estas entidades, conocidas como servicers en la jerga del sector bancario, se encargan de gestionar los activos de Sareb, tanto vivienda como préstamos fallidos al promotor, actualmente valorados en los citados 23.000 millones de euros. A cambio de ese trabajo, estos gestores reciben unas comisiones, principalmente por la venta de los inmuebles.
Desde que Sánchez anunció estas medidas, Sareb y sus dos servicers paralizaron la venta de vivienda, reservándola para el traspaso a Sepes. A consecuencia de ello, Hipogés y Aliseda/Anticipa esperan renegociar el contrato con el banco malo para ser compensados por esos menores ingresos, revelan fuentes del sector inmobiliario.
Los contratos con Sareb de ambas entidades, que ganaron en un concurso en 2022, vencen este agosto. Aunque la entidad financiera -controlada por el Ministerio de Economía a través del FROB- puede prorrogar otro año esos acuerdos. En este momento, según las fuentes consultadas, es precisamente cuando ambas partes están negociaciones para saber qué papel tendrán los servicers en la gestión futura de la cartera de Sareb y cómo se compensa el traspaso a Sepes de las viviendas que tendrían que haber comercializado. Quien conoce la negociación indica que no prevé que haya problemas para prorrogar esos contratos.
Así que cuando las viviendas pasen a Sepes, ni Hipogés ni Aliseda/Anticipa gestionarán esos activos. La directora general de Sepes aseguró en la comisión que no tienen “ni la voluntad ni la capacidad” de subrogarse esos activos. “No sé si nuestros contratos van a ser interesantes para fondos buitre”, apuntó. Para Iglesias, que no citó ningún nombre en particular, opinó que la vivienda asequible no será interesante para lo que denominó como fondos buitre. En el caso de KKR y Blackstone se trata de dos de los mayores fondos de inversión estadounidenses, presentes en multitud de empresas a través del private equity y como propietario de numerosos activos y compañías inmobiliarias por todo el mundo.
“Plantearemos, en los casos en los que no haya otra cooperación con las comunidades autónomas, nuestros propios contratos de servicios para la gestión de ese parque” de viviendas de alquiler asequible, avanzó Iglesias. Aunque desde el sector inmobiliario se recuerda que actualmente no existen empresas o entidades, más allá de los servicers, que puedan gestionar grandes carteras de alquiler.
Precio entre 5 y 11 euros por m2
La directora general de la empresa pública afirmó que que los alquileres de las viviendas que asuman contarán con un precio entre 5 y 11 euros por metro cuadrado.
Iglesias también recordó que lo que sí que será obligado para Sepes es la subrogación de los contratos de arrendamiento con los particulares que vivan en los activos que se traspasarán a esta empresa pública. Ese parque está compuesto por diferentes tipologías de situaciones: casas vacías, arrendamientos convencionales, alquiler social, inquilinos con atrasos en pagos o con contratos vencidos e, incluso, con inmuebles okupados.
Los cambios también pueden afectar a los contratos con Sareb, de menor cuantía, de Serviland (filial de Servihabitat, del fondo Lone Star), que gestiona los suelos del banco malo, y cuyo acuerdo se renovó el pasado año hasta verano de 2026, por lo que este contrato estaría más blindado. Igualmente, impacta sobre el de vivienda social, un trabajo que actualmente recae en Servihabitat y que vence este verano.
Para Hipogés y Aliseda/Anticipa, el trabajo que quedará en Sareb será fundamentalmente de lo que se denomina como transformación, es decir, el trabajo de gestión y jurídico para que los préstamos fallidos con colateral inmobiliario (valorados actualmente en unos 8.800 millones) pasen a ser propiedad de la entidad, que así podría venderlos o traspasarlos a Sepes si así lo marca la política de vivienda del Gobierno.
Esta política de vivienda del Ejecutivo de Sánchez es posible ya que desde 2022 el FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria) controla más del 50% del accionariado de Sareb y los accionistas privados (como Santander, Caixabank o Sabadell) son minoría. Esta entidad tiene como presidente ejecutivo a Leopoldo Puig desde finales de mayo.
Una de las incógnitas que todavía no ha desvelado el Gobierno es cuánto va a pagar Sepes por los activos de Sareb, algo que afecta tanto a Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda, como a Carlos Cuerpo, ministro de Economía. Cuando se constituyó Sareb en 2012 para liquidar en 15 años (hasta 2027) 50.000 millones en activos tóxicos procedentes de las cajas de ahorro, la entidad emitió bonos como deuda por el mismo valor, que va amortizando precisamente con la venta de inmuebles. Ese endeudamiento, que ahora se sitúa en cerca de 29.000 millones (según los últimos datos disponibles de 2024) está avalado por el Tesoro, así que si Sareb no paga a los acreedores, tendrá que hacerlo el Estado.
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