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La Sareb asume que no podrá devolver parte de sus 29.400 millones de deuda actual

La entidad pública engrosa sus números rojos con 2.198 millones más pese a traspasos récord. La venta a precios por debajo del valor contable lleva al efecto de unas pérdidas superiores en un 46% en 2023

Alfonso Simón Ruiz
Javier Torres, presidente de Sareb (izquierda), y Leopoldo Puig, consejero delegado.
Javier Torres, presidente de Sareb (izquierda), y Leopoldo Puig, consejero delegado.

La Sareb, el conocido como banco malo, engrosó sus números rojos en 2023 porque vendió más activos. La Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria perdió 2.198 millones de euros el ejercicio pasado, un 46% más, debido a su política de aceleración de desinversiones de propiedades (viviendas, edificios o suelos), que en gran parte estaban apuntados a un mayor valor contable en su balance. Esa diferencia respecto al valor de mercado, son las pérdidas que la Sareb debe apuntarse, pero que no implican salida de caja. Adicionalmente, el resultado también se vio lastrado porque los gastos financieros se duplicaron.

Como novedad, los responsables de la sociedad pública reconocieron este jueves que posiblemente no podrán devolver gran parte de la deuda actual antes de 2027, el año previsto de liquidación de la Sareb.

El banco malo amortizó en 2023 en 1.068 millones la deuda de la entidad avalada por el Tesoro. En el momento del nacimiento de la sociedad, la Sareb se endeudó en 50.781 millones y otro de sus cometidos es ir reduciendo esa deuda con la caja del negocio. Con esta rebaja, la deuda de la sociedad pública se queda todavía en 29.413 millones, tras amortizar un 42,1% de ese pasivo en 11 años. En 2022, había pagado más de 3.200 millones por una reducción extraordinaria con uso de caja.

Cuestionado sobre si la empresa pública podrá pagar la deuda antes de 2027, Leopoldo Puig, consejero delegado, reconoció que la entidad ya recoge en sus cuentas 14.600 millones de patrimonio negativo, “lo que va dando un indicio de por dónde van las cosas”. “Por tanto, previsiblemente hay una parte de la deuda que no se va a poder amortizar con la deuda de la Sareb”.

Los tenedores de esos bonos de la Sareb son diversas entidades financieras. “En algún momento, lo que no se pueda amortizar, el Tesoro tendrá que tomar una decisión. Habrá distintas opciones”, aseveró Puig. “Pero la Sareb no va a generar más deuda pública”, recordó, porque ese pasivo ya está apuntado como deuda en las cuentas públicas.

Hay que recordar que la sociedad tiene una vida preestablecida de 15 años, hasta 2027, fecha en la que presumiblemente debería haber vendido todo su porfolio, si el Gobierno no decide prorrogar la vida del banco malo. Esto significa que solo le quedan cuatro años para devolver el pasivo.

Desde 2022, esta entidad es pública, controlada en un 50% por el FROB (dependiente del Ministerio de Economía de Carlos Cuerpo), además de contar con inversores privados como Santander (22,2% del capital), Caixabank (12,2%) y Sabadell (6,6%). Javier Torres ejerce como presidente de la Sareb desde hace dos años en representación del FROB y Leopoldo Puig es el consejero delegado.

Más ingresos

La sociedad ingresó 2.748 millones el ejercicio pasado, un 16% más que un año antes. El primer trimestre de 2023 “fue flojo”, según reconoció Leopoldo Puig, consejero delegado, debido a que en 2022 la entidad financiera cambió sus gestores de cartera a Aliseda/Anticipa (Blackstone) e Hipogés (KKR), lo que conllevó un tiempo de adaptación. Sin embargo, Puig aseguró que el último trimestre de año fue muy bueno y se mostró contento por vender más en un año difícil en transacciones en el mercado inmobiliario.

En valor contable (no de ingresos a precio de mercado), la empresa se desprendió de 3.200 millones de su cartera, “el récord” de la historia de la entidad, según Puig. Actualmente, le queda un porfolio por vender de 23.104 millones, de los que 14.304 millones corresponden a inmuebles y 8.700 millones a préstamos.

Al valor de esa cartera, la Sareb aplica en sus cuentas un deterioro de 9.903 millones (para ajustarlo al valor real). El año pasado ya habían aplicado un deterioro de 11.626 millones. “Es la que pensamos que se va a cumplir”, aseveró Puig.

El consejero delegado afirmó que el objetivo de la sociedad pública es “vender, vender y vender como si no hubiera un mañana”. El banco malo recibió en 2012 las carteras de activos tóxicos (créditos fallidos y activos) que estaban en manos de las entidades financieras por problemas con valor por más de 50.000 millones. Su reto pasa por vender todo antes de esa cifra tope de 2027.

La entidad se desprendió en 2023 de 36.690 activos, el 76,1% de ese volumen procede de la venta de inmuebles y el 23,3% de préstamos. En residencial, traspasó 10.500 viviendas a un precio medio de 90.000 euros. Ese bajo importe fue justificado por Puig porque las “viviendas están donde están, pero no se regalan”.

Uno de los problemas con los que se ha encontrado la entidad es la subida de tipos de interés, que provocó que los gastos financieros subieran un 121% en el último ejercicio, hasta los 861 millones.

Venta de Árqura y de suelos

A nivel corporativo, la Sareb tiene retos por delante en los próximos meses. El primero, la venta de su promotora de viviendas Árqura, en la que puede agrupar suelo para construir hasta 18.000 viviendas. Esta promotora entregó 1.620 viviendas el pasado año, lo que la convierte en una de las mayores del país, lo que generó 394 millones en ingresos. Desde su constitución, ha entregado 3.302 unidades y tiene 8.981 casas en comercialización.

“Hay apetito en el mercado y hay interés”, afirmó Puig sobre la venta prevista de Árqura”. “Los inversores serán limitados porque la operación es muy importante”, agregó.

Además, desde que el FROB controla la Sareb, la entidad ha virado su estrategia para facilitar vivienda asequible. Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, anunció en abril, en plena precampaña electoral de las elecciones municipales y autonómicas, la oferta de 50.000 alquileres asequibles a través del conocido como banco malo. De esa cifra, 21.000 unidades estaban destinadas a que corporaciones locales y comunidades autónomas las adquiriesen y las gestionasen para dar soluciones habitacionales a familias con dificultad para el acceso a la vivienda. De momento, en 2023, la sociedad vendió 877 casas a las Administraciones públicas.

Además, 15.000 alquileres provendrán de la construcción residencial en colaboración público-privada, lo que internamente en la Sareb se denomina Proyecto Viena. Para ello, la consultora PwC actualmente prepara una primera fase con el lanzamiento de las primeras parcelas, con una capacidad de 3.500 casas. En este caso, los inversores o promotoras interesados construirán edificios en estos solares cedidos por 80 años y los destinarán a arrendamiento por debajo, en un 20%, de precio de mercado.

Torres, presidente de la Sareb, avanzó que la inversión estimada en estas primeras 3.500 viviendas del Proyecto Viena es de 400 millones en 43 proyectos ubicados en 10 comunidades autónomas: Andalucía, Cataluña, Madrid, Comunidad Valenciana, Asturias, Castilla-La Mancha, Murcia, Castilla y León y Canarias.

Además, las otras 14.000 afectan a viviendas ya habitadas, pero con arrendamientos irregulares (algunas por okupación) o con morosidad y que están destinadas a familias en situación de vulnerabilidad. La entidad trabaja para regularizar esa situación a cambio de precios de alquiler conforme a los ingresos familiares. La entidad ya ha firmado 6.300 alquileres para familias vulnerables y ha acompañado a 2.525 personas en programas de inserción laboral.

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Alfonso Simón Ruiz
Graduado en Economía y máster de Periodismo UAM / EL País. En Cinco Días desde 2007. Redactor especializado en información empresarial, especialmente sobre el mercado inmobiliario, operaciones urbanísticas y, también, sobre la industria farmacéutica y compañías sanitarias.
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