La nueva Empresa Pública de Vivienda deja en el aire los grandes contratos de Blackstone y KKR con Sareb
El Gobierno prevé traspasar 40.000 casas y suelos del banco malo que están gestionados por estas empresas. Sepes prepara un plan estratégico para establecer nuevas fórmulas para administrarlos
Se abre un periodo de incertidumbre sobre quién y cómo se gestionará la enorme cartera de activos que actualmente pertenecen a Sareb, valorada en 21.506 millones de euros. A día de hoy, los fondos Blackstone (a través de Anticipa y Aliseda) y KKR (mediante Hipogés) se encargan del proceso de gestión de créditos y comercialización de casas que permanecen en manos de este gigante. Pero, como avanzó Pedro Sánchez este lunes en una batería de medidas sobre alquiler y compraventa, la nueva Empresa Pública de Vivienda absorberá 40.000 pisos y los suelos del conocido como banco malo, lo que deja en el aire qué ocurrirá con los contratos de Aliseda/Anticipa y KKR y cómo gestionará la incipiente compañía estatal esos activos.
En 2022, KKR y Blackstone ganaron los contratos de gestión de los activos de Sareb (Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria) y que tienen una vigencia hasta abril de este año. Distintas partes consultadas conocedoras de la situación señalan que antes del anuncio de Sánchez, lo habitual hubiese sido una prórroga, estipulada en dos años, por parte de la entidad financiera, porque de otro modo habría sido normal que la compañía presidida por Javier Torres hubiese convocado ya una nueva licitación. Pero los planes del Gobierno trastocan y amenazan este negocio de los fondos.
Estos cambios también afectan a los contratos, de menor cuantía, de Serviland (filial de Servihabitat, del fondo Lone Star), que gestiona los suelos del banco malo, y cuyo acuerdo se renovó el pasado año hasta verano de 2026, por lo que este contrato estaría más blindado. Igualmente, impacta sobre el de vivienda social, un trabajo que actualmente recae en Servihabitat y que vence en julio.
Desde el Ministerio de Vivienda liderado por Isabel Rodríguez se explica que se están estudiando fórmulas de gestión de esos activos por la nueva entidad, que tiene como germen a la actual empresa pública de suelo Sepes, una compañía que está elaborando el plan estratégico y establecerá fórmulas de colaboración para su gestión.
Por su parte, desde Sareb se explica que no se ha tomado todavía ninguna decisión sobre si se renovará a estos gestores, conocidos en la jerga del sector como servicers, para lo que tendría que llevarlo a un próximo consejo de administración. En cualquier caso, si Aliseda/Anticipa e Hipogés continúan, será para la administración de una cartera muy mermada.
A fecha del primer semestre de 2024, de los 21.506 millones en la cartera de Sareb, 13.491 corresponde a activos inmobiliarios y el resto son préstamos con colateral inmobiliario, unos créditos tóxicos también gestionados por Aliseda/Anticipa e Hipogés.
La gran incógnita es cómo va a gestionar la Empresa Pública de Vivienda esta cartera de vivienda y suelo que llegará desde Sareb. A esta última entidad financiera, creada en 2012 y controlada en un 51% por el FROB (dependiente del Ministerio de Economía encabezado por Carlos Cuerpo), le ha costado años tener una maquinaria engrasada de gestión, desde 2022 con la ayuda de Hipogés y Aliseda/Anticipa, y anteriormente con los servicers Altamira (doValue), Solvia (Intrum), Servihabitat (Lone Star) y el desaparecido Haya (ahora también en Intrum).
Si Sareb decidiese renovar con sus servicers, habrá que ver qué perímetro le queda a la entidad financiera después de traspasar su cartera residencial a la Empresa Pública de Vivienda. También está por ver cómo compensará el Ejecutivo al banco malo, en una factura que podría superar los 4.000 millones, tal como avanzó este diario este miércoles. Ese coste lo asumirán las arcas públicas, bien comprando a un precio tasado esas casas o bien mediante el repago de la deuda que la sociedad no haya podido amortizar con ese traspaso, ya que ese tipo de activos hasta ahora se ha ido comercializando entre inversores y familias.
El Ejecutivo avanzó que la Empresa Pública de Vivienda traspasará de forma casi inmediata 13.000 casas, en este caso provenientes del programa de vivienda social de Sareb. Algo más de la mitad de esas residencias están alquiladas y el resto vacías. Pero hasta las 40.000 unidades anunciadas por el Gobierno hay muchas diferente situaciones, porque esta entidad es una máquina de transformar créditos o viviendas con alguna problemática en pisos vacíos para poner a la venta. Una parte se encuentran en procesos judiciales para que Sareb se haga con la adjudicación del activo, otra porción están okupadas irregularmente y, además, en otros casos pueden tener alquileres convencionales a precio de mercado. Por último, habrá una parte muy complicada de calcular que corresponda a préstamos fallidos con colateral inmobiliario que todavía no haya llegado a la fase en la que esta sociedad pueda reclamar la propiedad.
A esa cartera hay que sumar los suelos del conocido como Proyecto Viena, una operación encargada por Sareb a PwC. La entidad tiene en marcha un proceso de venta de terrenos para inversores, que tienen hasta el 20 de enero para presentar ofertas, y que se encargarán de construir y gestionar 3.800 casas, en una primera etapa, de alquiler asequible. Pero actualmente se asume que la Empresa Pública de Vivienda se hará con todo ese suelo.
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