Certificados sanitarios a carne, fruta y verdura o impuestos a la cerveza: las otras barreras no arancelarias de Trump
Las empresas españolas también tienen prácticamente prohibido el acceso al mercado de la contratación pública, que mueve cada año 548.000 millones de euros
La imposición de un arancel único del 10% a las exportaciones a Estados Unidos ha sido un golpe durísimo para las cuentas de resultados de muchas empresas españolas que tenían a la primera economía mundial como uno de sus principales clientes. Ese giro proteccionista de EE UU, sin embargo, no es nuevo ni es patrimonio exclusivo de Donald Trump, sino que también se ha producido en la anterior legislatura de Joe Biden y ha afectado de lleno a sectores productivos del tejido español.
La Secretaría de Estado de Comercio recopila en una página web (barrerascomerciales.es) los distintos obstáculos que se encuentran, tanto arancelarios como no arancelarios, los exportadores españoles en su aventura internacional a través de las denuncias que transmiten las propias empresas a la red de oficinas económicas y comerciales en los países donde operan. En la actualidad, esa página web recopila hasta nueve denuncias diferentes sin resolver en EE UU y la gran mayoría son obstáculos no arancelarios, en las que no se impone un gravamen adicional a las venta, pero sí se establece un veto por razones sanitarias, fiscales o por discriminación frente a los productores locales, lo que de facto cierra las puertas de ese mercado, tal como ha sucedido con los nuevos aranceles.
El caso más paradigmático es el de la discriminación en la contratación pública federal, que mueve en torno a 600.000 millones de dólares (548.000 millones de euros) anuales. De esa cantidad, tan solo 19.180 millones (un 3,5%) correspondieron a compras de productos extranjeros. “La normativa impone muchas limitaciones e incertidumbre para que los suministradores extranjeros puedan competir en los procesos de contratación, que en la práctica en muchos casos solo es posible la contratación pública mediante el establecimiento directo de la empresa en EE UU. Estas barreras a la competencia externa imponen mayores precios y mayores costes de transacción en las compras públicas, en las que compiten empresas estadounidenses de capital español”, recalca el último informe de la Secretaría de Estado de Comercio.
Los productores de carne, frutas y hortalizas frescas tienen que sortear desde hace años barreras de acceso al mercado estadounidense, pero no arancelarias, sino sanitarias. En el caso de la carne, las empresas españolas solo pueden exportar determinados productos de cerdo, procedentes de establecimientos previamente autorizados y acompañados de los correspondientes certificados que acrediten que el producto cumple con todos los requisitos de salud pública. Existe un listado oficial en el que solo aparecen 54 establecimientos autorizados por el Departamento de Agricultura de EE UU, (52 de porcino y 2 de ovino) entre los que se encuentran multinacionales como Campofrío, Sánchez Romero o Noel.
Giuseppe Aloisio, director general de la Asociación Nacional de Industrias de la Carne Española (Anice), que representa a 600 empresas, recalca que el mercado estadounidense siempre ha sido complejo para los productores españoles por el gran número de requisitos para exportar. “En lo que se refiere a salud pública, una empresa debe cumplir muchos requerimientos para ser incluida en la lista de establecimientos autorizados. En cuanto a sanidad animal, EE UU reconoce a España como país libre de enfermedades, pero no libre de riesgo, porque tiene intercambios comerciales con otras regiones que sí se consideran infectadas”. En cualquier caso, Aloisio reconoce que EE UU es un objetivo comercial a medio o largo plazo por su alta capacidad de gasto. “Es el décimo destino en volumen y el octavo en valor. Exportamos 14.200 toneladas anuales por 103 millones de euros, apenas el 1% del total del sector, pero el cliente es de alto valor añadido, con lo que un alza del precio creemos que no le va afectar”
Por su parte, los exportadores de frutas y hortalizas denuncian que al margen de los exhaustivos controles del Servicio de Inspección de Animales y Plantas, dependiente del Ministerio de Agricultura, hasta que se logra una autorización (el proceso puede demorarse varios años) para exportar, la consecución de la misma puede alargarse por otras cuestiones, “difíciles de justificar por la parte estadounidense, en las que, a pesar de cumplirse con todos los requisitos exigidos, EE UU no llega a publicar su autorización, como en el caso de las peras y las manzanas”.
Los fabricantes españoles de bebidas alcohólicas también tienen que sortear una importante barrera comercial, ya que el sistema estadounidense establece como obligatorio un sistema en el que las empresas tienen que ser al mismo tiempo productor, distribuidor y minorista, con el fin de garantizar el cobro de los impuestos por parte del gobierno federal y de los estados. En realidad, ese sistema lo que provoca es que en la mayoría de casos, tal y como describe la última actualización de la Secretaría de Estado de Comercio, “solo las bodegas americanas son elegibles para la obtención de estos permisos. Ello genera en la práctica una clara situación discriminatoria hacia las bebidas importadas”.
A ello se suma el castigo fiscal que sufre el sector de la cerveza por dos vías: la primera es que el impuesto es mucho mayor si el productor es extranjero que si es nacional y la segunda se resume en las dificultades para aplicarse el beneficio desde que en 2017 se aprobó la reforma fiscal para la modernización de los productores de cerveza. En ella se introdujo un crédito fiscal limitado a los primeros hectolitros elaborados por los productores de vino, cerveza y bebidas destiladas. Este texto, sin embargo, no tuvo en cuenta el concepto de holding empresarial para las empresas extranjeras. De esta manera una empresa matriz y las empresas pertenecientes al mismo grupo son consideradas como un único ente y, por tanto, solo pueden optar a una única rebaja fiscal.
Al margen de la discriminación en favor de los productores locales, incentivada por las políticas de reindustrialización y relocalización de empresas a través del Make America Great Again (MAGA), y de las exigencias sanitarias, también existen otras normas que elevan el riesgo de las inversiones extranjeras. Es el caso de la ley Helms-Burton y la reactivación de su capítulo III, que establecía la posibilidad de que cualquier ciudadano con nacionalidad estadounidense pudiera demandar a cualquier persona o empresa que “trafique” con activos que le han sido expropiados por el gobierno cubano. Asimismo, el título IV de la misma ley abre la puerta a denegar la entrada en Estados Unidos a los ejecutivos y propietarios de las empresas implicadas. El Departamento de Justicia de EE UU ha contabilizado 5.913 reclamaciones por un importe de 1.851 millones de dólares (1.694 millones de euros), entre ellas las que se han interpuesto contra Meliá e Iberostar. Todas han sido desestimadas en los tribunales.
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