Cuatro gigantes de los cruceros esquivan una multa de 404 millones por ‘traficar’ con bienes expropiados por Cuba
Un tribunal de apelaciones de EE UU revoca una sentencia de 2022 que condenaba a Carnival, Royal Caribbean, Norwegian Cruise Line y MSC a abonar esa cantidad a Havana Docks, la firma que construyó y gestionó la terminal de cruceros del Puerto de La Habana hasta 1960
Balón de oxígeno para cuatro gigantes de los cruceros (Carnival, Royal Caribbean, Norwegian Cruise Line y MSC Cruceros) en su periplo judicial contra la administración estadounidense por el endurecimiento de las sanciones a Cuba que aprobó Donald Trump en 2019. En esa fecha, el actual candidato republicano a los comicios del próximo 22 de noviembre activó, tras más de 20 años de suspensión, el título III de la Ley Helms-Burton, que permitía a los residentes estadounidenses demandar a cualquier persona física o jurídica, “que a sabiendas e intencionalmente, traficara con bienes que les hubieran sido confiscados por el Gobierno cubano desde el 1 de enero de 1959″.
Esas cuatro compañías fueron demandadas por Havana Docks, la compañía que construyó y gestionó la terminal de cruceros del puerto de La Habana hasta que el gobierno cubano lo expropió en 1960, ante la justicia estadounidense, que dictó una sentencia histórica el 30 de diciembre de 2022, asumiendo la existencia de todos los requisitos necesarios para admitir que se había “traficado” con esos bienes y por lo que condenó a cada una de las cuatro de las navieras al pago de 101 millones de euros, en concepto de los daños ocasionados, que equivalían al triple del perjuicio ocasionado con la expropiación. Royal Caribbean recurrió ante el Tribunal de Apelación número 11, que es el que ha anulado la sanción de 2022 en una sentencia hecha pública el pasado 22 de octubre, en la que establece que la concesión de Havana Docks para operar la terminal de cruceros era de 99 años y acababa en 2004, “no extendiéndose a los años 2016-2019, ejercicios en los que se produjeron los hechos que Havana Docks pretende que sustenten su derecho a indemnización”, subraya Ignacio Aparicio, socio ejecutivo de Andersen en Iberia en un análisis sobre la citada sentencia, en el que aclara que el Tribunal niega que la concesión a Havana Docks “constituyera un derecho de manera vitalicia”.
En opinión de Aparicio, los antecedentes fijados por esta sentencia cambian nuevamente las reglas de juego en cuanto a la Ley Helms-Burton, “aunque todavía está abierta para Havana Docks la posibilidad de pedir audiencia con el pleno de los 12 jueces del Tribunal o acudir a la Corte Suprema de EE UU en última instancia”. El socio ejecutivo de Andersen alerta que este pronunciamiento se puede ver afectado por el devenir de otras reclamaciones presentadas contra otras filiales del grupo Carnival por tráfico en el Puerto de la Habana entre 1996 y 2001.
Entre las empresas españolas, la más afectada por las reclamaciones ligadas al título II de la Ley Helms Burton fue Meliá, la hotelera con mayor presencia en Cuba, con 36 activos (12 en Varadero, 5 en La Habana, Cayo Santa María y Cayo Coco, respectivamente; cuatro en Cienfuegos, tres en Holguín, uno en Santiago de Cuba y otro en Trinidad). La compañía balear ha visto como los tribunales de EE UU y los de España han desestimado todas y cada una de las demandas presentadas por ciudadanos estadounidenses. La última, interpuesta por la compañía estadounidense Central Santa Lucía, reclamaba a Meliá el pago de 150 millones de euros y fue rechazada por la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca el pasado mes de mayo.
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