Al banquillo la trama británica que extorsionaba a los hoteles con falsas intoxicaciones alimentarias en Magaluf
Las acusaciones piden entre seis y ocho años de cárcel para los ocho acusados por integración en organización criminal y estafa agravada
Los hoteles de Baleares ya disfrutan de la victoria cosechada en la primera batalla contra la trama británica que les extorsionaba antes de la pandemia con reclamaciones colectivas por falsas intoxicaciones alimentarias. Un juzgado de Palma de Mallorca ha dictado auto de apertura de juicio oral contra ocho acusados, para los que se piden penas de cárcel de entre ocho y seis años por integración en organización criminal y estafa agravada.
Se trata de la primera vez en la que un fraude de este tipo, muy común entre 2014 y 2017 con un coste anual para los hoteles de 50 millones de euros, según los cálculos de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM), acaba en sede judicial y servirá, según la acusación, para sentar un precedente que con toda seguridad disuadirá de forma definitiva a aquellos que quieran volver a intentarlo.
El modus operandi que utilizaba esta trama era siempre el mismo: un miembro de la red se encargaba de peinar los hoteles en Magaluf (Mallorca), una de las zonas preferidas por el turismo británico, en busca de viajeros que estuvieran dispuestos a participar en una estafa con el incentivo de poder costearse las vacaciones. Solo tenían que fingir una supuesta intoxicación alimentaria con la que reclamar al turoperador una indemnización económica en el Reino Unido.
Los grandes operadores británicos, como Thomas Cook (quebró en 2019), TUI o Jet2, optaban masivamente por alcanzar un acuerdo con los viajeros para esquivar el juicio, por lo que solían abonar las indemnizaciones y posteriormente se la descontaban a los hoteles. “Los turoperadores tenían que asumir los gastos de defensa tanto si ganaban como si perdían el juicio y muchos preferían pagar para ahorrarse los intereses”, señala Marc Ripoll, de Monlex Abogados, que incide que el endurecimiento de la legislación británica ha sido clave para rebajar el atractivo del delito. “La anterior norma permitía que siendo residente, comprando un paquete vacacional y contratando dos servicios conexos (seguro o desplazamientos, entre otros), cada turista dispusiera de tres años para reclamar daños y perjuicios”. Los ticketeros que repartían propaganda en la puerta de los hoteles en busca de clientes prometían indemnizaciones de hasta 40.000 libras (47.000 euros).
“Todo eso se cortó de raíz en el momento en el que iniciamos las acciones penales. La investigación y la demanda tuvieron un efecto fulminante y se paralizaron todas las reclamaciones colectivas”, asegura Carolina Ruiz, abogada en Monlex Abogados y letrada de MAC Hotels, una de las tres compañías que, junto a FEHM y AMLA Explotaciones Turísticas, presentó la denuncia contra esta trama. Ruiz señala que desarrollaron una investigación minuciosa con detectives para poder certificar la estafa. “No tenía ningún sentido que solo los turistas británicos cayeran enfermos y no los alemanes, los franceses o los nórdicos, cuando todos compartían las mismas instalaciones y la misma comida. Además ese riesgo ya estaba cubierto por el seguro de responsabilidad civil”. De hecho resalta que solo una de las cadenas demandantes llegó a acumular hasta 800 reclamaciones, cuando solo 38 huéspedes le habían solicitado asistencia médica.
Preguntada sobre una fecha para el arranque del juicio, la letrada de la acusación considera que con toda seguridad no se celebrará hasta 2025. “Hay ocho acusados y el juez tiene que dar traslado a las defensas y hacer un primer señalamiento. Además hay testigos extranjeros y la causa no está digitalizada”, recalca Ruiz, que incide en la importancia de que esta causa se dirima finalmente en la Audiencia Provincial de Baleares.
El cerco judicial en Baleares hizo saltar a estas tramas a otros grandes destinos del turismo británico. Una de las últimas reclamaciones colectivas tuvo como protagonista al turoperador alemán TUI, que afrontó en noviembre de 2022 una demanda colectiva de la firma de abogadas británica Irwin Mitchell, con sede en Sheffield (Reino Unido), en representación de 540 turistas británicos que viajaron en el verano de 2022 a Cabo Verde y que se vieron afectados por distintos trastornos gástricos, achacados al mal estado de los alimentos servidos en algunos establecimientos hoteleros del archipiélago.
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