Italia confirma la ola estatalizadora de las ‘telecos’ europeas tras retomar el control de TIM
El protagonismo del Estado en las grandes operadoras de la UE deja en entredicho el reclamo a Bruselas de que permita las fusiones transfronterizas
El Estado italiano, a través del servicio postal estatal Poste Italiane, ha retomado el control de Telecom Italia (TIM) tras alcanzar casi el 25% del capital, superando a Vivendi como mayor inversor de la compañía telefónica y poniendo fin a la década de permanencia del conglomerado mediático francés en la empresa italiana. El movimiento del Gobierno italiano confirma la ola estatalizadora que se ha impuesto en el sector de las telecomunicaciones europeo, donde los antiguos monopolios telefónicos, con la única excepción de la británica BT, permanecen o han vuelto bajo el control del Estado pese a su apariencia formal de empresas privatizadas. Y deja en entredicho la reclamación formal que esas grandes operadoras han hecho recientemente a Bruselas para que relaje sus normas de Competencia y permita las fusiones transfronterizas con el objetivo de crear grandes campeones europeos que puedan hacer frente a los gigantes de Estados Unidos o China.
Poste Italiane, que hasta ahora era propietaria de cerca del 10% de Telecom Italia, compró una participación adicional del 15% a Vivendi por 684 millones de euros (a 0,2975 euros por acción), según comunicó el organismo postal a la Bolsa de Valores este fin de semana. El acuerdo permite a Poste mantenerse por debajo del umbral que le obligaría a presentar una oferta pública de adquisición (opa) obligatoria según la normativa italiana. El cierre de la operación está previsto para el primer semestre de este año.
La operación responde al objetivo del Ejecutivo de Meloni de mantener el control estatal sobre las industrias estratégicas como las telecomunicaciones o la energía. Poste Italiane está controlado por la Cassa Depositi e Prestiti y el Ministerio de Finanzas. “La transacción representa una inversión estratégica para Poste Italiane, realizada con el objetivo de desempeñar el papel de accionista industrial a largo plazo, generando sinergias entre Poste Italiane y Telecom Italia”, dijo Poste.
Telecom Italia arrastraba un elevado endeudamiento que le forzó en 2024 a vender su red de telefonía fija al fondo KKR por 22.000 millones de euros. Sin embargo, esa reducción del pasivo le había puesto en el objetivo de los inversores privados como fondos dado su atractivo valor en Bolsa, por lo que el Gobierno italiano ha decidido reaccionar ante una posible opa. La primera ministra, Giorgia Meloni, respaldó el mes pasado un canje de participaciones que permitió a Poste hacerse con una participación del 9,8% en Telecom Italia del prestamista estatal Cassa Depositi e Prestiti (CDP). La entidad financiera, a su vez, recibió la participación del 3,8% de Poste en Nexi, especialista en pagos.
Desde que llegó al poder en 2022, el gobierno nacionalista de Meloni ha vigilado de cerca a las empresas que considera “campeonas nacionales”. Esa idea se ha traducido en esfuerzos por alejar las compras extranjeras de activos italianos, ya sea reuniendo a inversores locales o recurriendo a la disposición de la acción de oro, que permite al Estado bloquear adquisiciones de activos estratégicos en algunos casos.
La administración ve en Poste un encaje natural para Telecom Italia, dado que el operador postal ya gestiona el mayor operador móvil virtual del país. Además de sus negocios tradicionales de gestionar el servicio de correos de Italia y ofrecer cuentas de ahorro, Poste se ha diversificado en los sectores de la energía, los seguros y las telecomunicaciones. Cuenta con unos 120.000 empleados y unas 13.000 sedes en todo el país. El año pasado, Poste registró unas ventas de 12.600 millones de euros y un beneficio neto superior a los 2.000 millones de euros.
Por su parte, para Vivendi el fin de su aventura italiana le ha dejado unas pérdidas de más de 3.000 millones de euros. El desembarco se inició en 2014 con un intercambio de participaciones en Brasil con Telefónica, que llegó a controlar cerca del 24% de la operadora italiana, y a la que también le supuso pérdidas millonarias de más de 1.200 millones de euros. Tras desprenderse del 15%, el consorcio de Vincent Bolloré, conserva un 2,51% del capital ordinario de TIM. Al mismo tiempo, Poste Italiane supera el 24% y ha aclarado que no ampliará más su participación para evitar el umbral que obligaría a lanzar una opa.
Control estatal
La operación italiana tiene muchos parecidos con la compra por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en mayo de 2024 del 10% del capital social de Telefónica por 2.284 millones de euros, para convertirse en su primer accionista, revirtiendo la completa privatización de la operadora que se produjo en 1997.
Pero ni Telefónica ni TIM son las únicas grandes telcos europeas bajo tutela estatal. Deutsche Telekom está mayoritariamente en manos públicas, con un 27,8% del capital; el Estado francés controla Orange, con su participación del 23%; en Suiza, el peso estatal en Swisscom es el 51%; en Austria, el Estado tiene el 28,4% de Telekom Austria; en Bélgica, el Estado es dueño de casi el 54% de Proximus, la antigua Belgacom. En los países nórdicos, la intervención gubernamental es aún más amplia. En Suecia, por ejemplo, el Estado sueco tiene el 40% de Telia; la noruega Telenor está en un 54% en manos del Ministerio de Industria y Comercio del país; y Finlandia, por su parte, tiene el 10% de Elisa OYJ a través de Solidium, un fondo de inversión estatal.
La presencia mayoritaria de los Estados en el capital de las principales telecos europeas, con el consiguiente control indirecto de la gestión –o al menos de las decisiones importantes como las operaciones corporativas- de los respectivos gobiernos, contrasta con la petición a coro de los principales responsables de esas operadoras semiestatales de que la Unión Europea relaje sus estrictas normas de competencia y permita las grandes fusiones transfronterizas en el sector.
Una demanda que se hizo patente en el último Mobile World Congress (MWC) celebrado el pasado mes de marzo en Barcelona. En el evento, los máximos gestores de las principales operadoras europeas (Orange, Deutsche Telekom y Telefónica, entre otras) se quejaron de la fragmentación del mercado de las telecomunicaciones de la UE en contraste con la concentración en Estados Unidos y China, donde tres o cuatro grandes compañías telefónicas dominan el mercado, y culparon a Bruselas de esa atomización por su rigurosa legislación.
Un discurso que ha hecho suyo el nuevo presidente de Telefónica, Marc Murtra, que aprovechó su puesta de largo en el congreso mundial de móviles para reclamar que Europa tenga “un gran campeón de las telecomunicaciones”. “La Comisión Europea, los Estados miembros europeos, los reguladores y otros deben adaptar su normativa y sus objetivos para permitir la consolidación tecnológica y de las telecomunicaciones […]. Es tiempo para las compañías europeas. Debemos ser conscientes de que la excesiva fragmentación de las telecos europeas, el exceso de regulación y la insuficiente rentabilidad del sector han lastrado a Europa, que se ha quedado rezagada tecnológicamente”, dijo Murtra en su intervención en el MWC. Este mismo lunes, el nuevo consejero delegado de Telefónica, Emilio Gayo, ha corroborado que el grupo estudiará “cualquier opción que se nos plantee” de consolidación de negocio en España, Reino Unido o Alemania.
Sin embargo, ni el presidente de Telefónica ni sus homólogos en las grandes operadoras europeas han aclarado en sus intervenciones si, en caso de que Bruselas decidiera eliminar los obstáculos a las fusiones transfronterizas, cómo se evitarían los escudos antiopas con los que han blindado los Gobiernos a estas compañías y cómo se dirimiría la participación estatal de las empresas fusionadas. Es decir, que si Telefónica quisiera fusionarse con Orange o con Deutsche Telekom para crear una compañía asimilable en tamaño a los gigantes estadounidenses (AT&T, Verizon y T-Mobile) o chinos (China Mobile, China Unicom y China Telecom), el escollo primordial sería poner de acuerdo a los gobiernos de esos países para sacar adelante la operación, en asuntos tan trascendentes como solventar la estructura de control del capital o decidir al equipo gestor. Las condiciones que luego decidiera imponer la Comisión Europea serían solo una dificultad añadida.
Por eso, algunos analistas comentan que, en realidad, tras esas declaraciones hay cierto postureo europeista y, en realidad, se esconde la pretensión de los antiguos monopolios de de que las autoridades de Competencia sean más magnánimas con las fusiones en un mismo país y no tanto con uniones entre líderes de distintos estados. Es decir, que se muestre receptiva ante operaciones como la unión entre Orange y MásMóvil que dio lugar a MasOrange, pero a costa de imponerle fuertes condiciones (remedies). O se permitiera que Digi fuera adquirida por Telefónica.
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