La gran industria reclama un cupo de las subastas de renovables

AEGE pide a Transición que lo incluya en el decreto en trámite. Sería una opción en mejores condiciones de los PPA

La vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera participa en la apertura del curso académico de la Universidad de Deusto, en Madrid.Óscar Cañas (Europa Press)

Se trata de una vieja reivindicación que, a la vista de la nueva regulación de las subastas de capacidad renovable que tramita el Ministerio para la Transición Ecológica, los grandes consumidores de electricidad han vuelto a poner encima de la mesa. Concretamente, estos reclaman un cupo para contratos de la energía que se adjudique cada año a los productores de renovables en las subasta, al precio resultante en las mismas. No se trata de que ellos pujen por capacidad, sino de que se les reserve una parte de la producción de los adjudicatarios de las subastas anuales.

Actualmente, la industria electrointesiva representa un 15% de la demanda, de la cual, un 10% corresponde a las grandes plantas siderúrgicas, de aluminio o zinc asociadas en AEGE. Precisamente, esta asociación, que cuenta con el respaldo del Ministerio de Industria en su solicitud, ha mantenido conversaciones con el de Transición Ecológica para que el departamento que dirige Teresa Ribera tenga en cuenta su reclamación en la propuesta de real decreto que desarrolla el nuevo sistema de subastas, que aún no ha sido aprobado. El objetivo, aunque se eliminó del texto, es subastar 3.000 MW anuales.

La industria quiere ser contraparte en el resultado de las nuevas subastas verdes “como una alternativa” a los contratos privados de suministro de electricidad a largo plazo (los llamados PPA) para emular el modelo francés, según el cual, el Estado, a través de EDF, reserva una parte de la producción nuclear para la industria gala a un precio competitivo y a largo plazo.

En España, sería la energía renovable la que desempeñase ese papel. El mayor escollo, planteado en su día por el Ministerio de Economía, es que los contratos de suministro de esa energía necesitan el aval del Estado. Porque no es lo mismo para los productores de renovables vender su energía durante 20 años (al precio resultante de la subasta) al sistema eléctrico, que a empresas privadas que no pueden garantizar que puedan respetar los contratos durante tantos años.

Sin embargo, según fuentes de la industria, ese problema ha quedado resuelto con el llamado Estatuto Electrointensivo que el Ministerio de Industria lleva elaborando desde hace dos años y que podría ver la luz en octubre. Entre los objetivos del estatuto está paliar los costes de los derechos de emisión de CO2 y rebajar la factura eléctrica a las grandes compañías industriales dentro de la legalidad comunitaria. Para esto último, se establece un mecanismo de cobertura pública para los contratos de compraventa de energía a largo plazo por parte de la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (Cesce) a través de un fondo y de otras garantías. En junio el Gobierno aprobó una dotación para este fondo de 200 millones de euros anuales, para cubrir como máximo 600 millones en tres años.

Crear un mercado

Según explicó en su día el ministerio que dirige Reyes Maroto, se trata de generar un mercado donde ahora este falla, pues no hay contratos a 10 años de industrias con comercializadores y generadores de electricidad, debido a que las altas garantías que se exigen a las empresas, lo que hace que ahora estos contratos no se prolonguen más allá de tres o cuatro años. Para que las industrias puedan obtener esas garantías para PPA previstas en el estatuto, estas deberán contratar al menos por cinco años un 10% de su consumo anual, una vez que arranque el fondo.

Aunque fuentes de los grandes consumidores aseguran que el Ministerio de Transición Ecológica ve con buenos ojos su petición, este mostró en su dia una cierta resistencia, ya que reservar para la industria una parte de la producción que se derive de las subastas a un precio fijo (se calcula que se adjudicarán a un precio de entre 20 y 25 euros/MWh) es dejar sin ella a consumidores pequeños o medianos.

Además, la aplicación de un cupo industrial y otro general en las subastas verdes no es fácil. Por el momento, recuerdan las interesadas, una norma de 2018 eliminó la obligación de que un consumidor contrate la energía con un único comercializador, sino que podría hacerlo con más de uno. Pero esa norma está aún por desarrollar.

¿Se celebrará este año alguna subasta?

 

Plazo. El 24 de junio, el Consejo de Ministros aprobó un real decreto ley que fijaba, entre otros, el nuevo sistema de subastas de renovables basado en el precio de la energía producida y no de la inversión. Un mecanismo largamente reclamado por el sector. A dicho RDL le siguió una propuesta de RD, aún en trámite (cada subasta se convocará después mediante una orden ministerial). Pese a la promesa del ministerio de convocar este año la primera, pocos confían ya en que dé tiempo a ello.

 

 

Malestar. De momento, la propuesta de RD que desarrolla las condiciones de las subastas ha creado un gran malestar entre las comercializadoras, grandes y pequeñas. Y es que el RD establece que el precio resultante de la puja (que se garantiza al adjudicatario 20 años) no se liquidará en los peajes, sino en el precio de la energía de la factura de los consumidores. Por tanto, la liquidación no correrá a cargo del operador del sistema (REE), sino del operador del mercado (OMIE) que trasladará el sobrecoste o sobreingreso a las comercializadoras hora a hora. Estas dicen enfrentarse a un serio problema a la hora de ofrecer un precio a su cliente, que ahora lo hace estimando su consumo y el coste de la energía que ellas compran a plazo en el mercado.