El Gobierno diseña subastas de renovables que permitan competir al pequeño inversor

Se aplicará el sistema 'pay as bid' por lo que no se adjudicarán al precio marginal, sino al que ofrezca el adjudicatario

Parque eólico y planta fotovoltaica, en Almansa (Albacete).
Parque eólico y planta fotovoltaica, en Almansa (Albacete). Getty Images

El Ministerio para la Transición Ecológica está elaborando las nuevas reglas de funcionamiento de las futuras subastas de energías renovables. Una regulación que dejó pendiente el anterior Gobierno y que en el sector consideran urgente para que se pueda cumplir la promesa de la titular del departamento, Teresa Ribera, de subastar 3.000 MW de capacidad al año.

Aunque ya existe una regulación, la que aprobó el exministro de Energía, Álvaro Nadal, bajo cuyo mandato se realizaron en España las primeras subastas de este tipo (una en 2016 y dos en 2017, en las que se adjudicaron hasta 8.000 MW eólicos y fotovoltaicos) el anterior Gobierno de Pedro Sánchez aceptó la petición del sector de cambiar la fórmula. Así, en lugar de subastar potencia como hasta ahora (MW) se subastará producción (MWh). En otras palabras, no se adjudicará capacidad a quien esté dispuesto a construir proyectos con la menor inversión, sino al que ofrezca el mejor precio de generación.

Un cambio, ya conocido, que implica una modificación de la Ley del Sector Eléctrico, que se hará aprovechando la tramitación parlamentaria del proyecto de Ley de Transición Energética y Cambio Climático. Solo después, con la aprobación de la orden ministerial que desarrolle la ley, se conocerá la letra pequeña del funcionamiento de las subastas (cada una se regirá por la correspondiente orden).

Según fuentes conocedoras del proyecto, estas se basarán en tres puntos. En primer lugar, serán subastas monotecnológicas: o eólica o solar fotovoltaica o de biomasa, etc. No se mezclarán las adjudicaciones, aunque estas se podrán hacer en el mismo proceso.

En segundo lugar, se aplicará el sistema de pay as bid, lo que significa que no se pagará a todos los adjudicatarios el precio marginal, sino el precio que pida cada inversor que supere el proceso. Las pujas realizadas hasta ahora han sido marginalistas, esto es, al precio de la última oferta más baja resultante.

Con el nuevo sistema en elaboración, se pagaría a cada cual el precio que ofrezca si logran ser adjudicatarios (las ofertas más bajas) de la capacidad que se subaste. Según los críticos, la ventaja de pagar el marginal es que los inversores desvelan el precio más bajo que están dispuestos a pagar, en tanto, que con el sistema de pay as bid “los participantes apuestan a cuál será el marginal, se desordenan las ofertas y se puede adjudicar capacidad a proyectos menos eficientes”.

Un tercer punto que el Gobierno estudia es dejar una parte de la producción de cada proyecto (aún por determinar, quizás un 20%) fuera de la subasta, a mercado o riesgo. Así no se protegería el 100% y el Gobierno evitaría problemas con Brusela, indican las mismas fuentes.

Estas añaden que la intención del ministerio con este nuevo mecanismo es favorecer la financiación de los pequeños inversores que, frente a las grandes eléctricas, como Iberdrola (esta no ha acudido a ninguna de las subastas celebradas hasta ahora) y Endesa, prefieren que no se realicen para evitar la entrada de los pequeños competidores. Al tratarse de grandes corporaciones, no tienen problema ni para aportar los avales (las últimas, 60 euros kW) que exige la regulación ni para financiar los proyectos.

A finales de noviembre, el Ministerio para la Transición Ecológica quiso introducir la modificación de la Ley Eléctrica que habría permitido desbloquear las subastas en el Real Decreto Ley sobre la nueva retribución de las renovables para el periodo regulatorio que comenzó el 1 de enero. Finalmente, el Gobierno en funciones, que tuvo que someter la convalidación de dicho RDL a la Diputación Permanente del Congreso, optó por evitar problemas y lo sacó finalmente del texto.

En relación a dicha retribución, la CNMC ya ha aprobado el dictamen sobre el real decreto de parámetros que desarrolla ese RDL, con los que cada instalación podrá comprobar su retribución exacta: por un periodo de 12 años para las plantas cuyos inversores renuncien a arbitrajes internacionales contra España por los recortes a los ingresos de las empresas aprobados por el Gobierno de Mariano Rajoy 2013 y de seis años para los que opten por seguir adelante con los pleitos.

 

Asignaturas pendientes en energía

El Gobierno anunció recientemente la elaboración de un Plan de Emergencia Climática, con 100 medidas, que presentará antes de tres meses. Entre dichas medidas, figura la Ley de Transición Energética y Cambio Climáticos, que incluirá el desbloqueo de las subastas de renovables, la llamada transición justa y el Real Decreto de acceso y conexión a las redes eléctricas, ligada a la anterior. En este caso, es necesario una coordinación entre el Ministerio de Transición Ecológica y la CNMC (esta tienen pendiente de aprobar una circular al respecto), ya que comparten las competencias en este campo.

En energía, el departamento que dirige Teresa Ribera debe elaborar la llamada metodología de cargos de los peajes eléctricos que, junto con la que ha elaborado la CNMC sobre los costes regulados de dichos peajes y que entró en vigor la semana pasada, permitirá aplicar las nuevas tarifas de acceso (con varios periodos horarios) a los consumidores en 2021.

Con esa circular, CNMC habrá concluido el trámite de aprobación de 14 circulares normativas sobre energía, que establece la ley que regula al propio organismo.

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