España gana dos arbitrajes a inversores internacionales por el recorte a las renovables
El CIADI (Banco Mundial) ha dado la razón a la Abogacía del Estado en la reclamación planteada por la belga Sapec y la danesa European Solar Farms
Doble victoria de España contra los inversores internacionales que litigan contra el Estado por el recorte de las primas a las energías renovables acometido hace un decenio. El Centro Internacional de Arreglo de Disputas entre Inversores (CIADI) ha desestimado las reclamaciones planteadas por la compañía belga Sapec y la firma danesa European Solar Farms.
Aunque en ambos fallos ha habido un voto discrepante de alguno de los árbitros, la mayoría de ellos han llegado a la conclusión de que el derecho comunitario prevalece por encima de la aplicación del Tratado de la Carta de la Energía firmada por España para dirimir este tipo de cuestiones.
Con esta victoria, España acumularía al menos nueve victorias relacionadas con los recortes a las energías renovables, que han provocado una avalancha de 50 arbitrajes ante instancias internacionales. 25 de esos casos han resultado a favor de estos inversores internacionales, que actualmente están tratando de ejecutar dichos laudos en países como Reino Unido, EE UU o Australia.
Con estas dos nuevas victorias, España logra que la factura de reclamaciones no siga creciendo. Fuentes jurídicas señalan que un punto de inflexión se produjo en 2019, cuando el Gobierno aprobó por real decreto un mecanismo por el cual aquellos inversores que desistieran de sus pleitos podrían mantener una rentabilidad del 7,39% sobre su inversión hasta 2031.
Además, de las victorias logradas en el CIADI, también ha conseguido que los arbitrajes planteados ante la Cámara de Comercio de Estocolmo sean anulados. Mientras tanto, algunos tribunales de Reino Unido están reconociendo los laudos presentados por los inversores y embargando cautelarmente bienes del Reino de España como activos de donde podrían cobrar los inversores, dado que España se niega por ahora a indemnizar a los inversores.
Desde el Gobierno plantean que no pueden ir contra el derecho de la UE, que considera que su jurisdicción prevalece respecto de los acuerdos firmados bajo el Tratado de la Carta de la Energía. Además, el Ejecutivo plantea que no podría pagar sin el visto bueno de Bruselas, ya que dichos desembolsos podrían implicar una ayuda de Estado ilegal.
Estas dos nuevas victorias se producen después de que otros inversores hayan desistido de su reclamación frente a activos de Aena. Un tribunal británico dictaminó que los inversores podría cobrar sobre los derechos que tiene Aena en el aeropuerto de Lutton. Sin embargo, tras negociaciones entre las partes, estos inversores retiraron dicha reclamación.
