La parte de la factura de la luz que fija Transición subirá un 33% para un consumidor tipo en enero
El fin del superávit eléctrico, que el Gobierno utilizó por la crisis, y la caída de precios hacen aumentar un 39% los cargos que financian las renovables o la deuda del sistema
El Ministerio para la Transición Ecológica ha sacado a audiencia e información pública hasta el 19 de diciembre el proyecto de orden por la que se establecen a partir del 1 de enero de 2025 los cargos del sistema eléctrico (con los que se financian partidas como las subvenciones de ciertas instalaciones de renovables; las de los sistemas extrapeninsulares o el coste de la deuda eléctrica) y diversos costes regulados del sistema eléctrico para el ejercicio 2025, así como el del bono social de los vulnerables y su reparto. Según dicho texto, estos cargos subirán un 33% para un consumidor tipo, el que utiliza la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), con 3,5 kW de potencia contratada y 213 kW de consumo al año.
En cuanto al coste total agregado, la subida en 2025 respecto a 2024 es aún mayor, hasta un 39%, ya que los cargos para el año pasado (que aún no se han liquidado) ascienden a 2.532 millones frente a la previsión del ministerio que dirige Sara Aagesen, de 3.527 millones de euros para el próximo ejercicio. La razón principal está en que el superávit del sistema de 2023, que excepcionalmente se destinó a congelar los cargos en 2024 para paliar la crisis económica, se ha agotado, y los menores precios del mercado han mermado la recaudación fiscal para el sistema.
Los cargos son una de las partes fijas de la factura eléctrica, la otra son los peajes de acceso a las redes de transporte y distribución, cuya potestad es de la CNMC. Esta ya hizo su propuesta de revisión para 2025 hace más de un mes, que en su caso se saldará con una rebaja media del 4%. El descenso para los domésticos también será del 4% (tarifa 2.0). Los cargos representan menos de la mitad que los peajes en el recibo.
Según la memoria del proyecto de orden ministerial conocido este martes, la previsión del importe total de los cargos del sistema eléctrico para el próximo año asciende a unos 7.446 millones de euros, mientras que los ingresos destinados a compensar estos cargos suman 3.919 millones de euros, procedentes de los impuestos aprobados en 2012 para paliar el déficit de tarifa, y de las subastas de derechos de emisión de CO2, que recauda el Gobierno y destina, en parte, al sistema eléctrico. Restadas estas aportaciones y otra partida sustraída del último superávit del sistema, los cargos netos se elevarían a 3.527 millones de euros.
Menos ingresos
Las principales partidas corresponden al llamado Recore (Renovables, Cogeneración y Residuos con derecho a una retribución específica), al que irán 4.192 millones de euros; para los archipiélagos, Ceuta y Melilla, otros 836 millones, y 2.390 millones para el pago de las anualidades del déficit de tarifa a través del Fondo de Titulización del Déficit del Sistema Eléctrico (FADE), junto con los ajustes de financiación de dicho fondo en 2025. En mucha menor cuantía se destinan también los fondos para el servicio de interrumpibilidad de la industria (casi 10 millones de euros) o la tasa de la CNMC. Por su parte, los ingresos por tributos y subastas de CO2 ascienden a 3.704 millones de euros netos, a los que hay que añadir 189 millones derivados de la aplicación del Real Decreto-ley 8/2023, de 27 de diciembre, por lo que los cargos netos serán los citados 3.527 millones de euros.
Dicho real decreto incluyó una serie de medidas para afrontar las consecuencias económicas y sociales derivadas de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo, así como para paliar los efectos de la sequía. En él se estableció que, “de manera extraordinaria, se podrá destinar a los cargos del ejercicio 2024 un porcentaje del superávit del ejercicio 2023 en lo relativo a cargos que, en su caso, se produzca tras la liquidación de cierre de dicho ejercicio”. De esta manera los cargos se congelaron en 2024 en los niveles de 2023. Se trataba de una medida transitoria, ya que la ley prohíbe rebajar esta parte de la factura de la luz en tanto haya que pagar la deuda histórica derivada de los déficit de tarifa acumulados durante años.
En 2023 el superávit del sistema fue de 609 millones de euros, por lo que “para cerrar en equilibrio el ejercicio de 2024, según la información reportada por la CNMC, se requieren 420 millones. Por tanto, la diferencia, que se destina al año 2025, asciende a 189 millones”, indica la orden ministerial.
En realidad los cargos no se han disparado por los costes, que, de hecho, en muchos casos descienden (el Recore baja de 4.490 millones a 4.192 millones, y a la retribución de las islas se destinarán 86 millones menos). La razón está en la caída de ingresos, tanto del superávit, como de los procedentes de los tributos y el CO2, que descienden más de 315 millones de euros. Precisamente, entre estos tributos está el polémico 7% a la producción de todo tipo de energía eléctrica (que el PP y Junts han acordado poner fin aprovechando la tramitación parlamentaria del proyecto de ley por el que se regula el comercio de emisiones de CO), cuya recaudación ha bajado por el descenso de los precios de este año.
Además de determinar los costes e ingresos antes citados, la orden fila la dotación del fondo para la financiación del Plan General de Residuos Radiactivos correspondiente a la segunda parte del ciclo combustible nuclear, la retribución de la CNMC o los precios de los pagos por capacidad.
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