Ribera pide a la CNMC una mejora de la retribución de las redes eléctricas para garantizar las inversiones
En una orden ministerial, Transición Ecológica da orientaciones para calcular la nueva tasa financiera a 2031 y pide que el regulador tenga en cuenta la creciente demanda y el acceso al crédito de las empresas
La batalla por una mejora de la tasa de la retribución financiera (TRF) de las redes eléctricas -distribución y transporte- no ha hecho más que comenzar. La dirección de Energía de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) está elaborando la nueva metodología de cálculo de esta tasa para el periodo 2026-2031, tras las alegaciones que han presentado las compañías distribuidoras (Endesa, Iberdrola, Naturgy y EDP) y la transportista, Red Eléctrica.
Las asociaciones de las grandes eléctricas (Aelec) y de las pequeñas (Cide y Aseme) se han unido en esta ocasión para reclamar una importante mejora que les permita afrontar las inversiones en nueva capacidad, en un momento clave para la electrificación de la economía y de gran demanda por la instalación de centros de datos.
En medio del proceso, el Ministerio para la Transición Ecológica, que, aunque no tiene potestad para aprobar dicha retribución (competencia que corresponde a la CNMC, que aprobará la nueva TRF a través de una circular, que incluye el transporte de gas y la regasificación), sí la tiene para dar orientaciones de política energética. A ello responde la orden ministerial que el departamento que aún dirige Teresa Ribera publicó en el BOE este jueves, en el que se alinea con las compañías al solicitar indirectamente una mejora de la retribución.
La rentabilidad en estos momentos se sitúa en el 5,8% y el sector reclama alrededor del 8% (una horquilla entre el 7,3% y el 8,7%). En las orientaciones que, según el ministerio, deberían inspirar el cálculo de la TRF destaca la importancia de tener en cuenta “el contexto actual de aceleración de la transición energética y, por tanto, el elevado grado de competencia para el acceso a mercados de capital”. Esta orden puede ser una de las últimas medidas que adopte Ribera, futura vicepresidenta de la UE, en el ministerio que ha ocupado desde 2018.
En un contexto global de necesidad de captación de inversiones, aquellos países con tasas de retribución superiores tendrán una posición privilegiada a la hora de atraer inversiones, señalan las empresas. Así, España, “si como parece que se pretende”, tuviera una tasa del 6,5% (propuesta que, según las empresas del sector, plantea la CNMC), “perdería atractivo respecto a otros socios europeos, como Italia, Noruega o Grecia, cuya tasa de retribución financiera es del 8,9%, 8,2% o 6,7%, respectivamente”, recalcan en las compañías.
Y es que el terreno de juego no es solo europeo, sino que España y las empresas compiten en un contexto global, por lo que países como Estados Unidos y su retorno a la inversión (8,5%), restarían atractivo a España a la hora de captar inversiones en redes, insisten las compañías
La orden recoge una serie de recomendaciones para que sean consideradas en la modificación de la circular ahora vigente (2/2019). Según la misma, la fórmula para el cálculo de la tasa de retribución financiera deberá tenerse en cuenta que las inversiones en infraestructuras se producen en un contexto de aceleración de la transición energética a nivel global, en particular en Europa, con una alta competencia para el acceso a los mercados de capitales. Y muy especialmente, deberá atender “la creciente demanda eléctrica vinculada a la movilidad libre de emisiones, la electrificación de la industria y el despliegue de los nuevos vectores energéticos, al mismo tiempo que facilite la integración de energía renovable para dar cobertura a esa nueva demanda”.
Asimismo, en el diseño de la metodología de cálculo de la TRF se considerará la posibilidad de modificar la metodología de cálculo de la rentabilidad libre de riesgo, así como la metodología de cálculo del coste de la deuda, especialmente, buscando suavizar el efecto de los eventos excepcionales del pasado en la determinación de la rentabilidad libre de riesgo y del coste de la deuda durante el periodo regulatorio futuro (2026-2031).
De esta forma, “se establecerán las señales adecuadas para incentivar las actividades de transporte y distribución de energía eléctrica”. En todo caso, el valor de la tasa ponderará de manera equilibrada la consecución de las inversiones necesarias para la transición energética con la contención de los costes soportados por los consumidores, de forma que la señal de precio para la electrificación no se vea penalizada.
Para el ministerio, la tasa elegida no deberá incentivar la construcción de nuevas infraestructuras relacionadas con los combustibles fósiles.
Sobre la firma
