Las renovables renuncian a cobrar 3.000 millones este año para abaratar la luz

Las del Recore cobrarían 50-60 euros/MWh y no el precio del ‘pool’, por lo que adelantan un año el ajuste de su retribución

Parque eólico.
Parque eólico.

Tras muchas semanas de negociaciones con el Ministerio para la Transición Ecológica y de pedir compensaciones a cambio, que no han prosperado, las grandes asociaciones de renovables han alcanzado un “acuerdo de mínimos” paliar el impacto de la escalada de los precios de la electricidad. El acuerdo podría suponer un recorte en la parte fija de la factura de entre 2.000 y 3.000 millones de euros este año, según cálculos empresariales.

La Asociación Empresarial Eólica (AEE), la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) y la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA), entre otras, están dispuestas a adelantar al 1 de enero de este año el ajuste de su retribución que, según la ley, habría que hacer el 1 de enero de 2023. Se trata, insisten las mismas fuentes, de “un acuerdo financiero, que no implica ningún cambio regulatorio”, aunque al tratarse de una excepción en una norma con rango de ley (la Ley del Sector Eléctrico) requerirá de la aprobación de un nuevo real decreto ley. El Gobierno incluirá en él otras medidas energéticas, como la prórroga del recorte de impuestos (el IVA o el Impuesto de la Electricidad) o la ampliación del bono social.

Las empresas pertenecientes al llamado Recore (renovables, cogeneración y residuos), reciben una retribucion especial: una rentabilidad por su inversión del 7,1% (el 7,4% en el caso de las que rehusaron recurrir a arbitrajes internacionales por el recorte de la reforma eléctrica de 2014) y un precio de referencia de unos 30 euros/MWh. Esto supone que, si no reciben este precio en el mercado mayorista (pool), se les compensa la diferencia a través de los cargos de la factura eléctrica (6.000 millones de euros previstos este año). Sin embargo, con precios del pool rondando los 250 euros/MWh la rentabilidad se ha desorbitado.

Aunque la retribución a la que tienen derecho durante 25 años se revisa cada seis años (en ese plazo se puede cambiar), las cuentas se ajustan cada tres, de tal manera, que si han cobrado de más en un trienio, se les descuenta en el siguiente y viceversa. Estas plantas, con 29.200 MW de capacidad (más de la mitad del total de renovables), están haciendo caja en un momento en el que los consumidores más lo necesitan. Si la situación ya era grave desde finales del año pasado, la guerra en Ucrania la ha llevado al límite, con las cotizaciones del gas y la electricidad en máximos.

De hecho, fuentes del sector señalan que ha sido este conflicto y la flexibilidad que, ahora sí, está demostrando la Comisión Europea, abriendo la puerta a cualquier tipo de solución para contener los precios, ha llevado a las del Recore a aceptar (o pactar, según ellas) una solución: cobrar este año entre 50 y 60 euros /MWh (dependiendo de la tecnología) y hacer cuentas en 2023, año que también se avecina complicado.

Las eólicas, como Acciona e Iberdrola, reclamaban que solo se aplicara el adelanto del ajuste trienal a las plantas posteriores a 2009, a lo que el ministerio se negó, así como la suspensión del impuesto del 7% a la generación (eliminado temporalmente hasta finales de este mes). Pero a lo que más temen las grandes del sector es a las subastas obligatorias de energía primaria que, en su opinión, les obligaría a dejar de suministrar a parte de sus actuales clientes para subastar una electricidad que tienen comprometida en contratos bilaterales.

En este punto, el Gobierno, que ya aprobó en un decreto ley dichas subastas, cuyo desarrollo debe incluirse en un futuro decreto, tiene de su parte a la Comisión Europea. En la nueva Comunicación Toolbox que se aprobará la semana que viene, Bruselas ya incluye las subastas de energía primaria por parte de los operadores dominantes.

La comunicación también establece la posibilidad de que los Estados apliquen un impuesto o tasa a los beneficios extra que reciben las tecnologías inframarginales (nuclear e hidráulica) cuando el gas marca el precio en el pool (o windfal gas). Una medida que ya aplica España desde el pasado otoño, aunque al estar biteralizada la mayor parte de la energía, la minoración afecta a poca producción y la recaudación prevista es de algo más de 100 millones de euros.

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