La industria de defensa en España roza su récord de facturación al calor de la inversión prometida a la OTAN
El sector en el que se incluye a seguridad, aeronáutica y espacio registró una cifra de negocio de 13.900 millones el año pasado, un 15% más que en 2022, pero aún por debajo de los 14.101 millones prepandemia
La industria de defensa vive un momento dulce en España en un contexto geopolítico cada vez más tenso entre los grandes bloques. Tedae, patronal que agrupa a las empresas de defensa, aeronáutica, seguridad y espacio, calcula que el sector facturó el año pasado 13.900 millones de euros, un 15% más que en el ejercicio precedente, pero aún por debajo del récord de 2019, cuando se anotó una cifra de negocio de 14.101 millones, según el informe anual publicado este lunes por PwC. El sector aspira a batir dicha cifra en los años venideros gracias a la buena cartera de pedidos.
Por sectores, el que más ha aportado es la aeronáutica, con 9.927 millones de euros, de los cuales 5.197 millones de facturación correspondieron a la rama militar. Defensa y Seguridad, donde también se incluye la aviación militar, alcanzó una cifra de negocio de 8.042 millones, mientras que Espacio escaló hasta los 1.200 millones. La principales causas de este crecimiento han sido el aumento del gasto en defensa en los presupuestos generales del Estado, concretamente un 26,3% el año pasado; el incremento de la actividad de aviación civil, con récord de pasajeros en España en 2023; y el impulso de las exportaciones, donde se destaca sobre todo el sector espacio. “Esperamos que estas cifras apoyen la toma de decisiones estratégicas en nuevos proyectos para estos sectores”, ha indicado Jordi Linares, director general de programas industriales del Ministerio de Industria y Turismo, que ha participado en la presentación del informe.
PwC estima que el impacto en el PIB español de estos sectores fue de 19.688 millones de euros, lo que supuso un 12,1% del PIB industrial y un 1,3% del PIB nacional el año pasado. Sin embargo, en investigación y desarrollo el peso de estas actividades es mucho mayor, con 2.403 millones de inversión, el 27,1% del gasto total en I+D industrial en España. En cuanto al empleo, el sector da trabajo a 215.607 personas en el país, de las que algo más de la mitad se ocupan en las actividades de defensa y seguridad, con 121.029 trabajadores. Le siguieron la aeronáutica civil, con 75.525 personas, y espacio civil, con 19.053 empleados.
“Estas industrias de ciclo completo desarrollan productos propios que conforman cadenas de suministro con gran implantación regional que vertebran nuestro territorio y que consolidan una base industrial tractora para la economía, moderna e indispensable para la generación de empleo y para la prosperidad de España y sus regiones”, ha destacado Ricardo Martí Fluxá, presidente de Tedae. Amparo Valcarce, secretaria de Estado de Defensa, ha resaltado a su vez el impulso que está suponiendo para el sector el objetivo del Gobierno de alcanzar el 2% de inversión del PIB en defensa para el año 2029, tal y como España se comprometió con la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte). Aún así, el país sigue siendo el que menos gasta en defensa de los miembros de la alianza, con un 1,28% del PIB.
Linares, por su parte, ha recordado la nueva ley de Industria y Autonomía Estratégica en la que trabaja el Ejecutivo, la cual se prevé que se apruebe antes de que finalice el año, y de la que se espera que sirva para atraer grandes proyectos industriales. Dicha normativa propone la implantación de los Perte (Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica) como un elemento estructural y no como una herramienta puntual de apoyo a la industria como lo es ahora. Además, se institucionalizan los proyectos industriales estratégicos, que serán aquellos que cumplan al menos uno de los tres requisitos siguientes: que se trate de un volumen de inversión relevante por parte de una empresa o un conjunto de empresas que formen parte de un Perte; que se trate de un proyecto en una actividad que ofrezca una ventaja competitiva para el país o que sirva para solucionar un problema de desindustrialización.
La ley incluye también la creación de la Estrategia Española de Industria y Autonomía Estratégica, unas directrices generales que señalan hacia donde deberá dirigirse la política industrial durante seis años. “Esta Ley impulsa una política industrial alineada con la digitalización, la sostenibilidad medioambiental, la economía circular y la potencia en la autonomía estratégica e industrial de nuestro país”, ha dicho Linares.
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