La construcción carga contra Hacienda por la falta de reformas en la contratación pública
La CNC reclama una corrección en la Ley de Contratos ante de la subida de los costes generales con que carga el sector, y demanda más mano de obra inmigrante para cubrir el déficit de trabajadores
Nueva llamada de atención al Gobierno desde el sector constructor ante el estrangulamiento de los márgenes en la obra pública, cuando no la imposibilidad de recuperar los costes de ejecución, por culpa de una normativa y estructura de contratación desfasadas, según la patronal CNC. El presidente del colectivo, Pedro Fernández Alén, ha sido extremadamente crítico en rueda de prensa contra la pasividad del Ministerio de Hacienda en plena urgencia de una reforma del Reglamento general de la Ley de Contratos del Sector Público. “La contratación de la obra pública está enferma y Hacienda no está poniendo soluciones”, ha lamentado.
El problema puesto de manifiesto ahora es el del fuerte incremento, de hasta el 50%, de los gastos generales de estructura, que son los que asume una constructora al margen del volumen y ritmo de ejecución de cualquier proyecto. Desde la CNC se ha hecho hincapié en el afloramiento de exigencias laborales y ambientales en los últimos 20 años que encarecen las obras sin que ello se tenga en cuenta en la estructura de los contratos.
Entre esas obligaciones con cargo a los gastos generales figuran los sistemas de protección de datos, protocolos de igualdad y no discriminación, sistemas internos de gestión de denuncias, nuevas cargas fiscales y licencias, una mayor complejidad derivada de la contratación por vía telemática, la normativa de responsabilidad social corporativa, la gestión ambiental, certificaciones de seguridad e innovación, o la digitalización de procesos, entre otras. “Múltiples requisitos han ido llegando en un contexto en que salario mínimo interprofesional ha subido un 60,3% entre 2009 y 2022, y cuando sufrimos un fuerte incremento del precio de las materias primas”, ha expuesto Fernández Alén.
El contrato de obra pública reconoce unos costes generales, los de ejecución material y un beneficio industrial. En el primer caso, el reglamento de la Ley de Contratos fija una horquilla del 13% al 17% del presupuesto del proyecto para cubrir los costes generales de estructura, y la CNC se queja de que los pliegos de contratación suelan agarrarse a la parte baja del 13%. Y ello cuando los costes generales, según sus estimaciones, han escalado a términos del 15% al 21,9% sobre el presupuesto en una cesta media de proyectos.
La demanda de la CNC al respecto es que se retoque el citado Reglamento general de la Ley de Contratos para elevar la horquilla a un nuevo rango del 16% al 20% para los costes generales, “tal y como se contemplaba hasta 1987”, ha recordado Pedro Fernández Alén. Comunidades Autónomas como Extremadura y Canarias ya han tocado al alza el margen dedicado a los costes generales dentro del presupuesto de licitación de una obra. La primera lo ha subido al 17%, y la segunda lo ha situado en el 16%.
La patronal ha trasladado su reivindicación a los ministerios de Hacienda, Transportes y al de Transición Ecológica, pero no ha obtenido aún respuesta y carga especialmente contra el departamento que lidera María Jesús Montero: “Llamamos a la puerta de Hacienda, también lo hacen otros ministerios, pero no sabemos si hay alguien ahí”, se ha quejado el presidente de la CNC ante los medios.
La construcción también lleva años demandando, sin éxito, la vuelta de la obligatoriedad en la revisión de precios de materiales básicos, figura que fue incorporada a la contratación pública en 1965 para amortiguar la volatilidad de las materias primas durante la ejecución de una obra, y que fue retirada de facto, al dejar de ser obligatoria, con la aprobación de la Ley de Desindexación de 2015 (desarrollada en 2017). Tampoco ha sido escuchada por el momento la reivindicación de la adaptación del sistema de clasificación de los contratistas a la situación actual: “Las empresas ya no tienen plantillas de 100.000 trabajadores ni parques mastodónticos de maquinaria, que es lo que se les sigue exigiendo”.
Mano de obra inmigrante
Otro de los problemas que exige rápida su solución es el de la falta de mano de obra en un momento récord en la licitación pública y con la construcción de vivienda nueva como prioridad para el Gobierno. Fernández Alén ha remarcado la necesidad de que sea regularizada la situación de inmigrantes sin papeles e incluso de que se llame a personal de otros países. Desde su punto de vista, deben extenderse los convenios de doble nacionalidad, como los que España tiene con Perú y Chile, a otros países. La CNC sostiene que son necesarios 700.000 trabajadores para cubrir las necesidades de plantilla en la obra pública, a lo que suma otros tantos para podar levantar las 184.000 viviendas anunciadas por el Ejecutivo.
En el caso de la licitación de proyectos de infraestructura, entre enero y agosto se han publicado contratos por un valor de 19.374 millones, lo que supone un incremento del 7,4% respecto al mismo periodo de 2023. Y este alto ritmo debería mantenerse hasta mediado 2026 ante la exigencia de los plazos de ejecución de los fondos europeos para la recuperación de la economía. Para la CNC existe un claro riesgo de caída en la concurrencia a los concursos, e incluso de licitaciones desiertas “porque no salen las cuentas”. También advierte de la desviación de los presupuestos a pie de obra.
Otro asunto abordado en la rueda de prensa ha sido el de la pretendida rebaja de la semana laboral, de 40 a 37,5 horas. La CNC asevera que esta debe ser negociada sector por sector ante las peculiaridades muchos de ellos, como la industria, la hostelería o la construcción. Pedro Fernández Alén aboga por “una flexibilización en las horas voluntarias, mejor retribuidas, si se recorta la jornada obligatoria”.
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