El cemento, madera o plásticos entran en la cesta de materiales de precio revisable en la obra pública

Hacienda aprueba una Orden Ministerial que amplía la lista desde los cuatro productos anteriores, pero sigue sin incluir la energía

Imagen de archivo de la construcción del túnel de Pajares.
Imagen de archivo de la construcción del túnel de Pajares.

Iniciativa de calado del Gobierno para dar sostenibilidad a la ejecución de la obra pública. El Ministerio de Hacienda ha publicado una Orden Ministerial en el BOE por la que se amplía la lista de materiales cuyo precio es revisable a lo largo de la ejecución de los contratos. Entran productos básicos como el cemento, materiales cerámicos, madera, plásticos, productos químicos y el vidrio, sumándose a los cuatro que ya estaban contemplados: materiales siderúrgicos, bituminosos, aluminio y cobre.

Sigue sin contemplarse, eso sí, la evolución del precio de la energía, que es una de las reivindicaciones de las patronales del sector a lo largo de la presente crisis.

Desde Hacienda se afirma que el hecho de que el Ejecutivo se adapte a la evolución de precios de una cesta más numerosa de productos ofrece “un horizonte de estabilidad a la contratación de obra pública”. La revisión de precios, figura creada en 1965, había decaído en España de la mano de la Ley de Desindexación, que dejó de hacerla obligatoria en los contratos de obra pública.

La situación excepcional generada por la pandemia; la escasez de materiales por el tirón de la demanda con la activación de planes de infraestructuras en numerosos países; el alto coste del transporte, y, posteriormente, los efectos de la invasión de Ucrania, hicieron que el Gobierno adoptara de nuevo esta garantía de forma excepcional, a través del Real Decreto-ley 3/2022 de 1 de marzo, para evitar que las desviaciones en los costes de ejecución impactaran en la viabilidad de las obras y de las propias contratistas.

Desde la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) se estimaba en octubre que el sobrecoste en la ejecución de obra pública se había ido al 33%. Y se afirma a las claras que la ejecución de los fondos europeos del plan de reconstrucción de la economía está el riesgo.

La Orden Ministerial complementa al citado Real Decreto-ley que desde comienzos de año reconoce a las constructoras la posibilidad de una actualización de precios de sus contratos cuando el aumento del coste de los materiales empleados haya tenido un impacto directo y relevante en la economía de los mismos. Los cuatro materiales previstos hasta ahora, y los que se suman, han tenido una fuerte escalada en el precio, distorsionando los propios presupuestos de licitación y, por extensión, los de adjudicación. El resultado es el de numerosos concursos desiertos, obras ralentizadas y otras abandonadas.

Desde Hacienda se explica esta mañana que la decisión deriva del análisis de la situación hasta el mes de agosto, detectándose incrementos “significativos” en los materiales ahora aceptados para la revisión. La Orden Ministerial ha pasado previamente por el Comité Superior de Precios de Contratos del Estado.

La revisión de precios se reconoce cuando el incremento del coste de los materiales de obra haya tenido impacto en la economía del contrato desde el 1 de enero de 2021. Y ese impacto se considera cuando excede el 5% del importe certificado del contrato en el ejercicio y no puede ser superior al 20% del precio de adjudicación de la obra. Este reequilibrio comenzó a aplicarse estuviera o no previsto en los pliegos, y el Gobierno también aceptó proyectos con un grado de ejecución inferior al 20% o que no llevaran dos años en marcha, pese a que la Ley de Contratos fija esos umbrales para comenzar a aplicar cualquier revisión.

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