De Telefónica a Masorange: las ‘telecos’ como trituradoras de empleo azuzadas por las fusiones
El sector ha perdido más de 60.000 puestos de trabajo desde la liberalización y más de 5.000 solo en el último año
Las telecomunicaciones siempre han evocado las ideas de desarrollo tecnológico y avance social. Pero la ecuación no incluye necesariamente al empleo, más bien al contrario. Las llamadas redes de nueva generación como las de fibra óptica, la telefonía móvil 5G o los teléfonos inteligentes (smartphones) han supuesto una revolución en el mundo de las telecomunicaciones. A comienzos de este siglo, cuando descargar una foto en Internet podía llevar más de cinco minutos y apenas unos miles de usuarios disponían de móviles toscos (los zapatófonos), navegar a 1 Gigabit por segundo (Gbps) o ver un partido de fútbol en el móvil sin retardo sonaba a ciencia ficción. Y, sin embargo, es una realidad al alcance de millones de usuarios. Lo que tampoco nadie podría adivinar es que ese progreso iba a llevar aparejado otro lado más sombrío por el que las operadoras de telecomunicaciones aligerarían sus plantillas en un 70%, como ha sucedido en España.
Un informe de UGT es especialmente revelador: en 1998, el año de la liberalización de las telecomunicaciones en España con el fin del monopolio de Telefónica, las empresas del sector empleaban a 96.000 personas, y hoy apenas mantienen en sus filas a 25.000. Los datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) apuntan en la misma dirección: en 1998, el sector daba trabajo a 96.105, mientras que a finales de 2023 se situó en 63.033 personas, pero hay que tener en cuenta que en estos datos se incluye el segmento audiovisual (televisiones y radios). Solo en el último año, se han producido más de 5.000 salidas forzosas o voluntarias de las operadoras españolas, que se acercan a las 6.000 bajas si incluye el ERE anunciado este martes por Masorange.
La mayor parte de la pérdida de estos empleos ha tenido lugar en Telefónica, un proceso de ajuste lógico si se tiene en cuenta que la compañía partía de una situación de monopolio en el que dominaba todo el mercado. La multinacional española ha perdido cerca de 60.000 empleados en los últimos 30 años en España, desde 1992, cuando tenía contabilizados 74.437 trabajadores. Tres décadas después, y coincidiendo con el año de su centenario en 2024, se ha desprendido del 77,8% de su plantilla, que apenas alcanza los 16.500 trabajadores.
Pero, paralelamente, las nuevas compañías que han surgido para hacerle la competencia –Vodafone, Orange, Avatel o las cableras ya desaparecidas, entre otras-, tras el lanzamiento de sus marcas comerciales y su consolidación en el mercado, han emprendido también procesos acelerados de destrucción de empleo. Paradójicamente, uno de los catalizadores de estos ajustes laborales han sido las fusiones que, en teoría, se han formalizado para aprovechar las sinergias entre compañías rivales pero que han derivado en un ahorro de costes, entre ellos los de personal.
Ocurrió cuando Vodafone compró Ono en 2014 por 7.200 millones de euros, que derivó un año después en un despido colectivo para 1.300 personas, el 21,6% de ambas plantillas (se redujo al final de la negociación a 1.159 salidas). La adquisición de Amena por France Telecom (después Orange) implicó el despido de 600 trabajadores en 2008. Lo mismo sucedió con la compra de Jazztel por Orange en 2015, que trajo como consecuencia un expediente de regulación de empleo de 550 trabajadores a comienzos de 2016 (reducido al final a 435 personas). Y, más recientemente, Avatel, tras adquirir decenas de pequeñas operadoras locales de telefonía, cerró el pasado mes de junio un ERE para 674 empleados, el 36% de la plantilla.
El anuncio este martes de Masorange de que aplicará un ERE para 795 trabajadores, alrededor del 10% de su plantilla total, abunda en este fenómeno porque se produce apenas cinco meses después de consumarse la fusión entre Orange y MásMóvil, tras más de un año y medio de negociaciones para su autorización. Entre las condiciones para que Bruselas y el Gobierno español dieran su visto bueno figuraba el mantenimiento del empleo, a través de una cláusula confidencial con un porcentaje máximo de ajustes laborales sobre el total de la plantilla, que la empresa afirma que cumple estrictamente.
El último ERE de Telefónica
El pistoletazo de salida a esta sucesión de ajustes en el sector de las telecomunicaciones lo dio Telefónica con un ERE llevado a cabo entre 2011 y 2013, cuando salieron de la compañía 6.830 trabajadores con distintas indemnizaciones que costaron algo más de 2.600 millones a la operadora. Se trató del último proceso de despido colectivo que afrontó la empresa que ahora preside José María Álvarez-Pallete, y provocó una gran polémica por el coste que iba a tener para el Estado (en forma de cotizaciones sociales y prestaciones de desempleo) pese a los cuantiosos beneficios que presentaba entonces la compañía. La repercusión en la opinión pública fue tal que motivó incluso una modificación de la ley mediante la llamada cláusula o enmienda Telefónica. Por la misma, se obligaba a las empresas con beneficios de más de 500 empleados a sufragar el coste de las prestaciones públicas por desempleo y las cotizaciones a la Seguridad Social realizadas por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en caso de aplicar un ERE.
Para evitar este escollo, Telefónica ha aplicado desde entonces los llamados Planes de Suspensión Individual (PSI), con salidas voluntarias en las que la compañía corre a cargo de todos los gastos, incluyendo cotizaciones sociales, y no hay gasto en desempleo para la Administración. La compañía aprobó un primer PSI en 2015, que supuso la salida de 6.300 trabajadores con un coste de casi 3.700 millones de euros. Posteriormente, se aplicaron otros dos. En el de 2019, se desligaron de la operadora 2.636 empleados, con un coste de 1.732 millones de euros. Y en el de 2021, se fueron 2.347 trabajadores, con un coste de 1.663 millones. El último PSI se cerró a comienzos de este año, con la salida de 3.393 empelados y un coste de 1.300 millones de euros.
Por su parte, Vodafone ha aplicado cinco EREs en los últimos doce años, que han supuesto la salida, en su conjunto, de cerca de 4.500 personas. El último se cerró el pasado mes de julio, tras la compra de la operadora por el fondo Zegona, y supuso el despido de 898 personas, el 27,5% de la plantilla. Además de los citados por la compra de Amena y Jazztel, Orange presentó otro ERE en junio de 2021 que supuso la salida de 400 trabajadores, entre prejubilaciones y voluntarios.
La única buena noticia en esta tormenta de despidos en el sector es la intensa creación de empleo que está llevando a cabo Digi. El operador rumano, el que actualmente capta más clientes y aumenta más sus ingresos en el mercado español, aumentó solo en 2023 un 51% su plantilla, y actualmente alcanza los 8.000 empleados. Y es que, a diferencia de sus grandes rivales como Telefónica, Masorange o Vodafone que han externalizado casi todos sus servicios, Digi dispone de call center propios de atención al cliente y también ha contratado a personal para la instalación y mantenimiento de las líneas.
El fenómeno de los despidos no solo afecta a España. En total, las empresas de telecomunicaciones europeas prevén eliminar casi 100.000 puestos de trabajo en los próximos años. El mayor ajuste anunciado es el protagonizado por BT, la antigua British Telecom, que afectará a 55.000 personas, el 42% de la plantilla. Casi en paralelo, Vodafone anunció en 2023 la salida de 11.000 personas para los próximos tres años, en torno al 11% de su plantilla global. Entre los grupos británicos, Virgin Media O2, filial de Telefónica y Liberty Global, han reducido su plantilla en 2.000 personas, en torno al 12% del total. La sueca Telia prescindía de cerca de 1.500 personas, en torno al 8% del total, y Telecom Italia llevaba el ajuste a los 2.000 empleos.
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