Vodafone solo cubre voluntariamente el 75% del ERE y despedirá al menos a 231 empleados
Masorange y Zegona aceleran la venta de su red de fibra abrumados por el peso de la deuda
![Protesta de trabajadores de Vodafone España contra el ERE, en Valencia, el pasado 10 de julio.](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/YORLDZ76YGU7LHZB7K3PC5CTJA.jpg?auth=d2daeb5606ab857cced00fbd69fb57f21fbf5e01ec6c5862fcf61459f46f6453&width=414)
![Ramón Muñoz](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/https%3A%2F%2Fs3.amazonaws.com%2Farc-authors%2Fprisa%2Fce2472ec-0e38-4909-a3c5-b313f445b055.png?auth=d1e5bab5ad6ebf2d7595f6e5b7a2e51d0f84040b7c966b603e3ce842faa5ca24&width=100&height=100&smart=true)
Un total de 548 trabajadores de Vodafone España se han apuntado para su salida voluntaria en el expediente de regulación de empleo (ERE) pactado entre empresa y sindicatos, mientras que otros 119 empleados se han acogido a la oferta de prejubilaciones lanzada por la compañía en el marco de este ERE. En consecuencia, un total de 667 personas abandonarán en los próximos días la plantilla de la operadora de telecomunicaciones de forma voluntaria, un 75% sobre las 898 salidas previstas en el ERE, por lo que la empresa tendrá que recurrir al despido forzoso de 231 trabajadores.
La cifra de despidos forzosos puede elevarse aún más puesto que la dirección de Vodafone España se ha reservado su derecho de veto sobre las salidas voluntarias, aunque ya advirtió en la negociación del ERE que aplicará esa condición solo en casos estrictamente necesarios para la operatividad de la compañía.
La dirección y los principales sindicatos (UGT, CC OO y STC) pactaron el pasado 15 de julio las condiciones del ERE que supondrá la salida de 898 trabajadores, frente a la propuesta inicial de la empresa de 1.198. La compañía mejoró además la indemnización para los trabajadores afectados, que quedó fijada en entre 45 y 33 días de salario por año trabajado con un límite de 24 mensualidades. Además, aceptó la puesta en marcha de un sistema de prejubilaciones para aquellas personas nacidas a partir de 1967 con 10 años de antigüedad.
La empresa tiene de plazo hasta este miércoles, día 24, para comunicar los posibles vetos. Al día siguiente se cerrarán las salidas forzosas, que serán el citado mínimo de 231 personas (un 25,72% de la afectación), y el 29 de julio se comunicarán los despidos.
Tras ser aceptado por los sindicatos, el acuerdo sobre el ERE recibió el visto bueno de los trabajadores (votaron a favor del acuerdo 1.821 empleados, el 55,7% del total de la plantilla y el 80% de votos emitidos, mientras que se mostraron en contra 468, el 14,3% del total que asciende a 3.268 personas). Sin embargo, no se han cubierto las bajas previstas de forma voluntaria porque, pese a que las condiciones son muy similares a las del anterior ERE de 2021, en el ánimo de muchos trabajadores han pesado las escasas expectativas de encontrar un nuevo puesto de trabajo dado el mal momento que atraviesa el sector de las telecomunicaciones, según fuentes sindicales.
Y es que gran parte de las empresas con cuota significativa en el mercado como Telefónica, Avatel, Finetwork o la propia Vodafone han emprendido recientemente reducciones importantes de plantilla. Masorange es la única que, tras la fusión, no ha tomado aún ese camino como vía de ajuste de costes pero los sindicatos temen que a la vuelta del verano la empresa aplique una fuerte reducción de plantilla para poder competir con sus rivales. También las empresas externas de atención al cliente o call center, un gran nicho de puestos de trabajo, han aplicado severos recortes de empleo.
Venta de redes para aliviar la deuda
Otro de los graves problemas por los que atraviesa el sector es su alto nivel de endeudamiento. Las firmas alternativas como Digi, Finetwork o Avatel ya han vendido a terceros sus limitadas redes de fibra óptica para afrontar sus planes de expansión. Ahora les toca el turno a los grandes operadores, los que disponen de más infraestructuras propias. Los más acuciados son Masorange y Vodafone España debido al alto apalancamiento que sufren por las operaciones corporativas que han afrontado recientemente. El primero porque, tras acometer la fusión entre MásMóvil y Orange, ha elevado su deuda hasta casi los 13.000 millones de euros. Y, el segundo, porque aunque el fondo Zegona compró la operadora al grupo británico por 5.000 millones de euros, apenas aportó fondos propios en la operación y tuvo que recurrir a préstamos para financiarla. De hecho, acaba de refinanciar un crédito de 3.400 millones para no asfixiar su balance.
En este contexto, Masorange y Vodafone han unido fuerzas con el objeto de crear una sociedad conjunta que integre sus redes de fibra óptica. El objetivo final es vender a inversores institucionales (fondos de inversión y de pensiones) hasta el 40% de esa sociedad por un valor de entre 1.500 y 2.000 millones de euros.
Los planes para monetizar la red de fibra conjunta no son nuevos pero ahora son más ambiciosos, porque la estimación es deshacerse de 12 millones de accesos o unidades inmobiliarias (hogares, oficinas y locales comerciales), de los que 9 millones los aportaría Masorange y el resto Vodafone España. Las negociaciones están muy avanzadas y el acuerdo podría anunciarse en los resultados que presenta este miércoles Masorange. Curiosamente, la noticia de esta desinversión se conoce justo el día después de que el consejero delegado de Masorange, Meinrad Spenger, mantuviera un encuentro con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para explicarle los planes de inversión de la operadora en España.
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