La justicia embarga a Antonio Aynat y Toro Finance 145 millones de euros para asegurar el concurso de Gedesco

Dos jueces de lo mercantil de Valencia aceptan la petición del administrador concursal para asegurar que los acreedores de tres empresas puedan cobrar sus deudas

Sede de Gedesco en Valencia

Dos juzgados de lo Mercantil de Valencia que tramitan el concurso voluntario de las filiales del grupo Gedesco han ordenado embargar un total de 145 millones de euros a uno de los fundadores de la compañía valenciana, Antonio Aynat, y a Toro Finance —cuya marca comercial el Bravo Capital—, la firma hermana de financiación de empresas, con el fin de asegurar las expectativas de cobro de los acreedores. En tres autos dictados a finales de junio, los dos magistrados han adoptado estas medidas cautelares ante una “la existencia de indicios de una posible declaración culpable del concurso de acreedores”, que condenaría a ambos embargados, como últimos administradores de derecho y de hecho, “a la cobertura total o parcial del déficit”. Los jueces tienen en cuenta que en el caso de Aynat, se encuentra investigado por la vía penal, por el presunto desvío de fondos del que le acusa el fondo estadounidense JZI, que posee el 67,5% de la compañía valenciana.

Los titulares de los Juzgados de lo Mercantil número 2 y 3 de Valencia han aceptado la petición del administrador concursal, que el pasado 11 de junio presentó tres escritos (uno por cada una de las concursadas) para solicitar el bloqueo de bienes y derechos de Aynat, como administrador único de las empresas antes de la declaración de concurso, así como de los saldos de tesorería disponibles de Toro Finance, en su condición de administrador de hecho de las mismas, hasta cubrir la cuantía señalada. En concreto, el primer juzgado ordenó el bloqueo de 95 millones de euros, en relación a los procedimientos concursales que se siguen sobre Gedesco Factoring (48.089.505,31 euros) y Pagaralia (47.184.874,15 euros); mientras que el segundo libró el mandamiento para el embargo de 50.516.415,12 euros relativos al concurso de Gedesco Services, de acuerdo a las tres resoluciones judiciales a las que ha tenido acceso CincoDías.

La petición de embargo contra Aynat se sustenta en la causa que investiga el Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia a raíz de la querella que el fondo americano fundado por David W. Zalaznick y Jay Jordan presentó contra él y los antiguos administradores de la compañía valenciana de financiación de pymes. JZI atribuye a Aynat, al otro socio fundador de Gedesco, Francisco Javier García Escrivá, y a los exdirectivos del fondo en Europa Miguel Rueda y Ole Groth el traspaso irregular de fondos del grupo hacia sus sociedades bajo su control. Ante los indicios de delito, el juez de dicho juzgado les impuso una fianza conjunta de 20 millones de euros, lo que ha motivado al administrador concursal a realizar la solicitud del bloqueo de bienes para “anticiparse a una confirmación judicial firme de los hechos”.

Asimismo, el administrador concursal denuncia una “actitud obstruccionista” de Aynat, ya que, según indica, no ha facilitado los datos que le ha requerido sobre Gedesco y “se ha limitado a ofrecer documentación e información que nada tiene que ver (...) aduciendo que en la actualidad ya no es el administrador único de la concursada”.

Empresas “siamesas”

En cuanto a Toro Finance, donde Aynat es consejero delegado y socio minoritario a través de su sociedad Venalta Capital, el administrador concursal afirma que el vínculo entre ambas firmas es tal como si se tratase de “empresas siamesas unidas operativamente dentro de un mismo cuerpo y dirigidas por un único cerebro”, pese a que sus accionistas mayoritarios son distintos. En el caso de Toro, está controlada por el fondo Alpinvest, que gestionaba JZI y cuyo dueño último era Carlyle, que rompió con al firma inversora de Zalaznick y Jordan al retirarse de la demanda que presentaron en Estados Unidos en marzo de 2022 contra los antiguos gestores de Gedesco, y ordenó a Álvarez-Marsal su venta.

El administrador concursal hace hincapié en que, tal y como reflejan las cuentas del ejercicio de 2022 de la firma embargada, Toro ha realizado, desde el 1 de junio de 2023, “actos de administración del patrimonio y de los bienes y derechos de grupo Gedesco, con los medios humanos y materiales de dichas empresas, los cuales se han traspaso en bloque a Toro”. Un hecho que tiene lugar cuando, en la investigación penal paralela, se constata que las sedes físicas de las empresas de Gedesco han echado el cierre.

Según explica, Gedesco Factoring, Pagaralia y Gedesco Services habrían operado como administradores de hecho de patrimonio de Toro, mediante un contrato de servicing, desde la fecha de constitución de esta última, en mayo de 2013, hasta el 31 de mayo de 2023. Es más, resalta que en agosto de 2022, “el 100% de la plantilla” se había traspasado a las filiales del grupo fundado por Aynat y García Escrivá. No obstante, la situación se revierte en mayo del año pasado, el consejo de administración de Toro decidió resolver unilateralmente dicho contrato con el fin de dar la apariencia de actuar como una empresa “independiente y competidora” y evitar cualquier efecto negativo como consecuencia de los problemas judiciales de Gedesco.

Sin embargo, el administrador no solo no da credibilidad a la versión de que esta empresa tiene una línea de negocio distinta a Gedesco, sino que considera que su “sucesora”. En su escrito, llama la atención que la cancelación del contrato “no ha tenido ningún tipo de penalización económica para Toro, lo que significa que se ha apropiado de todos los medios materiales de grupo Gedesco necesarios para continuar con la actividad, sin pagar ni un solo céntimo de euro”.

Con todo ello, los jueces han dado validez a las alegaciones del administrador concursal y, tras comprobar que se dan los requisitos exigidos por la Ley Concursal, así como el posible “peligro en la demora” por la existencia de un proceso penal en el que se han adoptado también medidas cautelares, han ordenado los embargos preventivos solicitados para evitar “afectar a la pieza de calificación y déficit del concurso”.

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