El juez rechaza la intervención judicial de Gedesco pero limita poderes de los consejeros
El juzgado valenciano que investiga la querella de JZI contra los consejeros de la compañía valenciana considera “desproporcionada” la administración judicial
El Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia ha rechazado acordar la administración judicial de Gedesco, si bien ha limitado los poderes de sus gestores. En este sentido, el juez Víctor Gómez Saval no ha aceptado la principal medida cautelar solicitada por el fondo estadounidense JZ International, en el marco de una querella dirigida contra los cinco actuales miembros del consejo de administración del grupo valenciano, pero sí ha impuesto otras que limitan el poder de actuación de los fundadores de la compañía Antonio Aynat y Francisco Javier García Escrivá, y de los que fueran directivos del fondo de capital riesgo, Miguel Rueda y Ole Groth; y del consejero José Luis Villafranca.
Según un auto dictado este miércoles, al que ha tenido acceso CincoDías, el juez ha suspendido cautelarmente de las modificaciones estatutarias llevadas a cabo en Gedesco Sevices Spain, Gedesco Factoring y Pagaralia, filiales del grupo de financiación de pequeñas y medianas empresas. También, ha prohibido a los cinco querellados que “transmitan, graven de cualquier forma o dispongan por cualquier título, por sí o por persona interpuesta, o como titulares reales de sociedades participadas, de las participaciones sociales de las entidades citadas”, bajo apercibimiento de proceder, en caso de incumplimiento, por delito de desobediencia a la autoridad judicial.
Y por último, ha ordenado el embargo cautelar de los derechos políticos de las participaciones de las tres filiales que hayan sido objeto de transmisión a Venalta Capital -sociedad propiedad de Antonio Aynat- o a cualquier otro tercero y obliga a la cesión cautelar y temporal de tales derechos a la matriz Gedesco Finance, durante el tiempo que dure este procedimiento judicial. Esto implica que JZI recupere parte del control de las empresas, ya que desde 2007 posee el 67,5% de sus acciones.
Posibles perjuicios económicos
Las medidas se adoptan en el marco de la querella que el fondo fundado por David W. Zalaznick y Jay Jordan interpuso el pasado mes de abril en los juzgados de Valencia por el presunto desvío de unos 100 millones de euros desde Gedesco hacia las sociedades controladas por los actuales gestores. El enfrentamiento judicial se inició en marzo de 2022 en los tribunales de Nueva York contra Groth y Rueda, quienes fueran los encargados de JZI de administrar la empresa valenciana, y se ha extendido hasta España, donde existen varias querellas cruzadas.
Para el juez de Valencia, la administración judicial es una medida “desproporcionada” porque supone una “intervención radical y desmesurada” en base a “un relato fáctico de imputación extremadamente amplio y sobre la base de hechos y elementos que distan en este momento, parte de ellos, de estar acreditados”. En este sentido, afirma que hay indicios de que Gedesco Finance se encuentra en una situación de “bloqueo social”, si bien su intervención “supondría de una manera muy drástica anticipar las consecuencias pretendidas por el socio financiero mayoritario”.
Por otro lado, el magistrado considera que esta medida tampoco parece “idónea” desde el punto de vista de la “estabilidad y actividad económica”, ya que Gedesco “se desenvuelve en un ámbito ciertamente sensible a los factores de confianza de inversores y clientes, y con pública relevancia”. En definitiva, añade, podría provocar “trastornos serios en su funcionamiento, y perjuicio económico a la entidad mayor que el que se trata de evitar”.
Traspaso de activos
No obstante, el magistrado considera que sí es necesario tomar algún tipo de medida cautelar porque, según destaca, existen indicios claros que de que ha tenido lugar el “traspaso de activos de Gedesco a favor de Venalta, (lo que es tanto como decir a Antonio Aynat), como un cambio de la estructura personalista y de participación social en las otras dos entidades filiales de Gedesco, de lo que es fácil deducir un perjuicio al socio mayoritario querellante y peticionario de las medidas”.
Las sospechas de apropiación de las empresas se refuerzan a través de la publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME) de la modificación de los estatutos sociales y cambio de identidad del socio único de estas empresas, sustituyendo a Gedesco Finance por Venalta, entre octubre y noviembre de 2022.
Así las cosas, aunque el juez manifiesta su “perplejidad” por el hecho de las medidas cautelares no hayan sido instadas ante un juzgado de lo mercantil, ha decidido acordar aquellas que son tendentes a limitar el poder de transmisión, que fueron apoyadas por la Fiscalía durante la vista que se celebró el pasado 29 de mayo para escuchar la opinión de todas las partes.
Para adoptar esta decisión, el juez ha tenido en cuenta, además, los indicios relatados en la querella sobre el supuesto desvío de personal y recursos del Grupo Gedesco para facilitar el funcionamiento del fondo de inversión Stator Management; cobros a clientes de comisiones millonarias a favor de los propios querellados a través de una tercera sociedad; la imposición de acuerdos lesivos; o el impedimento del ejercicio de derechos societarios de información, participación en la gestión y control de la actividad social de JZI, entre otros.
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