Celsa lleva a la junta una petición de responsabilidad a la familia Rubiralta
El grupo siderúrgico, ahora en manos de los antiguos fondos acreedores, votará si reclama 500 millones de deuda a los anteriores propietarios
Cuando los actuales accionistas de Celsa hicieron tabla rasa y actualizaron el balance del grupo siderúrgico, destaparon un agujero patrimonial de 1.339 millones de euros. La mayor parte reconocía las salvedades contables que año tras año subrayaban los informes de auditoría, pero destacaba una partida: 539 millones que el hólding tenía prestados a tres sociedades de la familia Rubiralta y que tienen toda la probabilidad de esfumarse después de que los anteriores propietarios llevaran al concurso de acreedores esas sociedades patrimoniales que se beneficiaban de ese endeudamiento. La junta de accionistas decidirá el próximo 25 de junio (o el día siguiente) el “ejercicio de acciones legales” para llevar a cabo una “acción social de responsabilidad contra D. Francesc Rubiralta Rubió”, el anterior presidente del grupo, lo que supondría llevarlo ante los tribunales.
En la primera intervención pública del presidente de Celsa, Rafael Villaseca, este ya señaló que el grupo no pensaba pasar por alto ese extremo. “La sociedad no renuncia a esa cantidad y es obligación del consejo llevar a cabo todas las actuaciones que estén en nuestra mano para recuperar esa cantidad”, señaló. La junta de accionistas decidirá y previsiblemente saldrá adelante la propuesta, dadas las diferencias entre ambas partes. Los fondos acreedores y la familia Rubiralta han mantenido dos años de tensiones para negociar el canje de la deuda por acciones, un tema que acabó resuelto por un juzgado de lo mercantil de Barcelona, que dio la totalidad de las acciones a los fondos de Deutsche Bank, SVP, Cross Ocean, Sculptor, Golden Tree, Attestor y Anchorage a cambio de 1.350 millones de euros.
Los Rubiralta presentaron concurso de sus tres sociedades patrimoniales (Ania Recursos Inversores, Afinitex Desarrollos Globales y Gestión Empresarial Bages) un mes después del cambio de manos de Celsa. No tenía activos suficientes para responder a las deudas contraídas con el hasta entonces grupo familiar.
En el orden del día de la junta también consta la aprobación de las cuentas, el nombramiento de nuevos consejeros (Daniel de Escondrillas y Antonio Ron Deelen) y el cambio de nombre de Inversiones Pico Espadas, la sociedad sobre la que giran el resto de compañías que conforman Celsa Group.
La celebración de la junta se produce en un momento especial de la compañía, cuya hoja de ruta para los próximos años tendría que tomar forma en los próximos meses. Por un lado, ha de decidir si vender parte de su negocio en el extranjero para librarse de deuda y conseguir liquidez para sus negocios. Y la otra cuestión versa sobre la entrada en el capital de un socio industrial, tal y como reclamaba el Gobierno cuando autorizó la toma de la empresa por parte de los fondos. El próximo mes de junio se tendría que empezar a evaluar posibles, los que supondrá la entrada de una compañía que pueda quedarse el 20% del capital.
Tanto Villaseca, aunque es un presidente no ejecutivo, como Jordi Cazorla, el nuevo consejero delegado del grupo, señalaron que Citi tenía el encargo de hacer un estudio para conocer qué empresas, por cuestión de valor y posibles sinergias, serían las que aportarían mayor valor si salieran del hólding, en transacciones que podrían producirse a finales de año.
Y además está el encargo formulado a la firma Bain & Company, que tiene que hacer una propuesta de plan de negocio para los próximos años. En este caso, el documento que llegue al consejo de Celsa marcará las prioridades para los próximos años, tanto en lo que se refiere a vías prioritarias de negocio como a inversiones. Su propuesta tendría que estar lista durante el segundo semestre del año.
Celsa Group, uno de los grandes grupos acereros de Europa, entró en crisis en plena pandemia de la covid, cuando el parón industrial que provocó el virus, ahondó la crisis que sufría de tesorería e incurrió en impagos de parte de su abultada deuda, de alrededor de 3.000 millones de euros, que respondía a la política de adquisiciones de las últimas décadas. Las dudas sobre el cobro de ese dinero por parte de los bancos acreedores hizo que estos se desprendieran de los préstamos con importantes descuentos. Los adquirieron fondos oportunistas que, cuando vieron la debilidad de Celsa y asesorados por Houlihan Lokey, aprovecharon para intercambiar esa deuda por capital. La familia Rubiralta se negó en redondo a entrar en una negociación de ese tipo y, cuando lo hizo, era demasiado tarde. Los fondos aprovecharon un cambio en la Ley Concursal para presentar en el juzgado un plan de refinanciación con el que pretendía conseguir la conversión de parte de su deuda por la totalidad de las acciones. Y el juez les dio la razón.
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