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Los nuevos accionistas de Celsa afloran un agujero patrimonial de 1.339 millones

El grupo considera todas las opciones para recuperar préstamos que la empresa hizo a la familia Rubiralta, antigua accionista

El presidente de Celsa, Rafael Villaseca, y el consejero delegado, Jordi  Cazorla, en una rueda de prensa este martes.
El presidente de Celsa, Rafael Villaseca, y el consejero delegado, Jordi Cazorla, en una rueda de prensa este martes.massimiliano minocri
Dani Cordero

Los fondos acreedores que se apropiaron del grupo acerero Celsa ya han dado el primero de los tres pasos que tenían en mente cuando tomaron las riendas de la compañía: actualizar el balance y la cuenta de resultados para limpiarlos de las salvedades que año tras año repetía la auditoría de la compañía. El equipo dirigido por Rafael Villaseca, presidente, y Jordi Cazorla, consejero delegado, han acabado descubriendo un agujero patrimonial de 1.339 millones de euros (a través de ajustes contables) que, según sus cálculos, hubieran acabado en unos fondos propios negativos de 1.187 millones si no se hubiera producido la reestructuración de deuda que dictó el Juzgado de lo Mercantil que les dio la propiedad, convirtiendo 1.418 millones de euros en acciones.

Gracias a esa recapitalización, la compañía pudo cerrar el año con un resultado neto de 459 millones. Si no se hubiera producido ese cambio, las pérdidas se habrían situado en los 918 millones de euros. En lo que se refiere a la facturación, una vez consolidadas por primera vez las casi 60 sociedades del grupo, Celsa Group ingresó el año pasado 4.765 millones de euros, un 22% menos que en 2022. El ebitda cayó a la mitad y fue de 440 millones de euros. La deuda, tras capitalizar parte de la que tenían los fondos acreedores, pasó de 3.734 millones a 2.316 millones.

“La compañía ha salido de la UCI, pero aún está en el hospital, camino de la absoluta normalidad”, ha señalado Villaseca en la primera rueda de prensa que el nuevo equipo gestor da desde que asumieron la dirección del grupo. El ex primer ejecutivo de Gas Natural no ha ahorrado en calificativos para describir la situación de la compañía, que fue hasta el pasado ejercicio de la familia Rubiralta. “Estaba quebrada”, “no ha sido un trabajo fácil [la reelaboración de las cuentas] y no va a ser sencillo [la recuperación]”, “sustos que ha tenido de forma sistemática”, ha dicho el ejecutivo.

El desfase patrimonial que aflora la compañía se explica principalmente por la limpia de las salvedades, que suman en torno a 600 millones de euros, a lo que se suma la aclaración del exceso de amortizaciones contables efectuadas en el pasado y la provisión de 539 millones de euros que el grupo había prestado a sociedades patrimoniales de los Rubiralta que han presentado concurso de acreedores en los juzgados ante su manifiesta insolvencia. Es habitual que los nuevos gestores actualicen el balance y afloren todos aquellos obstáculos que se puedan considerar problemáticos para el futuro. La auditoría visualiza también un fondo de maniobra negativo que, sin embargo, según el informe de gestión, es “sostenible gracias a su situación de caja y a la refinanciación de la estructura de deuda del grupo”.

Aprovisionar esa última cuantía no supone que Celsa renuncie a la recuperación de parte de ese dinero, según ha afirmado el presidente del grupo. “La sociedad no renuncia a esa cantidad y es obligación del consejo llevar a cabo todas las actuaciones que estén en nuestra mano para recuperar esa cantidad”, ha señalado, en una declaración que abre la posibilidad de que se inicie otra causa judicial para intentar recuperar el dinero.

Tras esa actualización de las cuentas, el grupo cerró el ejercicio con un patrimonio neto de 326 millones de euros, que sería el valor contable de la empresa. Es una cifra que está muy lejos de la franja de entre 2.400 y 2.800 millones de valor que dio Lexaudit a la compañía durante el juicio que decidió el cambio de manos, aunque Villaseca ha reconocido que la valoración de mercado dependerá de otros factores, entre ellos del que el socio industrial que tendría que incorporarse al accionariado antes de concluir junio dé al grupo para poner precio a la compra de acciones.

Esa es una de las dos patas que quedan pendientes de la nueva etapa de la compañía y fue una de las peticiones que realizó el Gobierno como exigencia para que los antiguos fondos acreedores se quedaran la compañía. “Es todavía prematuro hablar de eso, no hemos empezado el proceso”, ha señalado un Villaseca que ha llevado la voz cantante de la rueda de prensa.

Lo mismo sucede con la posible venta de activos fuera de España. Citi tiene un encargo de hacer un estudio sobre cuáles de esas empresas, por cuestión de valor y sinergias con el conjunto de la acerera podrían ser consideradas no estratégicas para ponerlas a la venta. Ese proceso parece ir para más largo, a final de año.

Lo que ni Villaseca ni Cazorla han sabido explicar es si los recursos que surjan tanto de la venta de acciones como de filiales irán a enjugar deuda (2.316 millones de euros al cierre de 2023) o para invertir en las necesidades del grupo.

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Sobre la firma

Dani Cordero
Dani Cordero es redactor de economía en EL PAÍS, responsable del área de industria y automoción. Licenciado en Periodismo por la Universitat Ramon Llull, ha trabajado para distintos medios de comunicación como Expansión, El Mundo y Ara, entre otros, siempre desde Barcelona.
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