Los nuevos propietarios de Celsa se topan con salvedades por valor de 600 millones en las cuentas
Los fondos reorganizan el esquema societario con el objetivo de crear un grupo consolidado que aúne todo el negocio
Los nuevos dueños de Celsa dan los primeros pasos para enderezar la marcha del gigante siderúrgico. Los fondos acreedores —comandados por Deutsche Bank, SVP, Anchorage o Cross Ocean, entre otros— han encontrado al entrar en la compañía un agujero de 600 millones en forma de salvedades en la sociedad que agrupa todo el negocio en España y que el auditor, EY, había afeado de manera reiterada en los últimos ejercicios. Paralelamente preparan una reestructuración societaria así como cambios en la cúpula directiva, según indican fuentes del mercado.
La sociedad Barna Steel Group agrupaba el negocio de Celsa en España. El auditor ha firmado sus últimas cuentas anuales con varias salvedades, que plantean la necesidad de realizar ajustes contables por 567,7 millones. En concreto, EY se refiere en su informe de auditoría a la necesidad de aplicar un menoscabo en los activos por impuestos diferidos del grupo de 390,7 millones. A estos se le suma un ajuste completo de su fondo de comercio, de 172 millones, y de sus cinco millones en el epígrafe de otros activos tangibles e intangibles, debido a una fusión ejecutada hace varios ejercicios.
La familia Rubiralta, dueños de Celsa hasta diciembre, rechazaron aplicar estos efectos contables que pedía el auditor al menos durante los tres últimos años. Barna Steel Group cerró el ejercicio de 2022, el último con cuentas auditadas depositadas ante el Registro Mercantil, con un patrimonio neto de 575 millones. De aplicar el ajuste de 567 millones que pide el auditor, esto dejaría el patrimonio prácticamente a cero y por debajo de la mitad del capital social, de 19,2 millones, que supondría que la sociedad entrase en causa de disolución, de acuerdo a la Ley de Sociedades de Capital.
Los fondos pusieron punto y final en diciembre a un conflicto de años con la familia Rubiralta por Celsa. Ejecutaron la sentencia del juzgado que, al amparo de la nueva ley concursal, obligaba a los Rubiralta a que los acreedores convirtiesen la deuda en capital y les retiraba la propiedad de la compañía. Este plan pasaba por asumir una quita de 1.291 millones, que convierte en acciones de la empresa, de los 3.500 millones de pasivo y prolongar los vencimientos del resto de pasivo cinco años.
Esta inyección de capital de los acreedores le da munición a la empresa para solventar estas salvedades y zanjar el conflicto con el auditor para que las cuentas de 2023 sean las primeras que se cierren sin ninguna objeción. Además, también han detectado un préstamo de 500 millones con sociedades de la familia Rubiralta. La familia catalana declaró el concurso de acreedores de sus patrimoniales apenas un mes después de conocerse la sentencia que le daba el control de Celsa a los acreedores. Esto complica que los nuevos dueños del grupo catalán puedan recuperar este dinero.
El siguiente punto encima de la mesa de los nuevos accionistas es ejecutar una reestructuración societaria. Su intención es contar con un único grupo consolidado que agrupe todo el negocio de Celsa, que hasta ahora estaba repartido en tres. Para ello han decidido fusionar Barna Steel Group, la dueña del negocio en España y a la que afecta el conflicto con el auditor, con IPO Wire Holding, que es propietaria del negocio internacional de Celsa. La cabecera del grupo fiscal consolidado será la sociedad Pico Espadas, actual accionista de IPO Wire Holding, de la cual dependerá todo el negocio.
Barna Steel Group cerró el ejercicio de 2022 con unos ingresos por 3.480 millones, con 292 millones de beneficios. IPO Wire Holding, con 1,52 millones de ingresos y 1,32 millones de beneficios. Sin embargo, los nuevos dueños pronostican que las cifras de este ejercicio sean peores a las del pasado. Consideran que el ciclo bajista del mercado del acero, presionado por las tensiones comerciales, provocará un menoscabo en las cuentas de la sociedad y exigirá a los fondos a reorientar el rumbo de la compañía.
Para ello, la compañía ya ha encargado a la consultora Bain realizar un plan estratégico, que deberá estar listo durante los próximos meses. Una parte clave de esta nueva hoja de ruta será determinar una posible desinversión de sus negocios en Reino Unido, Polonia y Noruega, para lo que ha mandatado a Citi.
De forma paralela al diseño de este nuevo plan, la compañía prepara cambios en su cúpula. Los fondos ya han designado a Rafael Villaseca como el presidente del consejo de administración, con Jordi Cazorla, procedente de DS Smith, como consejero delegado. También ha incorporado como director financiero a Javier Lázaro, que había desempeñado ese cargo en Indra hasta ahora. Fuentes del mercado apuntan a que la compañía está planteando una reestructuración de su primera línea de dirección y que afectará a algunos de los altos cargos nombrados por los Rubiralta.
En el foco está la decena de directivos que estaban vinculados a unos blindajes que les permitían resolver sus contratos y cobrar indemnizaciones millonarias en el caso de un cambio de control de la compañía. El Juzgado de lo Mercantil número 2 de Barcelona acordó dejar sin efecto estas cláusulas durante 18 meses.
La toma de la compañía catalana por los fondos acreedores aún tiene un fleco por resolver. Este es dar entrada a un socio español que tomen el 20% del capital del grupo, tal y como pactó con el Gobierno español para autorizar la transacción. El acuerdo con el Ejecutivo pasa por iniciar el proceso de venta al menos seis meses después de la entrada de los fondos en el capital, antes de mayo.
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