Los fondos de Celsa ponen el reloj a andar y deberán encontrar un socio industrial antes de finales de mayo

Los acreedores no europeos han solicitado plácet al Gobierno para incrementar su peso en el capital a más del 10% en el futuro

Oficinas de Celsa Group EFE

Celsa abre una nueva etapa. Este viernes se hizo efectiva la toma de la siderúrgica por sus fondos acreedores, lo que inicia el plazo de seis meses dado por el Gobierno para que den entrada en el capital a un socio español que tome el 20% del capital. Este plazo terminará el próximo 24 de mayo. El viernes fue el día en el que la familia Rubiralta perdió su histórica compañía, Celsa. Los fondos acreedores –un grupo pilotado por Deutsche Bank, SVP, Anchorage o Cross Ocean– firmaron la toma de la siderúrgica catalana el viernes, una vez que alcanzaron un acuerdo con la banca para inyectar 525 millones con los que poner en marcha su plan para enderezar el grupo.

Previamente ya habían alcanzado un acuerdo con el Gobierno, para que diese el visto bueno a la transacción. Este pasaba por blindar la españolidad del grupo, manteniendo la sede social en España y el centro de decisión, así como el empleo en la planta de Castellbisbal. El punto clave en este aspecto es la exigencia de dar entrada a un socio español en el capital, con al menos un 20%. Algo para lo que el Gobierno ha dado un plazo de hasta seis meses desde el viernes, el momento en el que se ejecuta la transacción.

Esto supone que la operación deberá estar completada antes del próximo 24 de mayo. Por ello, los fondos, junto a su asesor de cabecera Houlihan Lokey, llevan meses sondeando al mercado para encontrar posibles inversores interesados. Emergen como posibles socios Sidenor, Cristian Lay (que ya rescató Grupo Gallardo Balboa) o Megasa.

No obstante, no está claro que los fondos necesiten el plácet del Gobierno. Fuentes próximas consideran que, dado que ningún inversor no europeo va a tomar más del 10% del capital, no están obligados a solicitar la autorización del Consejo de Ministros, en virtud del escudo antiopas. Esta norma obliga a pedir autorización al Ejecutivo para los inversores extracomunitarios que tomen más de un 10% en una empresa española considerada como estratégica, una norma que se hace extensible a los comunitarios en las cotizadas. No obstante, desde el Gabinete se defiende que el caso de Celsa supone una inversión concertada y sí exige que los fondos se sometan al escudo antiopas.

En cualquier caso, y aunque mantienen que no es necesaria la petición de autorización, sí se han afanado en pactar la toma de la empresa con el Ejecutivo. También, solicitaron a principios de octubre una autorización al Gobierno, de modo que este no pudiese vetar la operación de ninguna manera y también para dejar la puerta abierta a futuros cambios en el capital en virtud de los cuales los fondos no comunitarios tomasen más del 10% del capital.

Teniendo en cuenta que el Ejecutivo ya ha firmado un acuerdo con los nuevos dueños de Celsa, no se espera que esta autorización se dilate mucho. El plazo para resolver el expediente termina el próximo 5 de enero, si bien el Gobierno puede prolongarlo y no dar su visto bueno hasta que no sea efectiva la entrada en el capital del inversor español.

Esta operación, en cualquier caso, marcará un antes y un después en las reestructuraciones en España. Es la primera gran transacción en la que se aplica la nueva ley concursal, que precisamente prevé que un amplio acuerdo de los acreedores pueda imponerse a los designios de una compañía y sus accionistas. Así, el juez autorizó en septiembre la reestructuración de los 2.300 millones. Su plan pasa por convertir 1.300 millones de euros en el 100% del capital. Además, extender los vencimientos de los 935 millones cinco años.

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