El consumo de cemento se estanca en 14,5 millones de toneladas al año con las fábricas al 50% de su capacidad
La patronal Oficemen declara una caída del 3% en 2023 y espera un 2024 plano
El consumo de cemento no despega en España. Los 14,5 millones de toneladas contabilizadas en 2023 por la patronal Oficemen suponen una caída del 3% y una cadena de cinco años de estancamiento. Para el presente ejercicio el colectivo prevé que el volumen del consumo local se repita. Con una capacidad instalada de unos 32 millones de toneladas, las cementeras están funcionando a poco más del 50% de sus posibilidades. La fuerza productora del sector llegó a ser de más de 60 millones de toneladas entre 2006 y 2009, años del boom constructor.
El presidente de Oficemen, Alan Svaiter, ha afirmado en rueda de prensa que un país con la población y PIB de España debería tener una demanda estable de unos 20 millones de toneladas. Svaiter pone como ejemplo el consumo per capita de Portugal, con 427 kilos de cemento por persona y año, mientras que España consumió 317 kilos, un 34% por debajo de la media de la UE. Desde Oficemen se reclama la activación de palancas como una mayor ejecución de la obra pública, más protagonismo de la colaboración público-privada y políticas que incentiven la construcción de vivienda social, la inversión en obra hidráulica y que aceleren la implantación de una movilidad sostenible.
El director general de la organización, Aniceto Zaragoza, ha cifrado entre 25.000 y 30.000 millones de euros el déficit inversor del país en infraestructuras del ciclo del agua. También ha urgido al Ejecutivo la activación de una política de captura y almacenamiento del carbono que ayude a los sectores industriales a cumplir con la senda de la neutralidad climática.
El PNIEC (Plan Nacional Integrado de Energía y Clima) incluye referencias a tecnologías de captura, almacenamiento y transporte del CO2, pero la Comisión Europea ha demandado mayor claridad sobre los proyectos previstos.
Los costes altos se consolidan
La caída del mercado local del cemento coincide con alta presión sobre los costes de producción. Svaiter se ha referido esta mañana al encarecimiento del mercado de emisiones (los derechos han cotizado a una media de 83,5 euros en 2023 frente a los 30,2 euros de 2019); a un combustible (coque de petróleo) que sigue doblando el precio de 2019 (tocó los 155 euros por tonelada en 2022 frente a los 43,3 euros de 2019), y a una factura eléctrica que, aunque a la baja, ha sido de una media de 89 euros por MW y hora, un 82% por encima del precio previo a la pandemia. “Reconocemos las medidas de emergencia activadas por el Gobierno para bajar el precio de la electricidad, pero la industria electrointensiva española ha seguido pagando un 76,8% más que la francesa y un 32,9% más que la alemana”, ha lamentado Alan Svaiter.
Las exportaciones del pasado ejercicio no han servido de colchón para amortiguar el enfriamiento del mercado doméstico. Las ventas al exterior sumaron 5,3 millones de toneladas, un 7,5% a la baja respecto a 2022. Desde Oficemen se aplaude el establecimiento, de momento a título meramente informativo, del mecanismo de ajuste en frontera por carbono (MAFC), pero se urge una fórmula para que las exportaciones europeas de cemento puedan competir con las de países del entorno con menor o nula presión por las emisiones de carbono. Una de las soluciones a debate en el seno de la UE es la gratuidad de cierto volumen de derechos de emisión.
Respecto a la citada senda hacia la neutralidad climática, Oficemen habla de tres herramientas esenciales: el uso de materias primas descarbonatadas y combustibles derivados de residuos (en España el porcentaje de sustitución es del 40%, por el 80% en Noruega); el desarrollo de nuevos cementos bajos en carbono, y la alimentación eléctrica de las plantas con recurso a las renovables o al autoconsumo. Un 60% de las emisiones del cemento son prácticamente ineludibles al producirse en el proceso de producción, como la descarbonatación de la caliza, para lo que es esencial impulsar tecnologías de captura y almacenamiento del CO2. El otro 40% está relacionado con el uso de combustibles fósiles, que están siendo sustituidos por otros alternativos.
En este punto, la patronal del cemento demanda apoyo al Gobierno para sacar adelante las tecnologías de captura, almacenamiento y transporte de carbono. El Ministerio de Industria tiene activada una primera fase de 1.000 millones (500 millones en subvenciones y otros 500 millones en créditos) de un PERTE total de 3.100 millones para la descarbonización. Desde el frente de cementeras se advierte que “la neutralidad de la industria va a precisar cientos de miles de millones, lo que deja muy pequeña la ayuda de los fondos europeos”. Por ello, se reclama una línea permanente de ayudas que acompañe a las políticas empresariales de descarbonización.
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