La sentencia que absuelve a Iberdrola por el ‘tarifazo’ de la luz, a un paso de ser firme

Las acusaciones ejercidas por Anticorrupción, Facua y Axpo Iberia han optado por no recurrir el fallo de la Audiencia Nacional

La Torre Iberdrola, sede de la compañía energética en Bilbao.

La sentencia de la Audiencia Nacional que absolvió a Iberdrola y cuatro de sus directivos por el incremento del precio de la luz a finales de 2013 está a un paso de ser firme tras la decisión de las acusaciones de no recurrir el fallo. Según han informado fuentes cercanas a las partes acusatorias, la Fiscalía Anticorrupción, la asociación de consumidores Facua y la compañía de energía renovables Axpo Iberia han optado por no impugnar la resolución del Juzgado Central de Penal Único, que descartó la comisión de un delito relativo al mercado y a los consumidores. Mientras tanto, la cuarta acusación, representada por la eléctrica Geoatlanter, estudia todavía su posición al respecto.

Anticorrupción, que solicitó una multa de 5,4 millones de euros (5.000 euros al día durante tres años) y que tachó de “artificial” el aumento de los precios, considera que no hay vía para formular recurso. Las fuentes consultadas han explicado que, aunque el fallo no ha sido el esperado, la Fiscalía no puede revisar los hechos que la sentencia da por probados, ni entrar a valorar las periciales aportadas a la causa, a las que el magistrado José Manuel Fernández-Prieto dio mucho peso para absolver a la filial de Iberdrola y sus altos cargos.

Esta decisión ha bloqueado cualquier intención de Axpo Iberia favorable al recurso. La compañía suiza del trading eléctrico se personó en la causa como actor civil, es decir, solo exigió una responsabilidad civil por los daños y perjuicios derivados de la inflación de la energía hidroeléctrica procedente de las cuencas del Duero, Sil y Tajo. Por tanto, depende directamente del criterio de la acusación pública, ejercida por la Fiscalía, que es quien ha llevado la acción penal y está legitimado para actuar en este sentido.

Por su parte, Facua, que sí está presente en este procedimiento como acusación particular, ha decidido seguir la misma línea que Anticorrupción y ha renunciado a presentar un recurso contra la sentencia, según han confirmado fuentes de la asociación, que han preferido no dar detalles de su decisión.

En cuanto a Geoatlanter, aún está analizando los argumentos de la sentencia y estudiando si deben o no recurrir, han apuntado fuentes de su defensa. El plazo para solicitar a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que revise los argumentos del Juzgado Central Penal Único concluye la semana que viene. Así, en caso de que esta acusación tampoco presente su recurso, la sentencia, que se dictó el pasado 4 de enero, adquirirá firmeza y quitará todo tipo de peso penal sobre Iberdrola y sus directivos por este asunto.

Fianza de 192 millones de euros

La compañía ya afrontó la fianza de 192.231.272 euros que el juez instructor le impuso de forma conjunta y solidaria con los otros cuatro acusados, ante una eventual condena, que finalmente no ha tenido lugar y que obliga a levantar dicha medida. En concreto, 84 millones estaban previsto para el pago de las multas solicitadas (el cuádruplo del beneficio obtenido) y los 107 millones restantes a las posibles indemnizaciones a las comercializadoras de energía eléctrica y perjudicados.

A lo largo de 32 páginas, el magistrado Fernández-Prieto afirma que, durante el juicio, quedó “plenamente probado” que Iberdrola Generación puso en el mercado, entre el 30 de noviembre y el 23 de diciembre de 2013, “toda la energía hidroeléctrica de que disponía” en los citados embalses, en contra de lo que defendieron las acusaciones. En esta línea, señaló que no hay pruebas que acrediten que que los traders de la compañía de generación de energía “falsearan sus análisis por órdenes de sus superiores” y que, por tanto, perjudicaran a los consumidores y comercializadoras.

Según consta en el sumario de la causa, Iberdrola obtuvo un beneficio de 21,2 millones de euros con la energía puesta en el mercado en las fechas analizadas. Además, por estos hechos, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) impuso una sanción a Iberdrola Generación de 25 millones de euros por una infracción muy grave contra la Ley Eléctrica.

El órgano regulador elaboró varios informes, a petición del Ministerio de Industria, dirigido entonces por José Manuel Soria (que compareció como testigo en el juicio), para identificar las causas de la subida de precios. La autoridad de competencia concluyó que existían anomalías. De hecho, su examen provocó la intervención del Gobierno, que anuló la puja del 19 de diciembre de 2013, y suspendió el mecanismo de subasta Cesur por el llamado precio de venta al pequeño consumidor (PVPC), que se instauró en abril de 2014.

Sobre este punto, el juez Central Penal Único señaló que las valoraciones de la CNMC fueron “simples estimaciones” o “meros estudio de probabilidad futurista” sobre el valor que debería tener la energía hidroeléctrica a finales de 2013. Asimismo, el magistrado apuntó que el procedimiento utilizado para el examen fue “puntual” y “poco claro”.

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