Santa María de Garoña, ¿el fin del sueño nuclear?
El inicio del desmantelamiento de la central burgalesa es el preámbulo del cierre ordenado del parque español, entre 2026 y 2036, y provoca la añoranza de PP y VOX
Tras recibir la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), el Ministerio para la Transición Ecológica autorizó el pasado martes el desmantelamiento de la central nuclear de Santa María de Garoña, en la provincia de Burgos, que se prolongará durante una década. Al día siguiente, en un acto simbólico, Ángel Cortés, gerente de Nuclenor (sociedad propietaria de la central participada al 50% por Endesa e Iberdrola) entregaba al presidente de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa), José Luis Navarro, la llave de la planta. La compañía pública, encargada del desmantelamiento y la gestión de los desechos radiactivos de Garoña, se convertía así en la propietaria de la instalación, aunque no de los terrenos, que seguirán siendo de Nuclenor.
Poco después de conocerse la decisión, responsables del Gobierno de Castilla y León, hicieron unas pintorescas declaraciones. Por un lado, su vicepresidente, Juan García-Gallardo (de VOX), prometió reconstruir la planta: “si llegamos al Gobierno habrá en Garoña una central nuclear”, dijo, tras recordar “la nitidez” con la que su partido defiende la energía atómica. En su programa figura la construcción de minireactores en las ubicaciones de las centrales térmicas cerradas y la ampliación de la vida de las que aún funcionan.
A continuación, el consejero de Economía castellanoleonés, Carlos Fernández Carriedo, calificó la decisión del Gobierno “de precipitada”. Frente a Gallardo, que anunció que Vox paralizaría el desmantelamiento de llegar al poder, el consejero aclaró que la reapertura dependerá de si hay promotores e inversores dispuestos a asumir el coste. En el caso del PP, este quiere ampliar la vida útil del parque actual, siempre “con la autorización previa del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), lo cual es una precisión retórica pues ninguna puede funcionar sin dicho permiso del organismo supervisor.
Que el desmantelamiento de Garoña se califique de precipitado bien puede considerarse una broma, incluso pesada. Y más viniendo de un político del Partido Popular que ha olvidado (¿lo supo alguna vez?) que fue el último Gobierno de Mariano Rajoy quien decretó su cierre el 1 de agosto de 2017, hace ahora seis años, tras un largo y bochornoso culebrón. El entonces ministro de Energía, Álvaro Nadal, anunciaba ese día, y a su pesar, la clausura de la malhadada planta que, con una potencia de 460 MW, había iniciado su actividad en 1971.
Por la vía de rechazar la renovación de la licencia de explotación (provisional desde 2013), Nadal daba por clausurada la instalación, sobre la que se habían escrito ríos de tinta. El serial comenzó el verano de 2009 cuando el presidente del Gobierno, a la sazón José Luis Rodríguez Zapatero, partidario declarado de su cierre, fue incapaz de resistir las presiones de las eléctricas y del PP, y aprobó ese año (en que le tocaba renovar la licencia periódica de 10 años y estaba a dos de alcanzar los 40 años de vida, en que se fija la utilidad de estas centrales) aprobó el cierre en diferido para el 6 de julio de 2013, pese a haber recibido el visto bueno del CSN.
Se dio la circunstancia de que en julio de 2013 ya gobernaba el PP y que, para mayor enredo, Endesa e Iberdrola habían decidido en diciembre de 2012 parar unilateralmente la central para evitar el pago de las nuevas tasas nucleares que el propio Gobierno de Rajoy había aprobado ese año. La decisión le costó a las empresas una multa de la CNMC de 18 millones de euros y, pese a posteriores desavenencias entre las propietarias, con Endesa más proclive a reabrirla e Iberdrola, presionada por las instituciones vascas (Garoña está en la frontera con Álava, y la eléctrica tiene su sede en Bilbao), la central no volvió nunca más a funcionar.
Cierre irreversible
El periodo comprendido entre esa fecha y 2017, con el cese definitivo de la licencia, transcurrió entre las presiones de las empresas para librarse de las tasas, que, en su opinión, hacían inviable la planta, y la humillación de un Gobierno pronuclear dispuesto a todo para mantener viva una central que se había convertido en bandera de la defensa ideológica de una energía que (no se entiende bien por qué) viene enarbolando la derecha desde hace décadas. Incluso ahora, cuando el capitalismo ha dado la espalda (ni eléctricas ni bancos apoyan ya inversiones de elevadísimo riesgo, por volumen, por los largos plazos de construcción, por el coste de la seguridad y el desmantelamiento, que puede durar tanto como sus años de funcionamiento), partidos como Vox (con nitidez, pero sin argumentos) y el PP (coqueteando con que revisarán el plan de cierre del parque nuclear, que concluirá en 2036, pactado entre las propias compañías y Enresa en 2019).
Por el momento, Garoña ha iniciado su cuenta atrás y se suma a las otras tres plantas clausuradas ya en España, la de Vandellós I, en 1988, tras un incendio a los escasos años de iniciar su producción y, por supuesto, sin amortizar, y José Cabrera (Zorita), propiedad de la antigua Unión Fenosa, sin tanto poder como Endesa e Iberdrola, pasó sin pena ni gloria. Estas centrales, las llamadas de primera generación, eran las más pequeñas del parque y de tecnología más arcaica.
Pese a que el debate resulta algo trasnochado, formaciones políticas de derecha y ultraderecha siguen apostando (solo sobre el papel, claro) por la energía nuclear. En el caso de VOX, copiando el modelo planteado por Francia, país con 60 reactores en manos de una empresa estatal, EDF, que se enfrenta al envejecimiento acelerado de su parque y que pretende reconvertir con minireactores atómicos.
Solo la ampliación de la vida de las ocho nucleares españolas en funcionamiento, que comenzarán a cerrar de manera ordenada a partir de 2026, con el cierre de Almaraz I, sería factible, como bien plantea el PP. Sin embargo, las eléctricas han dejado claro que solo estarían dispuestas a solicitar la renovación de las licencias al CSN (en el caso de los dos grupos de Almaraz ya sería irreversible, pues los procesos se permisos son muy largos, requieren de inversiones de mantenimiento y han de iniciarse con años de antelación) si se libran de los tributos que pesan sobre estas instalaciones. Algo que ni el Gobierno de Rajoy estuvo dispuesto a aceptar.
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