Berkeley lleva a los tribunales el ‘no’ del Gobierno a la mina de uranio
La energética presenta un recurso ante la Audiencia Nacional contra la decisión del Ministerio de Transición Ecológica de rechazar su proyecto en Salamanca
Berkeley Energía ha decidido poner en manos de los tribunales el ‘no’ definitivo que ha dado el Gobierno a su proyecto de la mina de uranio de Retortillo (Salamanca). Según informó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la energética ha presentado un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional la decisión del Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que dirige Teresa Ribera, de desestimar la autorización de construcción de una planta de concentrado de uranio como instalación radiactiva (NSC II).
La filial española del grupo australiano inicia la vía judicial para “seguir defendiendo su posición”, una vez que el Ministerio ha desestimado su recurso contra la negativa a dar luz vez al proyecto minero. Con este trámite, el procedimiento administrativo queda concluido y abre la puerta a la vía judicial.
Según denuncia Berkeley en la información remitida al organismo regulador, la última decisión del Ministerio “no es legal” porque, según indica, ha rechazado su solicitud “sin seguir el procedimiento legalmente establecido, incluso teniendo en cuenta los distintos ‘Informes de Mejora’”, que se aportaron para complementar la petición inicial de autorización.
Así, con el objetivo de “resolver la actual situación de permisos” y lograr el aval del Ejecutivo a la mina de uranio en Retortillo, Berkely ha decidido presentar el recurso ante la Audiencia Nacional, aunque afirma que está abierta a solucionar el conflicto de “manera amistosa”.
Informe desfavorable
El gabinete dirigido por Ribera rechazó por primera vez en noviembre de 2021 el ‘proyecto NSC II’ tras recibir un informe favorable de la Junta del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) en julio de 2021. Ante esta resolución, la energética presentó un recurso ante el Ministerio, que se ratificó en su decisión el pasado mes de febrero.
De forma paralela, a finales de 2022, Berkeley Energía abrió la puerta a iniciar un arbitraje contra el Gobierno de España por la situación de bloqueo del proyecto. En concreto, la compañía notificó por escrito de una disputa de inversión al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.