El retraso en el despliegue de los fondos europeos le renta al Estado más de un 3,5% por los depósitos acumulados
La banca remunera por la cuantía de las ayudas comunitarias pendiente de gastar, a lo que se sumará a final de año otros 10.000 millones del próximo pago
El retraso en el despliegue de los fondos europeos le sale a cuenta al Estado. Lo que al principio de la llegada del maná comunitario era un problema —las entidades cobraban entonces por la tasa de depósitos negativa del 0,5% que fijaba el BCE—, ahora se transforma en una ventaja. Tanto las comunidades autónomas como el Gobierno central reciben una retribución de más del 3,5% por la parte de los fondos todavía sin gastar, un montante que se sitúa entre 15.000 millones y 20.000 millones, según casi una decena de fuentes financieras. Esto es, entre 500 millones y 700 millones de euros de ingresos financieros si esta cantidad se mantiene ociosa durante un año completo.
De este montante existe un flujo de salida constante, de pago a las empresas beneficiarias, que está siendo más lento de lo esperado. Aunque estas salidas se compensarán con creces —el acumulado incluso crecerá— con el próximo pago comunitario de 10.000 millones, que se espera para antes de acabar el año.
Existen pocos datos del gasto realizado de forma efectiva, aquel que ha llegado realmente a las empresas. Lo que se sabe con certeza es que España ya ha recibido 37.000 millones de euros, de los que 24.300 millones se han transferido a las autonomías, para que sea la comunidad la que lo canalice. Esta parte, lo que reste de la que está en manos de los gobiernos regionales, es la que está recibiendo una retribución de la banca.
Sobre lo que se ha abonado al tejido productivo existe un acercamiento según los datos de contabilidad nacional publicados por la Comisión Europea. En base a estas cifras, España gastó 7.600 millones entre 2021 y 2022. A lo que se sumará lo que abone en este ejercicio: este montante será de entre unos 13.500 millones —según la Comisión— y casi 22.000 millones —según el Gobierno— en el año en curso. Coincide con las cifras que recoge igualmente la IGAE (Intervención General de la Administración del Estado), que sitúa en 28.000 millones acumulados de gasto desde 2021 hasta final de septiembre.
De esta forma, se constata que el barco ha cogido velocidad de crucero y se agiliza la llegada de los fondos. Pese a ello, con el abono de otro cheque por 10.000 millones de euros, seguirán ociosos a cierre de año en el mejor de los casos una cantidad similar a la actual: 19.000 millones de euros por los que las Administraciones serán retribuidas.
Sobre esta remuneración no existe un tipo fijado previamente compartido para todos los bancos y comunidades autónomas. Al igual que con los particulares y con las empresas, en las Administraciones públicas también influye la capacidad de negociación que tenga cada una. Eso sí, existen referencias sobre las que se sitúa la rentabilidad ofrecida. Está el euríbor a un año, que cerró noviembre en el 4,022%; la facilidad de depósitos del Banco Central Europeo, que está en el 4%, y el índice €STR a corto plazo, que acabó el penúltimo mes del año alrededor del 3,9%, según las últimas cifras que recoge el Banco de España.
Las fuentes bancarias consultadas matizan que hay entidades que no llegan a esos niveles, aunque no es lo habitual. “Puede haber algo retribuido por debajo del 3,5%, pero serán casos contados”, afirma una de estas fuentes. A favor del sector juega el exceso de liquidez del sistema español, donde hay más depósitos que créditos, lo que les permite ser menos agresivo que en otros momentos históricos. Y en contra, que se trata de clientes con capacidad de negociación al poseer una cantidad ingente de depósitos.
Coste al alza
“Nos estamos planteando reducir la exposición a la Administración porque es muy caro”, reconocen desde uno de los bancos del Ibex. De hecho, desde otra entidad cotizada, su consejero delegado fue claro en la presentación de resultados del tercer trimestre: “El sector público supone un coste alto con sus depósitos, porque va casi al coste del BCE. Por eso, sustituirlo puede ser rentable”, avanzó a finales de octubre César González-Bueno, del Sabadell.
Por otro lado, la parte que sigue en manos del Gobierno central también recibe una retribución. Aunque en este caso el pago le llega del Banco de España por los depósitos que tiene el Estado en el supervisor español. La diferencia es que esta remuneración sí tiene unos topes fijados de antemano por el BCE. “El nuevo límite máximo de remuneración de los depósitos públicos de la zona del euro se fijará al tipo de interés a corto plazo del euro (€STR) menos 20 puntos básicos y entrará en vigor el 1 de mayo de 2023″, acordó el Eurobanco el pasado febrero.
Pero, ¿qué cantidad de los fondos europeos sigue varada en el Estado? Según las fuentes financieras consultadas, esa cifra está entre los 15.000 millones y los 20.000 millones. Un montante que, como mínimo, se mantendrá estable tras la llegada de los 10.000 millones del próximo pago. Aunque si el ritmo de gasto no alcanza el nivel previsto por el Gobierno, esta cifra incluso crecerá hasta alrededor de los 25.000 millones.
Según los datos que maneja el Banco de España, si se mira el avance de los depósitos de las Administraciones públicas en junio de este año (última cifra disponible) respecto al mismo mes de 2021, antes de la llegada de los pagos europeos, hay unos 19.840 millones de euros más. Esto es, en línea con las estimaciones del mercado. De aquí, una parte se puede derivar del aumento de la recaudación fiscal, pero fuentes de la Administración reconocen que el maná europeo explica en gran medida este repunte. “Es difícil saber de lo que tienen, qué se corresponde con fondos europeos. Lo que se constata es que los depósitos de los organismos públicos han crecido mucho en los últimos años”, abundan desde el sector financiero.
Sigue toda la información de Cinco Días en Facebook, X y Linkedin, o en nuestra newsletter Agenda de Cinco Días
Sobre la firma
