El ‘oro blanco’: por qué las minas del litio ibérico no son operativas
El futuro de la cadena de valor de este mineral esencial para muchos sectores se topa con reglamentos ambientales, la oposición local y múltiples litigios judiciales
La complejidad de la industria minera amenaza la apuesta europea por los materiales críticos y su meta de alcanzar el 30% de la producción local de litio en 2030. Extremadura tiene el potencial de lucir entre los mayores yacimientos de este mineral en Europa, pero litigios judiciales, denegaciones administrativas y la oposición local amenazan estas ambiciones.
El acuerdo provisional del Critical Raw Materials Act de la Unión Europea busca activar la producción europea de 16 materias primas clave en la transición verde. El litio, el codiciado ‘oro blanco’ que aparece como el tercer número atómico en la tabla periódica, es un componente clave en las baterías. Casi el 85% de las reservas de litio se encuentran en Argentina, Bolivia y Chile según la Agencia Internacional de Energía (AIE), la mayoría controlada por firmas chinas, australianas y norteamericanas. Pero existen yacimientos en la Península Ibérica.
Dos mineras extranjeras encabezan la apuesta española para suministrar la demanda europea: Extremadura New Energies y Lithium Iberia. Extremadura New Energies, filial española de la minera australiana, Infinity Lithium, lleva casi una década gestionando la obtención de un permiso de la Junta de Extremadura para operar una mina de litio soterrada en una zona protegida en la Sierra de la Mosca, a un kilómetro del centro histórico de Cáceres, ciudad Patrimonio de la Humanidad. Extremadura New Energies, de la que la constructora española Sacyr tiene un participación minoritaria de 25%, cuenta con un permiso de exploración que vence el 31 de marzo y que fue otorgado por la Junta a Castilla Mining, una de sus numerosas filiales con domicilio en Salamanca. Fuentes de Sacyr explicaron que no toman decisiones acerca del proyecto.
La firma sigue confiando en que empezarán a producir litio a partir de 2028 y se encuentran a la espera de la resolución de su tercera petición, pese a las denegaciones anteriores. Esto se suma a las sanciones: la promotora ha sido multada dos veces por el Ayuntamiento de Cáceres, que suman 76.500 euros, además de otra sanción de 2.500 euros emitida por la Junta. Las dos multas del Ayuntamiento fueron por la demolición de una vivienda ilegal en zona protegida, así como por realizar trabajos de carácter extractivo sin permiso. La promotora también fue demandada varias veces por plataformas ciudadanas, que se oponen a la mina por su ubicación en tierras protegidas. “Lo primero que defendemos es la legalidad y esta mina no es compatible con la orden de protección ambiental” señala Eduardo Mostazo Gracia a este periódico, un vecino de Cáceres que lleva desde 2017 en la Plataforma Salvemos la Montaña luchando contra el proyecto. Pese los debates anteriores, un informe municipal concluyó hace unas semanas que la mina sí era compatible con lo orden ambiental.
Otra plataforma, la Asociación de Vecinos de Sierra de la Mosca, codemandó a la promotora en dos instancias junto a Ecologistas en Acción y logró que se sancionara a la empresa en el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura el pasado mayo por realizar trabajos no contemplados en zonas protegidas, según documentos judiciales a los que tuvo acceso CincoDías. Extremadura New Energies eludió responder a este periódico.
Las sentencias recogen que la promotora recibió un permiso de investigación sin acompañarlo con un documento ambiental, un análisis de impactos potenciales en el medio ambiente y sin mitigar los posibles riesgos radiológicos, así como por usar maquinaria pesada dentro de zonas protegidas. Además, el Fiscal añadió que la explotación de estos minerales son incompatibles con el régimen urbanístico.
Pese a esta fuerte oposición, Industria concedió 18,8 millones de euros del Perte del Vehículo Eléctrico y Conectado a Extremadura New Energies. Las ayudas, que buscan poner en marcha la cadena de valor local de baterías y, así, impulsar la transición al coche eléctrico y la industrialización de la zona, provocaron un repunte del 41% en los valores de la empresa matriz, que se situaban hasta entonces en mínimos de los últimos tres años. Pero queda mucho camino por recorrer: la empresa necesitará además dos permisos de construcción.
Proyectos estancados
Esta mina no es la única en la región; existen otros dos proyectos que han recibido subvenciones del Gobierno para apoyar a la cadena de suministro de litio extremeño. Así, se concedió ayudas de 300 millones de euros al grupo chino, Envision, que pretende desarrollar una gigafactoría de baterías en Navalmoral de la Mata, Lithium Iberia, por su parte, obtuvo 13,3 millones de euros para explotar un yacimiento en la localidad de Cañaveral, a 30 kilómetros de Cáceres.
Los proyectos mineros están estancados por la falta de permisos de explotación. En el caso de Lithium Iberia, la extracción no comenzará hasta, por lo menos, mediados de 2026 si la Junta concede el permiso. Más sencilla es la instalación industrial: la Junta ya ha dado el visto bueno definitivo a la planta de baterías de Envision para empezar a producir a partir de 2026, una vez que el año pasado se concedió ya el permiso ambiental.
Los problemas legales no acaban ahí. El futuro de la apuesta hacia las materias primas críticas y del contrapeso al monopolio chino tiene que superar complicados trámites administrativos y problemas judiciales, todo ello envuelto en una compleja maraña de empresas, licencias, filiales y cambios societarios. El yacimiento de Santa María en Cañaveral está en manos de Lithium Iberia, pero a lo largo de casi dos décadas ha pasado por varios dueños. Francisco Corbacho, el dueño de la ahora difunta minera Quercus Explorations & Mining, alegó que una firma canadiense le robó sus permisos mineros. Por ello, presentó en 2020 una querella criminal contra la canadiense Eurotin (ahora llamada Li-Metal Corp) por supuesta estafa y por “simular la compraventa de los permisos mineros a una sociedad constituida para tal fin”.
Fue en 2008 cuando esta empresa con sede en las afueras industriales de Toronto (Canadá) abordó a la pequeña minera con la promesa de invertir 95 millones de euros en un pueblo cacereño de 125 habitantes. Eurotin, según el denunciante, tenía interés en dos permisos de exploración concedidos a Quercus. Corbacho se hizo socio de Eurotin, pero dos años más tarde estos permisos fueron trasladados a una tercera sociedad hasta quedar en posesión de Lithium Iberia (antes conocido como Jesampa).
En 2021, Eurotin fue adquirida por Li-Metal Corp mediante una compra inversa a través del empresario australiano Timothy Johnston, que cuenta con varias firmas domiciliadas en las Islas Caimán y Guernsey. Li-Metal no hizo comentarios acerca del caso, pero Li-Cycle Holdings, otra empresa de Johnston, ha explicado a CincoDías que “nunca hemos estado involucrados con la propiedad de Santa María en España”. Por su parte, la representación legal de Corbacho tampoco respondió a las peticiones de este periódico con respecto a su caso.
Los recursos nacionales seguirán sin explotarse hasta finales de esta década, según los planes de las propias empresas. Hasta ahora, Portugal es el único país que podría sostener a una cadena de valor en la zona euro, aunque no se escapa del escrutinio jurídico: un presunto caso de corrupción involucrando al primer ministro António Costa provocó su inesperada dimisión en noviembre. Se estima que la demanda para este metal solo crecerá a lo largo de esta década mientras más compañías impulsan la transición al coche eléctrico.
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