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OPA hostil
Opinión
Texto en el que el autor aboga por ideas y saca conclusiones basadas en su interpretación de hechos y datos

Los ricos revisan su planificación fiscal por si toca poner tierra de por medio

Grandes patrimonios y ‘family offices’ se movilizan ante una posible prórroga del impuesto a las grandes fortunas y en plena incertidumbre regulatoria

María Jesús Montero, ministra de Hacienda y Función Pública, en una rueda de prensa en la madrileña sede de Ferraz.
María Jesús Montero, ministra de Hacienda y Función Pública, en una rueda de prensa en la madrileña sede de Ferraz.Javier Lizon (EFE)

“Hay empresarios de primera línea con casa en Londres o Miami. Es normal que hagan consultas por si les toca deslocalizar el patrimonio”. Un abogado de larga trayectoria en la gestión fiscal de grandes patrimonios alertaba esta semana de la creciente inquietud entre sus clientes por la inminente luz verde del Tribunal Constitucional al impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas, el conocido como impuesto a los ricos. De hecho, el previsible plácet del alto tribunal –que tiene pendiente revisar el recurso de la Comunidad de Madrid de Isabel Díaz Ayuso– ha disparado el temor a que el Gobierno convierta en estructural lo que nació como temporal para los años 2023 y 2024.

El pasado martes, en el Congreso de la Empresa Familiar celebrado en Bilbao, un foro que congrega todos los años a un centenar de las principales empresas y fortunas del país, de los Botín a los Roig, pasando por los Entrecanales, Del Pino o Riberas, el debate público se centró en las 37,5 horas semanales. Entre bambalinas, sin embargo, la decisión del Constitucional, prevista para ese día y finalmente aplazada, también encontraba acomodo. Fuentes del Instituto de la Empresa Familiar (IEF) confirmaban a CincoDías que ya se ha trasladado al principal cónclave europeo para el colectivo, el European Family Business, que si se va un paso más allá y se eliminan las exenciones que atesoran en el impuesto de Patrimonio –equivalentes en el nuevo gravamen–, existe un riesgo claro de deslocalización.

Desde uno de los principales bufetes de Madrid se explica, bajo condición de anonimato, que esas salvaguardas están recomendadas por la UE para facilitar la transmisión de empresas de generación en generación y que, en principio, no deben peligrar. “La cuestión es otra”, se explica. “La inquietud viene porque, si el impuesto va a tener continuidad, se espera que la Agencia Tributaria extreme los controles y las inspecciones con el fin de comprobar que se cumplen los requisitos para acceder a esas dispensas tributarias. Y ya de por sí son condiciones muy rigurosas. Además, las familias que nos vienen a la cabeza tienen la planificación hecha, pero un porcentaje muy elevado de sociedades, algunas pymes u otras gestionadas por la primera generación, mezclan con mucha facilidad el patrimonio personal y familiar o es más difícil aquilatar los requerimientos ante una inspección. Nos están pidiendo revisiones internas de la organización para definir bien los activos no afectos al holding familiar y garantizar que se cumple la normativa. Es sorprendente cómo se pueden encontrar fincas o hasta cuadras de caballos imbricados en firmas”.

El incremento de consultas legales a la vuelta del verano, empero, alcanza a empresas y ejecutivos de todo tipo, más allá de la tipología de sociedad. En este caso, hay un abanico de factores que abonan la desazón. Para empezar existía la convicción en el mundo corporativo, alentada por las encuestas, de que España se encaminaba a un cambio de Gobierno. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ya había dejado claro que eliminaría el impuesto a los ricos, un movimiento obvio con la Comunidad de Madrid –y también, en menor medida, Andalucía– como principal damnificada por el tributo. De hecho, su origen está en la intención del Gobierno de unificar las bonificaciones fiscales por Patrimonio y evitar el dumping fiscal entre comunidades. La resiliencia de Sánchez y la incertidumbre regulatoria han puesto en revisión toda la estrategia de los family office, que ya cantaban victoria.

Por si fuera poco, y en línea con lo que está sucediendo a nivel internacional, la revisión en marcha del régimen de impatriados en Portugal, donde un segmento importante de ejecutivos españoles con altos patrimonios habían encontrado un auténtico oasis fiscal, les ha obligado a movilizarse en busca de la alternativas. “Hay que ponerlo en contexto. Lo que está pasando no significa que todo el mundo se vaya a ir o afrontemos un éxodo masivo”, se insiste desde el citado despacho. “De hecho, la sensación es que las decisiones no están tomadas. Hay un impasse. Desde luego, se acabó la perspectiva de que el impuesto vaya a ser temporal y se pague dos años. Por tanto, sí nos encontramos ante un mayor interés y seguimiento de la situación por el cambio del contexto y a expensas de saber cuál va a ser la legislación futura”.

El frente de Madrid

La madre de todas las batallas se libra en la capital, que concentra la mayor parte de las visitas a despachos. Según los datos hechos públicos por Hacienda, el impuesto en cuestión –que afecta a patrimonios netos superiores a tres millones de euros– recaudó este año 623 millones, de los cuales 555 procedían de Madrid, hasta un 89%. De los 12.010 declarantes, un total de 10.302 pertenecían a esa comunidad, con una factura media cercana a los 54.000 euros. No es casualidad que uno de los recursos más exhaustivos remitidos al Constitucional fuera el promovido por la Asociación Madrileña de la Empresa Familiar (Amef). Entre los principales argumentos aportados, la vulneración de la autonomía financiera de las autonomías o la quiebra de los principios de capacidad económica y no confiscatoriedad. La ponencia de la magistrada progresista María Luisa Balaguer, sobre la que debatirá un pleno del Constitucional también de mayoría progresista, aparca los giros de guion.

Por si no fuera suficiente, el acuerdo para la investidura entre Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, que prevé mantener las tasas extra a la banca y las energéticas, no ha hecho sino certificar que hay motivos para la inquietud en el caso de los grandes patrimonios. Los efectos colaterales de ese pacto de Gobierno no se han hecho esperar. Repsol ha sido la primera gran corporación en lanzar un órdago por la pervivencia de los impuestos, alertando de que trasladará inversiones fuera de España. Está por ver que compañías reguladas pasen de las musas al teatro, pero es un aviso a navegantes. A los grandes patrimonios, muchos fuera del foco mediático, les basta con apretar un botón. ¿Tiene alguna implicación que un porcentaje de un colectivo tan reducido como el de los millonarios ponga tierra de por medio? Su capacidad de tracción -o su irrelevancia- anima estudios académicos.

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