Bruselas reajusta la multa a Intel de 2009 y le impone una sanción de más de 376 millones
La Comisión, que le acusa de prácticas anticompetitivas, ya la multó con 1.060 millones hace 14 años, pero el Tribunal de la UE se lo tumbó
La Comisión Europea ha vuelto a imponer una multa de 376,36 millones de euros a Intel por prácticas anticompetitivas en el mercado de los chips. La sanción llega después de que el Tribunal General de la UE anulara la multa original impuesta por Bruselas a la compañía en 2009 de 1.060 millones por abuso de posición de mercado, la mayor hasta ese momento en la UE, al considerar que el Ejecutivo comunitario había hecho un análisis “incompleto”.
Entonces, la Comisión acusó a Intel de recurrir a prácticas que Bruselas considera ilegales, como ofrecer descuentos a fabricantes de ordenadores como Acer, Dell, HP, Lenovo o NEC (descuentos condicionales) a cambio de que le compraran a ella la totalidad o casi todos los procesadores x86 y no utilizaran microprocesadores de su rival AMD. También de haber pagado a los fabricantes de PC para que detuvieran o retrasaran el lanzamiento de productos que contenían los chips de su competencia y para que limitaran los canales de ventas disponibles para esos productos, denominadas restricciones manifiestas. La acusación incluía igualmente el pago al distribuidor de aparatos electrónicos Media-Saturn Holding para que vendiera sólo ordenadores equipados con microprocesadores Intel.
La sanción de 2009 se impuso después de una investigación de Bruselas de casi 10 años, que analizó las prácticas de negocio de Intel desarrolladas entre 2002 y 2007. Pero, la sentencia del Tribunal General de la UE anuló parcialmente la penalización impuesta por Bruselas, concretamente la parte relativa a los “descuentos condicionales”, si bien, la corte con sede en Luxemburgo consideró que tales prácticas constituían un abuso de posición dominante según las normas comunitarias.
Según el tribunal, la Comisión no había demostrado “de modo jurídicamente suficiente la capacidad de cada uno de los descuentos controvertidos para producir un efecto de expulsión del mercado”. Y aseguró que no había examinado “debidamente el criterio relativo al porcentaje del mercado cubierto por la práctica criticada ni procedió tampoco a un correcto análisis de la duración de los descuentos”. Conclusiones que le llevaron a anular la sanción impuesta a Intel en su totalidad al no poder determinar el importe de la multa en relación únicamente con las restricciones manifiestas.
Ahora, y teniendo en cuenta el dictamen del citado tribunal, Bruselas ha decidido reimponer una multa a Intel solo por las “restricciones manifiestas” que tuvieron lugar entre noviembre de 2002 y diciembre de 2006, que consistieron en pagos realizados por Intel a tres fabricantes de ordenadores (HP, Acer y Lenovo) para detener o retrasar el lanzamiento de productos específicos que contenían CPU x86 de la competencia y limitar los canales de venta.
La Comisión reitera que estas restricciones atentan contra el artículo 102 del Tratado de la Unión Europea y constituyen una infracción grave, por lo que le impone la multa de 376,36 millones de euros. “Intel pagó a sus clientes para limitar, retrasar o cancelar la venta de productos que contienen chips de ordenador de su principal rival. Esto es ilegal según nuestras normas de competencia. Nuestra decisión muestra el compromiso de la Comisión de garantizar que infracciones antimonopolio muy graves no queden sin sanción”, ha asegurado Didier Reynders, comisario responsable de Competencia.
El Ejecutivo comunitario ha señalado que la rebaja de la multa “refleja el alcance más limitado de la infracción”, pero ha dejado claro que mantiene el recurso contra la anulación de la sentencia del Tribunal General.
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