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La Eurocámara aprueba su mandato para negociar la reforma eléctrica con los países de UE

La propuesta busca contratos estables, a largo plazo y precios asequibles. El Parlamento quiere un tope para las energías marginalistas de 180 euros/MWh

Kadri Simpson, comisaria de Energía de la UE.
Kadri Simpson, comisaria de Energía de la UE.Reuters

El Parlamento Europeo ha aprobado hoy su mandato para la negociación final de la reforma del mercado de la electricidad de la Unión Europea con los Estados miembros y espera ahora a que las capitales pacten un enfoque común para intentar cerrar el expediente antes de que acabe el año. El pleno del hemiciclo comunitario aprobó el texto por 366 votos a favor, 186 en contra y 18 abstenciones. La comisaria europea de Energía, Kadri Simpson, agradeció el trabajo para conseguir un texto “equilibrado” al ponente del expediente, el español Nicolás González Casares (PSOE), y señaló que seguirá trabajando con la presidencia española del Consejo de la UE para “finalizar la posición del Consejo y concluir las negociaciones este año”.

La reforma, concebida al calor de la crisis de precios del gas y su efecto contagio en el mercado eléctrico durante los dos últimos años, pretende adaptar el mercado de la electricidad a la era de las renovables con contratos estables y a largo plazo de precios asequibles, que garanticen la seguridad de suministro e incentiven las inversiones en tecnologías verdes. El enfoque del Parlamento Europeo mantiene la petición de mantener un tope de ingresos a las tecnologías marginalistas de 180 euros/MWh. Se aplicaría en caso de crisis de precios profunda y prolongada, como las de 2021 y 2022, y el texto reclama también que los países de la UE prohíban la desconexión de clientes vulnerables o en riesgo de pobreza energética,entre otros puntos.

Los países de la UE, por su parte, analizan la propuesta presentada el pasado lunes por la presidencia española del Consejo de la UE para acercar a los bloques liderados por Francia y Alemania, opuestos en relación con la financiación de las centrales nucleares. Ese borrador, al que ha tenido acceso EFE, se centra en los aspectos donde persiste el desacuerdo y, en particular, busca desatascar las posiciones de París y Berlín en relación con los Contratos por Diferencia (CFD),en los que el Estado acuerda con un generador un precio fijo de compraventa de electricidad en un plazo determinado y después se devuelve la diferencia. Las divisiones radican en si esos contratos se aplican a las centrales nucleares ya existentes que extiendan su vida útil o amplíen su capacidad, exigencia del bloque nuclear que lidera Francia pero que rechazan los Estados contrarios a la energía atómica, con Alemania a la cabeza.

Fuentes vinculadas a la propuesta definen el nuevo texto como “equilibrado, porque preserva la autonomía de los Estados miembros para escoger su mix energético dentro del marco delos objetivos europeos, y a la vez introduce controles para que la preservación de esa autonomía no suponga una distorsión del mercado”. En concreto, el borrador se centra en los “esquemas directos de apoyo a los precios para nuevas inversiones en generación” y propone fijar un precio garantizado para las empresas de energía eléctrica si se produce una extensión de la vida útil de las centrales. Define también las características del diseño de los instrumentos para garantizar la viabilidad económica de la vida de esas plantas y estipula cómo se reparten los ingresos a los consumidores tras el ajuste del CFD, no sólo en lo relativo a la nuclear sino también a la energía eólica, solar, geotérmica e hidroeléctrica sin embalse.

No obstante, los Estados miembros podrán eximir a las instalaciones de energía renovable a pequeña escala. La propuesta de la presidencia española del Consejo Europeo detalla las condiciones para los CFD sin licitación pública y establece un esquema de remuneración a los consumidores, especialmente a las empresas, en función de su consumo total sin que esto altere los incentivos para reducir el consumo ni socave la competencia entre proveedores.

El sistema estaría supervisado por la Comisión Europea, que podría imponer límites a la redistribución de ingresos para las empresas

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