Lo que implica la propuesta española de reforma del mercado eléctrico europeo
El Gobierno considera “fallos de mercado” aspectos que no lo son y que, por tanto, no justifican ese rediseño. Volver a un sector intervenido y regulado traería más costes
Hace unas semanas, el Gobierno español remitió a Bruselas una propuesta de reforma del mercado eléctrico europeo. Posteriormente, la Comisión Europea lanzó una consulta pública con una serie de preguntas sobre el diseño del mercado, muchas de ellas en clara referencia a la propuesta del Gobierno español.
El hecho de que la Comisión Europea incluya preguntas sobre la propuesta del Gobierno es una clara evidencia de la creciente influencia política de España en la Comisión. Sin embargo, el mismo documento de consulta adelantaba la postura del cuerpo técnico de la Comisión, que albergaba serias dudas al respecto. Y ahora la Agencia de Reguladores Europeos (ACER) también ha publicado su posición, en contra de una reforma como la planteada por España.
Dado el actual contexto de precios elevados de la electricidad, ¿cómo es posible que tanto los técnicos de la Comisión Europea como los reguladores europeos se posicionen en contra de la reforma del mercado que plantea el Ejecutivo español?
El Gobierno reconoce que el actual diseño del mercado minimiza el coste de suministro, pero argumenta que actualmente existen “fallos de mercado” que impiden su correcto funcionamiento. Sin embargo, nada de lo que señala el Gobierno en sus críticas es un “fallo de mercado” ni justifica rediseñar el mercado. Por ejemplo, dice que es un “fallo de mercado” que los consumidores industriales compren su electricidad en contratos de corto plazo en lugar de hacerlo con contratos de largo plazo. En realidad, sí que hay consumidores industriales que han escogido contratos de largo plazo, pero, en cualquier caso, el hecho de que los consumidores escojan la duración de los contratos que mejor se ajusta a sus necesidades no es un “fallo de mercado”. Más bien al contrario, obligar a los consumidores a contratar en plazos distintos a los que ellos desearían afectará a su capacidad de competir en el mercado internacional.
La propuesta de reforma del Gobierno consta de tres pilares. El primer pilar consiste en la celebración de subastas para contratar a largo plazo energía proveniente de instalaciones renovables. El Ejecutivo razona que estas subastas podrán reducir los precios que pagan los consumidores porque el precio de los contratos a largo plazo refleja el precio medio esperado en el mercado al contado a lo largo de la vigencia del contrato, y la expectativa es que el precio del mercado al contado se vaya reduciendo. Lo que el Gobierno omite decir es que, por el mismo motivo, la firma de contratos a largo plazo significa que en el futuro los consumidores se enfrentarán a un mayor coste, porque tendrán que seguir pagando el precio de estos contratos a largo plazo, aunque el precio de la energía ya se habrá reducido.
El segundo pilar consiste en obligar a instalaciones nucleares e hidráulicas a venderle su producción en contratos “regulados” con precios “basados en costes”. Sin embargo, esto plantea múltiples problemas. Primero, si los costes estimados por el Gobierno son menores que el precio del mercado, esto equivale a una expropiación que las empresas previsiblemente recurrirán ante los tribunales, pidiendo una compensación. Además, esa expropiación ahuyentará a los inversores en instalaciones alimentadas con energías renovables, ya que anticiparán que el Gobierno también acabe obligándoles a ellos a vender a un precio regulado. Segundo, al no poder disponer ya de la producción de esas centrales, las empresas eléctricas no tendrán más alternativa que rescindir contratos con consumidores con los cuales haya firmado acuerdos de precio fijo a largo plazo. Y tercero, esos contratos corren el peligro de distorsionar el funcionamiento de estas centrales y, si los ingresos de las empresas dependen de los costes que tengan, las empresas tendrán incentivos a exagerar sus costes y las inversiones necesarias. El resultado será un sistema ineficiente y un mayor coste de suministro, en perjuicio de los consumidores.
El tercer pilar de la propuesta del Gobierno consiste en flexibilizar los criterios para la adopción y diseño de mecanismos de capacidad, para garantizar la disponibilidad de algunas instalaciones (gas, carbón, almacenamiento) y demanda flexible. Pero la Comisión Europea ya permite adoptar esos mecanismos si son necesarios, por lo que lo que reclama Gobierno es, en realidad, poder firmar contratos con estas instalaciones sin la supervisión de la Comisión Europea. No está claro si es porque el Gobierno considera que la Comisión Europea no sabe hacer su trabajo, o si es porque el Gobierno quiere hacer algo que anticipa sería rechazado por la Comisión Europea.
Por último, la propuesta del Gobierno consiste en celebrar contratos de largo plazo con todas las centrales de generación, erigiéndose así en un comprador único para toda la electricidad producida en España. Eso supondrá el fin de la actividad de comercialización porque los comercializadores del mercado libre no podrán adquirir contratos a plazo para ofrecer contratos de precio fijo a sus clientes. Los consumidores solo podremos contratar la electricidad del monopolista que designe el Gobierno y en las condiciones que se nos impongan. El Gobierno es, sin duda, consciente de esto, y por ello omite cualquier mención a las implicaciones de su propuesta para la actividad de comercialización.
Esta vuelta a un sector eléctrico regulado e intervenido implica una menor capacidad de elección y mayores costes y, por eso, sería perjudicial para los consumidores. Es por ello que tanto los técnicos de la Comisión como los reguladores europeos se han posicionado en contra de una reforma del mercado como la planteada por el Gobierno español.
Oscar Arnedillo Blanco/ Jorge Sanz Oliva son Director Gerente/ Director Asociado de Nera Economic Consulting
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