Una muerte digna para Garoña
Iberdrola quiere cerrarla, pero solo tiene el 50%. Industria debría tomar cartas en el asunto, sostienen en el CSN
Sea cual sea el desenlace de la central nuclear de Santa María de Garoña, su historia, y no solo su final, ya puede calificarse de disparate. Propiedad al 50% de Endesa e Iberdrola, que comparten a través de Nuclenor, es la única planta atómica (probablemente en todo el mundo) que ha tenido dos procedimientos contradictorios abiertos por el supervisor nuclear: uno, para ampliar su vida hasta los 60 años (en 2031) y, otro, para su cierre.
Los propietarios pararon Garoña en diciembre de 2012 para evitar pagar los nuevos impuestos del Gobierno de Mariano Rajoy que gravaban los residuos (el grado de radiactividad de las barras de combustible al ser sacadas de las piscinas) desde el 1 de enero de 2013. Para ello argumentaron que a mediados de ese año, solo seis meses después, terminaba su vida útil, fijada hasta ahora en 40 años, y que no sabían si conseguirían una nueva prórroga. La antigua Comisión Nacional de la Energía (CNE) impuso a Nuclenor una multa superior a los 18 millones de euros e instó el proceso para su desmantelamiento (la ley impide el cierre de ningún tipo de central eléctrica sin el consentimiento previo de los reguladores y del operador del sistema, REE).
Posteriormente, a mediados de 2014, la sociedad solicitó una prórroga, no solo de 10 años, sino hasta los 60. Y el Gobierno del Partido Popular, abiertamente pronuclear, aceptó la petición y pasó la pelota al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). Por negligencias administrativas de las partes, la licencia había caducado realmente, y el Gobierno cambió la ley para permitir la petición de prórrogas a aquellas centrales con la licencia caducada sin que ello se hubiese debido a razones de seguridad, sino económicas.
El último capítulo del culebrón del cierre de una central cuyos propietarios han intentado evitar por todos los medios (aunque tampoco la quieren reabrir a cualquier precio) lo ha protagonizado el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán. Cuando el CSN está a punto de terminar el informe sobre la viabilidad que el Ministerio de Industria le requirió en 2014, hace poco más de una semana, Galán, unilateralmente y para sorpresa de muchos, se comprometió ante los sindicatos cerrarla. Iberdrola no desmintió el contenido de una reunión entre su presidente y los representantes de los trabajadores de la empresa, que tuvo lugar un día antes de la junta celebrada en Bilbao.
Tanto esta decisión (sorprendente después de la cruzada antes descrita) como su manera de comunicarla, han sido consideradas una deslealtad por parte de su socio, Endesa, que prefiere esperar a ver los requerimientos de inversión del CSN. Aunque ambas eléctricas puedan tener una idea de las exigencias del CSN para que Garoña pueda reabrir, estas no se conocen aún, por lo que las “razones económicas” que esgrime Iberdrola no resultan muy convincentes, pues estas servían también hace un año o dos, cuando Ignacio Galán aún defendía Garoña a capa y espada. El cambio de posición se atribuye a las presiones que está recibiendo en el País Vasco, no solo políticas (es patente la oposición de la Diputación Foral de Álava, y del PP de esta provincia), sino sociales y sindicales. El propio sindicato ELA, encargado de comunicar la decisión de Galán, le ha exigido públicamente su cierre y un plan de recolocación de la plantilla de la central burgalesa, que ya estaría diseñado.
Una eléctrica antinuclear
Hay quien, sin embargo, defiende que el discurso del presidente de Iberdrola es coherente, pues no solo habla del cierre de Garoña, sino que sostiene que, en general, la energía atómica ya no tiene futuro. Y alega para ello razones de tipo económico. No tanto los coyunturales (en España, por primera vez, las nucleares están modulando su producción en fines de semana por falta de rentabilidad, debido a la caída de los precios energéticos), como las de tipo impositivo. ¿Nuevas presiones contra la fiscalidad que grava esta tecnología? Una interrogante que se plantean los que siempre han criticado que los socios de Nuclenor hayan utilizado Santa María de Garoña como una moneda de cambio. ¿O es que finalmente han desaparecido los llamados beneficios llovidos del cielo o windfall profit que se atribuían a la nuclear y la hidráulica?
No se descarta tampoco un doble juego de Iberdrola: propone el cierre ante quienes le presionan y lo hace en vísperas del dictamen del Consejo, que podría resultar favorable a la ampliación a 60 años, lo que afectaría al resto del parque.
En el CSN hay quienes exigen al Ministerio de Industria que se pronuncie ante lo que califican de “frivolidad”. Si los propietarios de Garoña no tienen intención de reabrir la central (al parecer, la última palabra la tienen Endesa e Iberdrola), “no tiene sentido que los técnicos del Consejo sigan trabajando. En los dos últimos años se han invertido miles y miles de horas con dinero público en los informes de Garoña”, aseguran. Además, en el que ahora trabajan es trascendental, pues es el primero en el que se analiza la prórroga de una planta hasta los 60 años. Un antecedente clave para el resto del parque nuclear español, que cumplirá los 40 años en la década de los 20 (la próxima, Almaraz). O “un efecto simbólico o ejemplarizante” que supone la malhadada Garoña.
La polémica, en este sentido ha llegado en el peor momento, con la renuncia del ministro de Industria en funciones, José Manuel Soria. Es dudoso que su sustituto, Luis de Guindos, esté dispuesto a tomar alguna decisión.
La sociedad tiene previsto celebrar próximamente un consejo en el que las dos grandes eléctricas debatirán sobre la cuestión. Quizá su fecha se alargue para dar tiempo al Consejo de Seguridad Nuclear a dar una respuesta al respecto. Sobre la posibilidad de que Iberdrola venda su participación a Endesa (y que esta compre) o a un tercero, nadie sabe ni contesta.
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