Las grandes eléctricas firman un pacto con Enresa para el desmantelamiento nuclear

Endesa, Iberdrola, Naturgy y EDP aceptan por escrito el plan de cierre, a cambio de que la tasa de residuos no suba más del 20%, hasta 7,9 euros MWh

Las grandes eléctricas firman un pacto con Enresa para el desmantelamiento nuclear pulsa en la foto

Las empresas titulares del parque nuclear español, Endesa, Iberdrola, Naturgy, EDP España y Nuclenor (propietaria de la central de Garoña, participada al 50% por las dos primeras) tienen previsto firmar mañana con la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) un documento vinculante sobre el desmantelamiento de dicho parque. Tras el pacto verbal al que llegaron las tres grandes eléctricas el mes pasado con la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, para el cierre escalonado de las siete centrales en funcionamiento, quedaba pendiente negociar con Enresa el calendario y el coste total del plan. Las centrales cerrarán por orden de antigüedad con una vida media de 45,5 años.

 El objetivo de la negociación era afinar un calendario de clausura para evitar incrementar (o no demasiado) la tasa que las eléctricas pagan para la gestión de los residuos radiactivos y el desmantelamiento de las que se ocupa Enresa. En estos momentos, dicha tasa es de 6,64 euros por MWh nuclear producido.

Para un plan de cierre que comenzará en 2027, con Almaraz I, y terminará en septiembre de 2035, con la clausura de Trilllo, se plantea subir la tasa un máximo del 20%, hasta 7,9 euros/MWh, según fuentes conocedoras del proceso. Algo que las empresas consideran razonable teniendo en cuenta que cerrar las plantas a los 40 años de vida útil habría obligado casi duplicarla.

En estos momentos, los fondos de Enresa suman algo más de 5.000 millones de euros (4.350 millones correspondientes a la citada tasa y casi 600 millones recaudados en los peajes eléctricos, un 0,001%). Se calcula que esta cantidad debe llegar a los 14.000 millones para cubrir los costes del desmantelamiento y la gestión de los desechos, incluida la construcción de Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos y las ya desmanteladas.

Teniendo en cuenta que el parque atómico produce anualmente casi 60.000 GWh (un 22% del total de la electricidad generada), la recaudación actual de Enresa es de casi 400 millones de euros, que se convertirán en 534 millones con la subida propuesta. Hasta dentro de nueve años en que se cerraría el primer grupo de Almaraz, estos ingresos se mantendrían y ya a partir de 2030, año en que el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) prevé dar carpetazo a cuatro instalaciones (más de 4.000 MW), los fondos a recaudar serían ya menos de la mitad.

Discrepancias

La negociación a seis bandas se cerró la semana pasada y, de hecho, el memorando estaba listo para su firma el viernes. El retraso se ha debido a discrepancias entre Endesa y el bloque Iberdrola/Naturgy, según desvelan fuentes del sector. La primera quiere evitar la trampa de que sus rivales, con las que comparte varias instalaciones, pidan las autorizaciones de prórroga de la explotación poniendo condiciones insalvables que pongan en riesgo el plan.

Además, plantea algunos matices: que el calendario de cierre sirva fundamentalmente de encaje para el nuevo Plan Nacional de Residuos Radiactivos, que elabora Enresa, y que se especifique que las centrales nucleares “no se cerrarán nunca antes de las fechas que fija el calendario”, pero no necesariamente en dichas fechas.

De esta manera, la eléctrica que dirige José Bogas pide una cierta flexibilidad para evitar problemas en el sistema eléctrico. En este sentido argumenta, en línea con el Gobierno, que para abordar el apagón nuclear “hay que tener ner en cuenta la capacidad técnica y económica del sistema para el desmantelamiento simultáneo de varias centrales”.

Respecto a la validez del acuerdo entre Enresa y las grandes del sector las opiniones están divididas. Hay quien considera que será papel mojado si otro futuro Gobierno decide invalidarlo y quien, por el contrario, piensa que al llevar el marchamo de las empresas titulares será complicado no respetarlo. Al fin y al cabo, las eléctricas tienen en su mano la decisión de solicitar o no la prórroga de explotación de las plantas.

Además, a la vista de las discrepancias entre ellas (Endesa, es partidaria de que funcionen más allá de los 40 años, mientras Iberdrola y Naturgy prefieren su cierre a esa edad, pero están obligadas a tomar decisiones por unanimidad en las centrales que comparten), el acuerdo es “una buena herencia para cualquier Gobierno, que haría mal en invalidarlo”, señalan en el sector.

Si de las urnas sale un Gobierno pronuclear, siempre podrá argumentar que el plan de cierre es a largo plazo: tras la parada de los dos grupos de Almaraz (en 2027 y 2028), se producirán los de Ascó I y Cofrentes y, ya en la década de los 30, los de Ascó II, Vandellós II y Trillo. Si, por el contrario, es un Ejecutivo antinuclear tampoco tendrá las manos libres para adelantar el apagón porque los fondos de Enresa serían insuficientes para un desmantelamiento en bloque. Además, el sistema eléctrico se resentiría, pues a los cierres acelerados de las centrales de carbón, se sumaría el de una tecnología que cubre un 22% de la demanda.

De momento, las titulares de Almaraz I (las tres grandes eléctricas) deben solicitar antes del 31 de marzo la prórroga de su explotación, en este caso, y si se respeta el calendario, hasta 2027. Una decisión que se prevé adoptar en la asamblea de socios que está prevista para el próximo día 12. Ha sido la urgencia de tomar una decisión sobre la central cacereña la que ha forzado los acuerdos entre las empresas, el ministerio y Enresa.

 

La sombra del CSN planea sobre el acuerdo

El pacto entre las tres grandes eléctricas y la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, y el de aquellas, EDP y Nuclenor (dueña de la central de Garoña, que aún no ha iniciado su desmantelamiento) con Enresa tiene un punto débil, según fuentes empresariales. Aceptado el calendario para cerrar las plantas más allá de los 40 años y más acá de los 50 (una media de 45,5 años) y que la tasa de residuos no suba más de un 20% queda la incógnita de las inversiones que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) podría imponer a las centrales después de los 40.

La decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de renovar por decreto el CSN, tras la negativa del Partido Popular de pactar el relevo de cuatro de los cinco consejeros que han cumplido su mandato, se podría considerar la guinda que complete el plan de cierre de las nucleares. El PSOE tendrá mayoría, tres representantes, frente a uno de Podemos y el vocal del PP con el mandato vigente. El nuevo consejo se constituirá el próximo día 18.

Seguridad. Sin embargo, dado que el cometido del CSN es velar por la seguridad de las centrales, de poco servirá el color político de sus consejeros si los técnicos imponen mejoras en las instalaciones para preservarla. Iberdrola y Naturgy no quieren oir hablar de nuevas inversiones en centrales que amortizan contablemente a los 40 años, frente a los 50 de Endesa.

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