El sector energético pide a Feijóo que el tributo grave el beneficio y no la facturación
Aelec, la patronal de las grandes eléctricas, ha recurrido el impuesto y pide que se aplique al gas y al crudo como en la UE
Empresas y patronales del sector de la energía se mostraron ayer cautas ante el mensaje lanzado por el lider de la oposición, Alberto Nuñez Feijóo, en una entrevista en el diario Financial Times sobre una posible modificación del nuevo tributo que grava a las empresas energéticas desde principios de año.
Este impuesto, que grava el 1,2% sobre el importe de la cifra de negocio de las compañías del ramo energético que facturasen más de 1.000 millones en 2019, suscitó el rechazo de la mayoría de empresas del sector y condujo a Aelec, la asociación que aglutina a las las grandes eléctricas (Iberdrola, Endesa o EDP), a recurrir ante la Audiencia Nacional la orden ministerial que desarrolla el polémico impuesto. Una posición que no ha sufrido cambios en ese tiempo. “Se ha implantado un gravamen energético que no está alineado con la normativa europea, pues grava los ingresos de las empresas, mientras que la contribución solidaria del Reglamento recae sobre los beneficios extraordinarios. Además, es inconsistente con la normativa europea porque afecta a todas las empresas energéticas, mientras que la contribución solidaria europea grava únicamente a las empresas de petróleo, carbón y gas”, subrayaron fuentes de Aelec. La petrolera Repsol también recurrió el tributo, que tendrá un coste de 450 millones de euros en sus arcas en 2023.
Fuentes empresariales consultadas por Cinco Días subrayan que las declaraciones de Feijoo irán en el buen camino si se logra equiparar el tributo español al europeo, que se aplica sobre el beneficio, lo que reduciría sustancialmente la factura que tienen que asumir las empresas. Desde Sedigas, la patronal que engloba a las grandes gasistas, aseguran que cualquier gravamen debe atender a criterios rigurosos de planificación y prudencia fiscal. “El Ejecutivo, independientemente de su color político, debe hacer prevalecer la seguridad jurídica y la credibilidad de nuestro país ante la comunidad inversora, así como incentivar las inversiones favorecedoras de la descarbonización, algo en lo que Sedigas ya incidió cuando se dio a conocer este impuesto extraordinario en 2022. Y, en todo caso, estar alineado en su diseño con las directrices europeas para que todos los actores empresariales puedan jugar con las mismas reglas y no se produzcan efectos indeseados en (el mercado) en términos de competencia”.
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