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Celsa advierte del “desastre” si los fondos se hacen con el control de la compañía

Los acreedores aseguran ante el juez de lo Mercantil número 2 de Barcelona que lo único que cambiaría es la cúpula de la compañía

Celsa
Oficinas de Celsa.efe

Primer día de juicio sobre el plan de reestructuración de deuda del Grupo Celsa. La compañía y los fondos acreedores se han visto las caras este lunes en el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Barcelona, que ha iniciado la vista oral sobre la homologación del plan ‘b’ que presentaron los fondos, que estrenaron la nueva ley concursal -en vigor desde septiembre del año pasado-, para hacerse con el control de la siderúrgica.

El juez Álvaro Lobato ha escuchado en la primera sesión a los representantes de Celsa y a los acreedores, entre los que se encuentran SPV Global, Sculptor Investment, Anchorage Capital y Deutsche Bank, quienes han mostrado una visión muy diferente de lo que pasaría si los fondos terminan haciéndose con el liderazgo de la compañía, fundada en 1967 por la familia Rubiralta, que en 2022 facturó 6.084 millones de euros, pero que tiene una deuda superior a los 3.000 millones de euros. La actual cúpula de la compañía vaticina el “desastre” si pierde el control de la siderúrgica. Por su parte, los fondos aseguran que lo único que cambiaría sería el consejo de administración.

Según el vicepresidente de Celsa, Francesc Mesegué, si se aprueba la reestructuración planteada por los fondos, la empresa entraría “en una incertidumbre” que la llevaría al “desastre”. Así lo ha manifestado durante su declaración en la primera sesión del juicio, en la que además ha afirmado que trabajar con los fondos “da miedo” porque, en su opinión, quebraría la “confianza” entablada con los proveedores. En esta línea, ha destacado que la continuidad del grupo no está asegurada bajo la dirección de los fondos, ya que la intención de estos, según ha indicado, es vender activos en cuanto les esa posible.

También ha comparecido el consejero independiente de Celsa Xavier Pujol, que ha ofrecido una visión muy similar a la de Mesegué, al destacar que el plan de reestructuración presentado es “perjudicial” para la compañía, ya que los fondos ni siquiera conocer “el plan de negocio” previsto para los próximos 10 años.

Convertir el pasivo en acciones

Sin embargo, para los fondos acreedores el futuro y la viabilidad de la empresa pasa por obtener el control de su funcionamiento. El plan presentado tras la pérdida de confianza en la gestión de la familia Rubiralta establece que se conviertan 1.291 millones de pasivo en el 100% de las acciones de la compañía catalana.

Durante la vista oral, los fondos han tratado de rebajar el temor sembrado por Celsa y han asegurado que su intención no es vender la compañía a un tercero, así como mantener el plan industrial. “La intención es mantener los puestos de trabajo y las condiciones”, ha dicho el representante de SPV Global, que ha anunciado la implantación de un nuevo consejo de administración de Celsa, si finalmente la sentencia es favorable a la pretensión de los fondos.

La vista oral, que se prolongará durante toda esta semana y hasta el próximo 11 de julio, cuando se presentarán las conclusiones, llega después de intensas negociaciones entre ambas partes del proceso sin alcanzar un acuerdo. El experto independiente de la firma Lexaudit, nombrado por el juez para tasar el grupo industrial y que ha ejercido la mediación en el proceso, valoró la siderúrgica entre 1.800 y 2.800 millones de euros. Los fondos se apoyan en esta cifra, que está muy inferior la presentada por la familia Rubiralta, que estimó la empresa en 6.000 millones de euros.

Antes de la celebración del juicio, l a familia fundadora de la siderúrgica ha tratado de paralizar este procedimiento de homologación, por lo que instó al titular del Juzgado de lo Mercantil número 2 de Barcelona, Álvaro Lobato, el planteamiento de dos cuestiones prejudiciales ante Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), y otras dos cuestiones de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, para aclarar si un plan de reestructuración se puede aprobar sin el visto bueno del deudor. El magistrado rechazó estas peticiones.

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