Fondo SEPI

El Gobierno prepara su rechazo a Abengoa mientras aprueba el rescate de Celsa

La empresa de ingeniería se ve abocada al concurso Celsa deberá pactar con los acreedores

La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño; la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno Isabel Rodríguez y la ministra de Igualdad, Irene Montero
La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño; la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno Isabel Rodríguez y la ministra de Igualdad, Irene Montero EFE

Cara y cruz de la SEPI para dos grandes grupos industriales españoles. Si ayer el Consejo de Ministros daba la luz verde definitiva a la operación de salvamento de Celsa, el organismo público ya ha decidido que dirá no a las alegaciones presentadas por Abengoa. Esto abocará al grupo de ingeniería a solicitar esta misma semana el mayor concurso de acreedores de la historia de España, con 6.000 millones de deuda y 5.000 empleados.

Con un grupo de trabajadores de Abengoa atrincherados en la sede de la SEPI desde el martes pasado –salieron de las instalaciones ayer–, el organismo decidió rechazar provisionalmente la petición de 249 millones de dinero público. Aludía a varios pleitos legales que arrastra la compañía y que condicionaban la devolución de los fondos. Abrió, eso sí, un plazo de cinco días para que la compañía presentase alegaciones.

Dos días después, Abengoa presentó sus alegaciones a la SEPI, que ha estudiado en los últimos días. Según fuentes del mercado, el organismo ya ha decidido que mantendrá su decisión: Abengoa no cumple los criterios para ser rescatada. Está previsto que adopte esta decisión de manera oficial y la comunique a la compañía antes del 30 de junio, la fecha en la que termina el plazo para poder utilizar ese dinero público.

El problema está en que toda la operación de salvamento de la compañía andaluza depende de la participación del dinero público. El fondo californiano Terramar está dispuesto a inyectar 200 millones, pero siempre que participe también la SEPI y la banca, con la concesión de 300 millones en avales públicos.

Esta negativa aboca a que Abenewco, la filial de Abengoa que agrupa todos sus activos operativos, declare concurso de acreedores el mismo 1 de julio, el día en que expirará la actual moratoria concursal. En esa fecha también vence la oferta de Terramar y la bula de los bancos para postergar el vencimiento de la deuda. La matriz del grupo, Abengoa SA, lleva en concurso desde febrero de 2021. Y también el 1 de julio termina el plazo para que presente un convenio al juez, que deberá ser aceptado por los acreedores en los dos meses siguientes. En caso contrario, esta sociedad, que apenas tiene unas pocas acciones sobre Abenewco, entraría en liquidación.

El presidente de la matriz y miembro del grupo de accionistas que se oponen al acuerdo con los acreedores, Clemente Fernández, ha dicho que hay que trabajar en una nueva estructura para salvaguardar las unidades de negocio, que pasarían por llevar a concursos y preconcursos de acreedores a partes de la compañía. Además, pidió dos meses a la justicia para evitar la liquidación.

Celsa y otros rescates

Paralelamente, el Consejo de Ministros dio ayer luz verde a los últimos rescates realizados con el fondo de la SEPI. Concretamente, dio luz verde a las operaciones de salvamento de Celsa, Isastur, Vivanta, Imasa, Meeting Point y BlueSea, en las que invertirá un total de 721 millones. De entre todos ellos destaca la operación de la siderúrgica Celsa, por ser la mayor operación que realiza este fondo. La compañía industrial catalana solicitó al Gobierno 550 millones, pero este desembolso estaba condicionado a que la empresa, controlada por la familia catalana Rubiralta, redujese en 1.000 millones su deuda, que alcanza los 2.300 millones.

La SEPI acepta que se destinen 400 millones de su ayuda –los otros 150 millones irán a financiar el nuevo plan estratégico– a repagar deuda y exige una ampliación de capital de 50 millones para este fin. El rescate está pendiente de que la compañía y los fondos acuerden cómo reducir la deuda.

La familia tiene como línea roja no ceder capital a sus acreedores, en su mayoría fondos de deuda y bancos de inversión y cuyo primer planteamiento pasaba por convertir parte del pasivo en capital. Los Rubiralta acusaron a estos inversores de haber adquirido la deuda a precio de derribo y proponen una fuerte quita. Los fondos reclamaron la creación de un instrumento en Luxemburgo para poder beneficiarse de los derechos económicos que generase la compañía cuando devuelva el dinero público. En su última propuesta reclaman quedarse con el 75% del capital.

SEPI cierra el fondo de rescate con 29 salvamentos

  • Ayudas. El Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, gestionado por la SEPI, cerrará su labor este jueves con 6.744,4 millones de euros sin gastar, el 67,4% de su dotación inicial de 10.000 millones, según los cálculos elaborados por Efe. En sus casi dos años de vida, el fondo ha concedido ayudas a 30 empresas, gran parte de ellas del sector de turismo y transportes, por más de 3.255,6 millones.
  • Últimas operaciones. Junto a Celsa, entre las últimas operaciones de rescate aprobadas figuran las de las ingenierías asturianas Isastur e Imasa, así como la cadena de clínicas dentales Vivanta, que había solicitado 40 millones, y las compañías turísticas Meeting Point y BlueSea. La cadena BlueSea Hotels, propiedad del fondo de capital riesgo Portobello Capital desde 2017, está integrada por 25 hoteles y ha solicitado 40 millones de euros. Por su parte, Meeting Point Hotels Spain tiene sede en Maspalomas y opera más de 20 activos en España, todos ellos en Canarias, y pertenece al grupo alemán FTI. Isastur ha solicitado otros 40 millones.
Normas
Entra en El País para participar